La comisión de expertos que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica en Navarra, que se creó bajo el amparo de una ley que es pionera es España, ha otorgado la condición de víctimas a seis personas que vieron vulnerados sus derechos y su libertad en la infancia.
Tras analizar sus casos, escuchar su relato, cotejar datos y solicitar archivos eclesiásticos y académicos, además de analizar la coherencia de su denuncia, la comisión ha determinado en estas primeras seis solicitudes que son merecedoras del reconocimiento oficial como víctimas. En los próximos días, esta misma comisión reconocerá a otras 19 víctimas que lo han solicitado.
José Luis Pérez, de 59 años, que sufrió abusos durante su infancia cuando fue alumno interno en el centro escolar Padres Reparadores de Puente la Reina-Gares junto a uno de sus hermanos, es una esas primeras seis personas a las que el Gobierno de Navarra ha otorgado el reconocimiento oficial como víctimas. “Mi familia me ha ayudado muchísimo porque ha sido un proceso duro, pero la sensación del reconocimiento es maravillosa. La comisión lo ha hecho muy bien y de su parte hemos recibido apoyo, cariño y comprensión. Ha sido fácil y no ha habido ninguna presión para hablar de nuevo sobre lo ocurrido, porque hablar de aquello es terrible siempre. De niño no sabes lo que está pasando, no tienes conciencia de si es algo sexual o no. Y de adulto, con los años me fui dando cuenta de que a ese niño que fui se lo cargaron. De alguna manera, mataron esa inocencia y esa infancia. Por eso, es importantísimo lo que ha hecho el Gobierno de Navarra, es un referente en todo el país lo que han hecho en contra de la pederastia y yo estoy muy agradecido”, explica emocionado Pérez al saber que en pocos días recibirá en su casa la notificación que le certifica como víctima oficial.
Para Ana Luisa Anaut, de 67 años, ser reconocida como víctima de abusos en la infancia “ha sido liberador, y una gran alegría, a pesar del dolor que supone rememorar aquello”. Ana Luisa conoció el trabajo de la comisión y de la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno de Navarra a través de la prensa y decidió acercarse a contar su caso. “Nunca se lo había contado a nadie, casi ni en mi propia familia, pero era un dolor muy grande que tenía guardado y necesitaba quitarme este peso de encima, además somos muy pocas mujeres las que aparecemos en estos casos y estoy convencida de que habrá más. De hecho, una amiga mía que ya murió también sé que padeció los mismos abusos que yo”, relata Anaut que sufrió abusos sexuales cuando era niña por parte del reverendo coadjutor –el eclesiástico destinado a ayudar al párroco en el servicio religioso– en su pueblo, en Isaba / Izaba. Y que posteriormente fue trasladado a otra localidad, aparentemente tras conocerse los hechos.
“Aún hay gente que no se cree esto, hemos sufrido mucha incomprensión, pero yo a todas esas personas les dejaba mis zapatos. No es fácil vivir lo que vivimos ni contar todo lo que ocurrió. Es abrir las puertas de tu casa, de tu familia, de tu intimidad, de cómo estaba entonces tu familia y eso no es fácil. Y lo peor es que la gente se crea con derecho a juzgarte o a opinar sobre todo eso, son hechos muy graves y merecemos respeto y reparación del dolor”, explica José Luis Pérez.
“El proceso con la comisión ha sido muy fácil y me han acompañado en todo momento, muchas veces dudé en la necesidad o no de animarme a denunciar e iniciar este proceso, pero sin duda se lo recomendaría a otras personas. A mí me ha ayudado y me siento reconocida”, explica Ana Luisa.
Tanto Ana Luisa como José Luis forman parte de estos primeros seis expedientes tramitados por la comisión de reconocimiento, pero actualmente ya hay 25 expedientes tramitados, los seis que se han aprobado y han sido resueltos favorablemente y otros 19 en curso, a los que se les dará salida en las próximas semanas.
