La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Ribaforada por haber engañado a un vecino senegalés para expulsarlo de España. La AEPD recrimina al Consistorio, dirigido entonces por el socialista Jesús María Rodríguez, que ahora es director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, por su “falta de lealtad” en el tratamiento de la información personal de Modou Khadim, que estaba en situación irregular y al que se citó en el Ayuntamiento de manera engañosa para detenerle y expulsarle del país. También recoge que el Ayuntamiento usó de manera ilícita sus datos.
Fue en mayo de 2018 cuando Modou Khadim, natural de Senegal pero residente en España desde hacía más de diez años y vecino por entonces de la localidad navarra de Ribaforada, fue citado en el Ayuntamiento de la localidad “para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento”. No se trataba de una citación real, sino de una trampa, denunció SOS Racismo, ya que cuando acudió al edificio consistorial fue detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, en menos de 48 horas, fue expulsado a su país de origen sin que mediara asistencia jurídica ni ninguna otra actuación.
El caso fue llevado al Defensor del Pueblo, que el año pasado, a través de una resolución, afeó la forma en la que actuó el ayuntamiento. “La citación realizada con un pretexto ficticio, con la finalidad de la detención del interesado para facilitar su expulsión, no es acorde con los principios que regulan la actuación administrativa, ni respeta los derechos con los que cuentan los interesados en cualquiera de los procedimientos administrativos en los que se encuentran explicados”, sentenció el Defensor.
El Defensor también concluyó que el alcalde se extralimitó de sus funciones al facilitar los datos del padrón de Khadim a la Brigada Local de Extranjería de Tudela, que conocía que Modou Khadim tenía una orden de expulsión por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que debía haber obtenido esa información a través del INE, como recoge la ley.
Ahora la AEPD sanciona al Ayuntamiento de Ribaforada porque “se han tratado los datos personales con una finalidad sobre la que no existía más legitimación que la verbal, sin acreditarse la motivación jurídica que sirviera para el tratamiento legítimo de esos datos y esa citación”.
La Agencia destaca que la actuación del Ayuntamiento vulneró el artículo 5.1.a) del Reglamento de Protección de Datos, que recoge que “los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado”. Y continúa: “Debiendo ser la finalidad del tratamiento específica, legítima y expresa, en este caso definida por la ley en los asuntos de gestión del padrón, y no constando que existiera un trámite a cumplimentar por el reclamado en dicho ámbito, se estima que la citación con sus datos personales, aunque fueran los proporcionados por los agentes, es un tratamiento de datos no lícita en la que además concurre falta de lealtad. La lealtad significa que solo debe manejar los datos personales de manera que las personas puedan esperar su uso razonable, unas expectativas comunes, y no usarlos de manera o desviada, o que tengan efectos adversos injustificados sobre ellos. Debe el responsable detenerse y pensar no solo en cómo puede usar los datos personales, sino también en si debe hacerlo”.
La sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos no sirve para revertir la expulsión de Modou Khadim, que fue deportado a Senegal en 2018 y donde reside desde entonces. Desde SOS Racismo acusan al exalcalde de Ribaforada y actual director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra de “cómplice de uno de los mecanismos más atroces del racismo institucional, como son las expulsiones exprés”.