Navarra fue una comunidad pionera en la aprobación, en 2009, de la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. La norma, que fue referencia legal para otras comunidades, supuso la puesta en marcha de una unidad específica en materia de transexualidad (Unidad Navarra de Transexuales e Itersexos) dentro del servicio público de salud.
Sin embargo, lo que parecía un prometedor principio para la atención integral de este colectivo, quedó más tarde diluido entre los recortes presupuestarios y la falta de voluntad de los gobiernos de UPN para implantar su desarrollo. Reconociendo la parálisis a la que ha estado sometido el contenido de esta ley, todos los grupos de la Cámara han aprobado este jueves por unanimidad una resolución presentada por Bildu para instar al Gobierno de Barkos al “cumplimiento íntegro de la ley”, especialmente en lo relativo a las campañas de sensibilización, atención y acompañamiento a las familias de menores transexuales, así como lo relacionado con acciones en el ámbito educativo.
Se trata, como señala la resolución, de que exista voluntad política para “promover el conocimiento y el respeto hacia esta realidad”. Una situación que afecta a un centenar de menores en la Comunidad foral, según los datos de la Asociación de Familias de Menores transexuales Chrysalis, que recientemente mantuvo una sesión de trabajo con los grupos políticos y que ha sido el origen de la resolución presentada por Bildu en el Pleno.
Bildu recordó que “la transexualidad es la condición por la que el sexo de una persona no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer en atención a sus genitales”. Según los datos ofrecidos por Chrysalis, la tasa de suicidio entre menores “a quienes en su infancia se les negó su identidad” es del 41%, mientras que la tasa de la población general baja hasta el 1,6%. “La diferencia entre acompañar a un menor en situación de transexualidad o negar su identidad puede ser abismal”, mantiene la asociación.
Por ello, Bildu pidió ayer el compromiso de los grupos para desarrollar la ley de 2009 y dotarla de contenido para que, como reclama la asociación, estos menores puedan “recibir de la Administración foral una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, dentro del ámbito competencial que corresponde a Navarra”.