Uno de esos casos que serán revisados por la comisión en próximas fechas es el de Marcos Leyún, de 74 años, actual presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra. Para él el reconocimiento es clave. “Para nosotros el reconocimiento como víctimas es fundamental para recuperar parte de la dignidad que nos quitaron cuando abusaron de nosotros cuando éramos niños”, explica Leyún. “Aquí, por fortuna, el Gobierno de Navarra nos ha permitido tener un servicio de apoyo psicológico, que nos ha aliviado muchísimo a la gente que hemos sufrido este tipo de abusos”, añade.
“A menudo piensas que lo tienes superado, pero no. Cuando uno denuncia esto, al principio tendrá mucho miedo es lógico, mucha gente no se atreve, pero yo lo recomendaría. La primera liberación que tiene uno es cuando denuncia. Uno recupera la seguridad que tiene en sí mismo, que es una de las primeras cosas que se vulneran cuando sufres abusos”, incide Leyún, que padeció tocamientos por parte de un religioso cuando tenía 9 años en el colegio Santa María la Real de los hermanos Maristas.
“Por ejemplo, a mí y a otros compañeros nos pasaba al principio cuando comenzamos a hablar de este asunto en entrevistas o apariciones públicas que no queríamos dar nuestro nombre real, salíamos de espaldas y sin mostrar la cara, hasta que nos dimos cuenta de algo fundamental: nosotros no tenemos que tener vergüenza de lo que nos pasó, los que tienen que tener vergüenza de lo que nos pasó son quienes nos lo hicieron”, detalla el presidente de esta asociación de víctimas.
Además, de estos 25 expedientes tramitados, hay otras 48 solicitudes pendientes que se irán resolviendo poco a poco por la comisión formada por el historiador Mikel Lizarraga y el psicólogo Josean Echauri, ambos elegidos por los representantes de las asociaciones de víctimas de abusos; la historiadora Esther Aldave y la criminóloga Ana Carmona que han sido propuestas por el Parlamento de Navarra y la docente Camino Bueno y el experto en derechos humanos Mikel Córdoba, a propuesta del Gobierno, junto a Izaskun Gartzaron, responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Ejecutivo foral.
Esta misma comisión sigue teniendo dos puestos vacantes, que son los que la propia ley reservaba a designar por la jerarquía de la Iglesia católica en la Comunidad Foral, puestos que finalmente no han sido cubiertos por la negativa de la jerarquía eclesiástica a participar en la comisión, si bien el Gobierno de Navarra sigue con la mano tendida para que esta se pueda llevar a efecto.
El procedimiento de reconocimiento de las víctimas de abusos en el seno o con ocasión de las actividades realizadas por la Iglesia católica en Navarra se inicia, en primer lugar, por medio de solicitud para el reconocimiento de la condición de víctima que hacen las propias personas afectadas en la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno de Navarra.
Estas solicitudes deben contener una descripción detallada de los hechos y pueden ir acompañadas de cuantos documentos o informes se consideren oportunos, sin perjuicio de las actuaciones y gestiones que pueda realizar la comisión para la documentación y acreditación de estos. Una vez, recibida la solicitud, el órgano competente para la tramitación del expediente, en este caso la Oficina de Atención a las Víctimas, traslada el expediente a la comisión de reconocimiento. Es la propia comisión quien propone, de forma motivada, si se admiten a trámite o no las solicitudes, dentro del plazo máximo de un mes desde la remisión. Una vez admitida se inicia el procedimiento de reconocimiento para declarar o denegar la condición de víctima tras estudiar el caso en particular.
Para solicitar el reconocimiento, las personas que hayan sufrido abusos sexuales en la Iglesia deberán acudir a la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia, que a partir de ahora será la encargada de canalizar todas las solicitudes. Allí, además se les ofrecerá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y administrativo. Se puede contactar con este recurso a través del teléfono 848 42 33 76, el correo ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.
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