Los servicios jurídicos del Parlamento navarro dudan de la legalidad de vetar a profesores condenados por terrorismo

Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra dudan de la legalidad de la propuesta de UPN de vetar por ley a personas condenadas por terrorismo para que puedan dar clase. El partido regionalista presentó hace unas semanas dos iniciativas para reformar la norma tras conocerse que un expreso de ETA que no fue inhabilitado por la Justicia para la docencia es profesor en un instituto de Tudela. La letrada mayor de la Cámara foral, Silvia Doménech, sostiene en un informe que la propuesta carece de “seguridad jurídica”.

Con sus iniciativas legislativas UPN propone, por un lado, la modificación del decreto foral del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para exigir, a aquellos trabajadores con contacto habitual con personas menores de edad, que no tengan condena por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista.

Los letrados del Parlamento señalan a este respecto que la propuesta “adolece de cierta indeterminación” que pueden resultar “incompatible” con los principios de “seguridad jurídica y legalidad” garantizados por la Constitución, dado que los cuerpos de docentes se rigen por una normativa estatal que Navarra no puede modificar.

Por otro lado, la formación regionalista plantea modificar la ley foral de subvenciones para incluir la prohibición de ser beneficiario de ayudas a condenados por estos delitos o a entidades que les contraten o subcontraten para proyectos o actividades dirigidas que conlleven un trato repetido, directo y regular con menores de edad. Para los letrados, con esta propuesta no se conseguiría “el objetivo pretendido” por UPN dado que los conciertos educativos no se rigen por la ley de Subvenciones, sino que tienen su propia normativa. A este respecto, UPN, sostiene que no se refiere a los conciertos en su propuesta y apuntan a una “confusión” de la letrada.

La parlamentaria regionalista Marta Álvarez ha señalado además que “no hay ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a una plaza en Navarra” y ha puesto como ejemplo los diferentes niveles lingüísticos que se ponen, tanto en la Comunidad foral como en otras comunidades, para determinadas plazas. No obstante, Álvarez ha anunciado que, para “mejorar la coordinación en toda España”, el partido regionalista va a proponer en las Cortes Generales una medida similar a la que ha propuesto en Navarra.

El Gobierno de Navarra, por su parte, defiende que no puede inhabilitar al profesor porque ya cumplió su condena de cárcel y no pesa sobre él ninguna sentencia que le impida ejercer la docencia, por lo que de inhabilitarlo se podría ir en contra del derecho a la reinserción. “Aunque me desagrade, aunque me inquiete, aunque me preocupe, aunque no sea de mi agrado, tengo que cumplir la ley”, reconoció el consejero de Educación, Carlos Gimeno.