El Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) trabaja ya en la elaboración de un mapa de zonas “especialmente” tensionadas para poder aplicar la Ley de Vivienda y limitar el precio de los alquileres.
La presidenta navarra, María Chivite, se ha reunido con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para trasladarle que el Ejecutivo foral está recogiendo datos para conocer el precio real de los alquileres a través de un registro oficial. Serán estos datos los que permitirán, “a la mayor brevedad posible”, elaborar un mapa de zonas tensionadas. De hecho, este es un compromiso incluido dentro del acuerdo que firmaron los partidos que sustentan el Gobierno navarro para investir a Chivite.
Recientemente, el nuevo Gobierno municipal de Pamplona, liderado por EH Bildu, presentó un plan de vivienda que incluye, entre otros puntos, la solicitud al Ministerio de zona residencial tensionada para poder topar los alquileres, que se encuentran en “máximos históricos”, según alertó el propio Consistorio.
En el encuentro Chivite y la ministra Isabel Rodríguez también hablaron sobre la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte de Navarra que, junto a Euskadi, “han sido las únicas capaces de ejecutar la totalidad de los fondos que se les habían asignado”, según ha informado el Ejecutivo foral. En el caso de Navarra, estos fondos incluían dos programas: una línea de 5.000 millones de euros destinados a rehabilitación y una segunda línea de 1.000 millones de euros para obra nueva de alquiler asequible.
Según añaden desde el Ejecutivo foral, el Ministerio de Vivienda se plantea la posibilidad de destinar parte de los remanentes de los importes no ejecutados por el resto de comunidades a la financiación de actuaciones en los territorios que sí han cumplido. En el caso de Navarra, y en materia de rehabilitación, “esa financiación adicional serviría para poder atender todas las solicitudes que se han presentado desde junio de 2023 (fecha en la que se agotaron los fondos europeos) hasta final de año”, apostillan.
En lo que respecta a la construcción de obra nueva para alquiler social, la Presidenta Chivite ha transmitido a la ministra Rodríguez que el Ejecutivo foral comparte los objetivos del Ministerio en cuanto a la necesidad de incrementar de forma importante el parque de vivienda pública asequible. Los remanentes no ejecutados por otras comunidades supondrían una inyección suplementaria de 21,8 millones de euros, “lo que facilitaría abordar la construcción de una segunda fase del plan Navarra Social Housing con 1350 viviendas”. Actualmente se sigue desarrollando la primera fase del plan, que prevé un total de 1095 viviendas.
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