El Gobierno de Navarra ha solicitado al Tribunal Supremo una aclaración de la sentencia que anuló el traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral. En concreto, piden que se les informe si la sentencia anula el conjunto de la transferencia, incluidas las siete funciones que ya se habían traspasado y que ya ejerce Navarra, o únicamente la cuestión a la que los magistrados hacen referencia en la sentencia: la vigilancia de las carreteras, ahora compartida con la Guardia Civil.
El acuerdo que firmaron el año pasado los gobiernos central y de Navarra para el traspaso de Tráfico incluía un calendario de asunción de competencias que culminaba en el 2027, fecha en la que la Guardia Civil dejaría de operar en las carreteras de la comunidad foral. Parte de esas funciones y servicios ya se habían transferido a Navarra, que ahora pide al Supremo que le diga si tiene que devolverlas.
En concreto son siete servicios ya transferidos: el cobro de las tasas; autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento; inspección de autoescuelas; autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet; campañas divulgativas de seguridad vial; autorización de eventos con vehículos históricos; y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras. Todas ellas son cuestiones “administrativas”, ha señalado la portavoz del Gobierno y consejera de Interior, Amparo López, y que seguirá gestionando Navarra hasta que el Supremo no diga lo contrario.
López también ha apuntado que el Ejecutivo foral seguirá trabajando en el proceso sancionador, la gestión de las multas, cuya gestión se había previsto traspasar a Navarra en 2025. “Ya teníamos preparadas las licitaciones, tenemos definido cuál podría ser el modelo”, ha añadido la consejera.
Mientras esperan a que el Supremo les aclare si la sentencia anula toda la transferencia o solo la parte de la gestión de las carreteras, el Gobierno de María Chivite continúa trabajando de manera conjunta con el Ejecutivo central para buscar una nueva fórmula que permita fijar el traspaso de las competencias de Tráfico en exclusiva.
Para ello existen dos vías: la reforma de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas; o mediante la aprobación de una ley orgánica 'ad hoc' en la Cortes Generales. Ambos escenarios obligarán a alargar los plazos fijados por ambos gobiernos cuando firmaron en 2023 el traspaso.
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