El relevo de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra se vuelve a retrasar por diferencias económicas con el Estado

El traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra para que la Policía Foral tome el relevo de la Guardia Civil y comience a asumir la gestión de las carreteras navarras en exclusiva acumula un nuevo retraso. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra Javier Remírez, ha apuntado este miércoles que todavía existen diferencias importantes en cuanto al coste económico de la transferencia, cuya firma se había fijado inicialmente para octubre de 2020, pero que desde entonces ha quedado estancada.

“En el ámbito técnico y organizativo la transferencia está ya muy orientada y el acuerdo básicamente cerrado en los aspectos que tienen que ver con la propia gestión de la competencia y sus fases de implementación”, ha señalado el vicepresidente navarro, quien ha reconocido que las posturas entre el Ejecutivo foral y el Estado todavía “no están cercanas” en cuanto a la parte económica se refiere. Esto es, la cifra que Navarra se deberá descontar del canon que aporta anualmente al Estado por los servicios prestados aplicando el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste presupuestado para las labores que realiza la Guardia Civil de Tráfico en la comunidad foral de forma compartida con la Policía Foral.

A este respecto, el Gobierno de María Chivite envió en verano una primera propuesta al Ejecutivo central que fue rechazada, y desde entonces las negociaciones se han quedado estancadas. Tal es así, que a las pocas semanas de anunciar que la Junta de Transferencias para firmar el traspaso se reuniría el 1 de diciembre de 2021, se decidió aplazar hasta el primer trimestre de 2022, fecha que tampoco se cumplirá.

“Nosotros nos debemos a los intereses de la comunidad foral. Nuestra prioridad es asumir esta competencia, pero asumirla en las mejores condiciones posibles”, ha defendido Javier Remírez para justificar el nuevo aplazamiento de la firma del traspaso.

A este nuevo retraso hay que sumar el tiempo que tardará la comunidad foral en ejercer en exclusiva las competencias de Tráfico y Seguridad Vial, para lo que se necesita reforzar el cuerpo de la Policía Foral con al menos 149 agentes, según las primeras estimaciones del departamento de Interior. Tal y como explicó a este periódico la presidenta Chivite, el Gobierno foral se ha fijado un plazo de cinco años en los que la Guardia Civil seguirá compartiendo carreteras con la Policía Foral.

Además de la oferta de plazas públicas de empleo, el Ejecutivo navarro habilitará una pasarela legal para que agentes de Tráfico de la Guardia Civil ya asentados en Navarra puedan seguir ejerciendo sus funciones dentro del cuerpo de la Policía Foral. Se trata de una herramienta recogida en la ley de Policías de Navarra, aprobada en el Parlamento foral en 2018 con los votos de por Geroa Bai, EH Bildu y UPN, por la que se establece que “se podrán habilitar, dentro del marco del órgano bilateral competente y en los términos que disponga la administración competente, los mecanismos necesarios para permitir la integración de funcionarios del Estado que presten ese servicio en la actualidad”.

Para ello se tendrán que resolver algunas diferencias entre ambos cuerpos como el modelo de escala salarial y algunas situaciones particulares como el derecho a una vivienda del que gozan una parte del cuerpo del instituto armado. El Gobierno foral está tratando estas cuestiones con el Ministerio de Interior para garantizar unas condiciones “atractivas” a aquellos agentes que decidan cambiar el verde por el rojo de color de uniforme.