El Gobierno de Navarra ha intensificado la inspección a las personas que reciben la renta de inclusión social durante este año. Según el informe que el Defensor del Pueblo ha remitido al Parlamento y al que ha tenido acceso eldiarionorte, en 2013 realizó 247 inspecciones, hasta el 15 de octubre de este año se habían realizado 427. Pese a que los expedientes dados de baja por incumplimientos son mínimos, el ejecutivo insiste en perseguir a quienes cobren estas ayudas sociales e, incluso, dar de baja casos por cuestiones que el Defensor considera “incumplimientos formales más que sustantivos”.
Con los datos recibidos, el Defensor considera “muy bajo” el volumen de fraude entre las personas “con escasísimos recursos” que reciben la renta de inclusión social, y confirma el aumento de la inspección en el último año que se ha saldado, hasta el 15 de octubre, con más expedientes dados de baja por incumplimiento que a lo largo de todo el año pasado. En los 10 primeros meses de 2014 fueron 94 los expedientes dados de baja, mientras que en todo el 2013 fueron 61. Y en todo momento en el informe se recalca, una y otra vez que se trata de porcentajes bajísimos ya que las bajas suponen un 0,36% de los expedientes tramitados en 2013 y el 0,69% de 2014; matizando, además, que no todos estos casos pueden ser considerados como fraude.
Pero este aumento del control no solo queda en la inspección, sino que se han endurecido los criterios para valorar los requisitos. Este año, según el informe, se han producido más desestimaciones por cualquier motivo, pasando de las 2.142 del 2013 a 2.499 en 2014 en un periodo menor, hasta el 15 de octubre. Las desestimaciones por “incumplimientos” también han aumentado, un 55,8% pese a reflejar 10 meses, pasando de 457 a 712. Un panorama que se endurece cada año, pese a que se trata de familias sin recursos que necesitan apoyo institucional para salir adelante.
“Incumplimientos”
En total en 2013 se tramitaron 16.734 expedientes de Renta de Inclusión Social, hasta el 15 de octubre de 2014 se tramitaron 13.533. Pese a que el volumen de solicitudes es similar, este año se ha intensificado el control con 427 revisiones frente a las 247 de todo el 2013. El mayor número de casos dados de baja por “incumplimientos” corresponde a no comunicar modificaciones en la unidad familiar dentro de los plazos establecidos, lo que el Defensor considera que, en muchos casos puedan ser “incumplimientos formales más que sustanciales” pero que conllevan, sin distinción, la pérdida de la ayuda.
En 2013 se tramitaron 20 expedientes sancionadores, cifra que se acercará a la de este año ya que hasta el 15 de octubre se habían tramitado 17, unas cuantías que, de nuevo, son mínimas ya que suponen el 0,12 y 0,13% del total de los expedientes que se tramitan.