El juez encargado de la investigación del conocido como 'caso Davalor', por el que ha sido imputado por malversación de fondos públicos y prevaricación el exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi, ha sido trasladado a Girona. Según recoge el Boletín Oficial del Estado del dos de diciembre, Fermín Otamendi deja el juzgado de instrucción número dos de Pamplona para “desempeñar” su plaza en el juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Girona.
El magistrado asumió la instrucción de este caso en marzo de 2021, tras la dimisión del consejero con la que perdió su condición de aforado, lo que provocó que la causa no pudiera ser llevada por el Tribunal Supremo, órgano que le imputó tras la querella presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), al considerar que existían indicios de que Ayerdi cometió presuntos delitos de prevaricación y malversación durante los años 2015 a 2017 con la concesión de varios préstamos por valor de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor Salud, cuando ésta se encontraba en situación de “insolvencia”.
Tras el traslado de Fermín Otamendi, la investigación del 'caso Davalor' recaerá en manos del nuevo juez que asuma la plaza tras el concurso público y que ahora está ocupada por una magistrada sustituta.
Fermín Otamendi, que llegó al juzgado de instrucción número 2 de Pamplona en septiembre de 2010, también fue el encargado de llevar la instrucción de los amaños de partidos de Osasuna, caso que terminó con la primera condena en España por estos hechos y que llevó a la cárcel a cinco exdirectivos del club navarro y a dos exjugadores del Betis.
A su vez, el magistrado fue el encargado de instruir el caso del exdiputado del Partido Popular Santiago Cervera por un presunto intento de extorsión al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, que denunció que alguien le había reclamado de forma anónima en un correo electrónico 25.000 euros a cambio de no hacer público que estaba facturando importantes cantidades de dinero a Caja Navarra desde su despacho de abogados. En 2015 Cervera fue absuelto al considerar la magistrada del caso que no existían pruebas que acreditasen que el exdiputado fuera el autor del correo electrónico. Cervera declaró ser objeto de “una trampa”.
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