El caso Osasuna también ha afectado al Gobierno de Navarra. Y, en concreto, a la Hacienda foral. Esta vez, por la posibilidad de que un inspector detectara en 2008 uno de los pagos sospechosos y porque el Ejecutivo entonces encabezado por Miguel Sanz, según habría declarado el expresidente del club Patxi Izco, miró presuntamente hacia otro lado. Las dudas en torno a Hacienda, no obstante, no se limitan a este caso, sino a la acumulación de los 53 millones de deuda con el fisco reconocidos por el club y que han motivado que el Parlamento tramitara la llamada Ley de Osasuna, para poder reestructurar ese montante. Diversos grupos parlamentarios han exigido ya explicaciones al Ejecutivo, un asunto que se debatirá en el Pleno de este jueves, pero que promete ir para largo. La siguiente fecha clave será a finales de abril: es entonces cuando Comptos, la cámara que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, tiene previsto presentar el informe encargado por el Parlamento por el tratamiento que Hacienda hizo de Osasuna entre 2005 y 2014.
Esta presentación llegaría, por tanto, poco antes de iniciarse la campaña electoral. De hecho, el objetivo es adelantarse a ella. Y no se puede avanzar más porque a Comptos, básicamente, se le acumula el trabajo: a los estudios ya previstos en el calendario de diversos ayuntamientos se le suman los encargos del Parlamento por cuestiones de actualidad, una petición que exige prioridad y rapidez. De ahí que ahora la cámara esté a punto de presentar su informe sobre Caja Navarra y, en principio a finales de este mes o comienzos de abril, otro sobre el pabellón Reyno Arena. Pero a nadie se le escapa el interés que puede generar un informe sobre el tratamiento de Hacienda a Osasuna en este momento, un paso para el que Comptos, según confirman desde el organismo, ya cuenta con el visto bueno del club para poder analizar sus datos como contribuyente.
Este informe de Comptos fue una de las condiciones que estableció el PSN para apoyar la Ley de Osasuna (que, por cierto, también está siendo estudiada en Europa), el proyecto de ley que se aprobó en noviembre de 2014 con los votos de UPN, PSN y PPN para reestructurar la deuda del club, y que permitió una especie de dación en pago mediante la que el patrimonio del club rojillo pasó a ser público (como el estadio de El Sadar o los campos de entrenamiento de Tajonar), pero exclusivamente utilizado por Osasuna. El acuerdo también incluye un aval del Gobierno al club por valor de 4 millones.
Tanto el secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, como la consejera de Economía y Hacienda, la regionalista Lourdes Goicoechea, han separado esta ley de la investigación por el caso Osasuna, vinculada a la presunta extracción de 2,4 millones de las cuentas del club cuyo destino se desconoce y al supuesto amaño de partidos durante las etapas en la presidencia de Miguel Archanco y su antecesor, Patxi Izco. Sin embargo, los grupos parlamentarios más críticos con lo que consideraron un cheque en blanco para lograr la salvación (financiera) del club se preguntan ahora cómo no se pudieron detectar esas presuntas irregularidades al tramitarse esa fórmula para financiar a Osasuna.
¿Quién lo permitió?
Desde grupos como Izquierda-Ezkerra o Bildu ya auguran que habrá una comisión de investigación en la Cámara sobre Osasuna, un tema que habrá que abordar durante la próxima legislatura porque en esta ya no se llega a tiempo. Desde ambas formaciones se preguntan, ante todo, qué acuerdos hubo entre el Ejecutivo y el club para que este último pudiera acumular tal nivel de deuda. Es decir, si se permitió, quién lo hizo y en qué condiciones. De la misma forma, el parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi recordó al actual Ejecutivo que, si los problemas con la deuda venían de antes del inicio de la legislatura, en 2011, entonces cabe preguntarse cuál era el nivel de deuda acumulada ese año y si ya llegaba entonces a los 53 millones mencionados. Porque, de ser así, estos se habrían acumulado prácticamente en tiempo récord.
El asunto se debatirá este jueves en el Pleno del Parlamento, donde tanto Bildu como Izquierda-Ezkerra van a preguntar sobre las presuntas irregularidades de Osasuna. En este sentido, también el PSN se ha interesado por las declaraciones ante la Liga de Fútbol Profesional y el juez Fermín Otamendi del exgerente Ángel Vizcay, quien aseguró que en la temporada 2008-2009 un inspector de Hacienda detectó uno de los pagos, que se cifró en 300.000 euros y encendió las alarmas por el sospechoso movimiento de billetes de 500 euros. Después, según publicó Diario de Noticias, el expresidente Izco añadió más leña al fuego al asegurar que pidió a un consejero (el titular de Hacienda era entonces Álvaro Miranda, pero no han trascendido nombres) que mirara para otro lado. Geroa Bai, en ests sentido, ya ha solicitado que comparezcan ante el Parlamento el expresidente Miguel Sanz y los exconsejeros de Hacienda Francisco Iribarren y el propio Miranda.
Por estas acusaciones, el Gobierno ya ha remitido al Juzgado un expediente con la inspección de 2008, y la presidenta Yolanda Barcina ha insistido en la total colaboración del Ejecutivo con la Justicia. El Gobierno Foral no ha descartado este miércoles personarse para “defender sus intereses”; desde la oposición, por su parte, creen que el Gobierno aún no ha dado las suficientes explicaciones.