La Justicia ha vuelto a poner el foco sobre Caja Navarra. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco finalmente se ha inhibido para que un juzgado de Pamplona pueda investigar las diversas operaciones, presuntamente irregulares, de la entidad. En concreto, la denuncia de este caso hablaba de la “supuesta dilapidación de la solvencia de la caja, sacrificando recursos, realizando inversiones inmobiliarias cuestionadas de amiguismo o nepotismo en el nombramiento de empresas participadas, falseando la contabilidad en los ejercicios 2007-2009, realizando inversiones o actuaciones muy sospechosas afectantes a la solvencia y patrimonio neto de la entidad, comprando terrenos a precios desorbitados, haciendo nombramientos cuestionables, negligencias y derroches de recursos públicos”.
El auto, hecho público el jueves, llega tras las denuncias realizadas por el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación Kontuz, en torno a presuntas irregularidades en la fusión de Banda Cívica y su salida a Bolsa. Los denunciantes señalaron entonces delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.
Sin embargo, el juez Velasco finalmente, como ya trascendió a lo largo de la semana, ha archivado estas denuncias contra los directivos de Banca Cívica. En el auto, argumenta que esta decisión atiende el informe aportado por peritos del Banco de España. En él, no se detectaron incumplimientos ni irregularidades en Banca Cívica, un ente ambicioso integrado por Cajasol, Caja Burgos, Caja Canarias y la mencionada Caja Navarra. Estos expertos tampoco apreciaron errores en el préstamo recibido del FROB, que ascendió a 997 millones de euros. Y, por último, no se señalaron irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad, que finalmente tuvo lugar en julio de 2011, ni en la absorción de la entidad por parte de Caixabank.
Sin valorar las presuntas irregularidades
Con todo, y pese a resolver de esta forma el proceso de Banca Cívica, el juez sí ha abierto una puerta a la investigación en una de las cajas que formó parte de ese proceso. En concreto, Caja Navarra. Así, el magistrado ha decidido inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que pueda investigar los hechos. Ante el revuelo generado por esta decisión, fuentes judiciales aclararon que el juez se ha limitado trasladar al Juzgado pamplonés las querellas de UPyD y Kontuz, pero que debe ser aquí donde se decida si son delito o no. Las mismas fuentes de la Audiencia Nacional precisaron que, en el auto, el juez Velasco refleja los hechos denunciados, pero no entra a valorar si se trata de irregularidades. En cualquier caso, mientras un asunto, el de la Banca Cívica, se cierra, otro sigue coleando.
Las reacciones, de hecho, no se hicieron esperar. Desde Geroa Bai confiaron en que la investigación de los hechos se realice “en profundidad”. Y anunciaron, a través de un comunicado, que pedirán la comparecencia urgente en sede parlamentaria de la presidenta del Gobierno Foral, la regionalista Yolanda Barcina, “ante la gravedad del auto del juez Velasco”, puesto que “el juez define como deficitaria la colaboración en la aportación documental por parte de la fundación Caja Navarra”. Por ello, Geroa Bai cree que ahora Barcina debe dar explicaciones, puesto que precisamente el gobierno fue el encargado de nombrar al patronato de dicha fundación.