Navarra Suma y EH Bildu han rechazado este jueves la modificación de la ley foral de Sanidad Animal de Navarra propuesta por el Gobierno foral, por lo que el apoyo que han dado PSN, Geroa Bai y Podemos a la norma ha sido insuficiente para su aprobación. Izquierda-Ezkerra se ha abstenido. La ley planteaba determinar los tamaños máximos de las explotaciones ganaderas de vacuno (de leche y carne), que no podrían ser superiores a 1.250 UGM (unidades de ganado mayor), con el fin de facilitar la prevención y, en su caso, el control y la erradicación de enfermedades.
La modificación de esta ley llegaba después de que en 2020 la Justicia tumbara el decreto foral por el que el Gobierno de Uxue Barkos limitó las explotaciones ganaderas a 1.250 reses “con el objetivo de mitigar el riesgo de difusión de enfermedades, facilitando la actuación destinada a su control y erradicación en caso de detectarse un foco de enfermedad”. En la sentencia, los magistrados señalaron que no está demostrado que limitar el número de reses evite la difusión de enfermedades y mejore la salud de los animales, y además sostuvieron que la norma iba en contra del libre mercado y de la libertad de las empresas.
La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, Itziar Gómez, ha destacado en el Parlamento en defensa de la ley que Navarra era “la única Comunidad que ha establecido tamaños máximos de explotaciones ganaderas para todas las especies”. “Es necesario proteger el territorio frente al modelo de explotación de macrogranjas, fundamentalmente por el impacto socioeconómico y de sanidad animal que genera. Además de las medioambientales, sus consecuencias pueden ser graves no solo para el sector, sino también para el desarrollo rural y para el territorial”, ha asegurado.
Además, ha recordado que este jueves tiene lugar una tractorada convocada por UAGN, EHNE y UCAN en protesta por la situación del sector primario, ante lo que Gómez ha señalado que esta ley era “una medida de respaldo al modelo de explotación ganadera, familiar profesional, por la que apuestan el Gobierno, el sector y la unanimidad política de la Cámara”.
El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha afirmado que las limitaciones que se proponían la ley para las explotaciones “atentan contra los principios de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el Tratado de la Unión Europea”. “Por lo tanto, Navarra Suma no puede apoyar una modificación que en cuanto alguien la recurra en los tribunales tiene riesgo de caer”, ha explicado. Por otro lado, ha pedido un plan de choque para el sector “ante el incremento de los costes de producción agraria” y ha reclamado “unos precios justos y que las importaciones cumplan la normativa vigente de la Unión Europea”.
En el PSN, Javier Lecumberri ha respaldado la ley y ha afirmado que detrás de su debate “no podemos obviar el modelo de producción ganadera, que se plantea de forma antagonista entre ganadería extensiva familiar, que es un modelo que el Partido Socialista apoya sin duda, y el modelo de explotación industrial o macrogranja”. “Entre esos dos modelos entendemos que tiene que haber una convivencia ordenada. Ambos modelos son complementarios, son necesarios, incluso se puede dar la situación de una familia que consuma un tipo de carne con un coste y en otro momento dado otro tipo de carne. Por eso esta ley tan importante para regular estas explotaciones”, ha asegurado.
El portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona ha valorado que Navarra es “la primera en regular esta cuestión sin esperar” a lo que haga el Gobierno de España y ha explicado que “lo que estamos haciendo es trasponer un decreto foral que aprobó el Gobierno de Navarra en 2019, que tuvo consenso amplio en el sector y en el ámbito político”, y que fue anulado por la justicia. El parlamentario foral ha destacado que con estas modificaciones se apuesta por un modelo de ganadería “sostenible” y ha rechazado las macrogranjas “por el impacto medioambiental, social, económico y de sanidad ambiental que generan”.
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado su voto en contra porque “el Gobierno debería saber que con nuestro grupo primero se dialoga, después se negocia y en tercer lugar se acuerda, y en esta materia ni siquiera hemos llegado al estado de diálogo”. “Hemos presentado unas enmiendas y fueron rechazadas por completo”, ha lamentado. Ha cuestionado algunos aspectos de la ley y ha afirmado por ejemplo que “Navarra va a ser pionera pero en el sentido más negativo del término, permitiendo explotaciones de ganado porcino por encima de la regla general en el Estado”.
La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que “hemos sido responsables en llegar a un acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios, porque veíamos que era necesario establecer una limitación del tamaño de nuestras explotaciones que, junto a las distancias entre los establecimientos ganaderos, determinará una densidad ganadera que evite la concentración de un gran número de explotaciones”.
Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha señalado que con las modificaciones de la ley se ponía “cierto límite a la ganadería extensiva en la comunidad” y se impedía que “se pueda instalar en Navarra una granja tan enorme como la de Caparroso”. “No obstante, reconociendo este avance, nos abstenemos porque consideramos que se podía haber ido mucho más allá en la limitación del número de animales en cada explotación agraria”, ha considerado.