Una de cada 25 personas en Navarra recibe en la actualidad la Renta de Inclusión Social (RIS). Dado que esta ayuda es un derecho, en este tema “no caben recortes” y, por tanto, la previsión que maneja el Gobierno Foral es que se acabe este ejercicio con una inversión de 51 millones de euros, frente a las dudas mostradas desde la oposición sobre la disposición económica en el área de Políticas Sociales. El consejero del ramo, Íñigo Alli, ha insistido este miércoles en estas cifras, a pesar de que, hasta septiembre, el Gobierno había ejecutado algo más de la mitad del dinero anunciado, unos 27 millones.
En concreto, según fuentes del Gobierno de Navarra, hasta septiembre se atendió con la RIS, destinada a familias que no reciben ingresos de ninguna otra fuente, a 10.227 familias. Son ya 800 más que todo el ejercicio pasado. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que se superarían los 50 millones, y Alli se ha comprometido públicamente a que será así. La previsión es que “acabaremos en 51 millones”, frente a los 29 que se gastaban “antes de que llegara este equipo directivo”. Por ello, el consejero ha defendido que, frente a las críticas de algunos colectivos sobre la dureza en los requisitos de acceso a este RIS porque, “si algo ha hecho este Parlamento, con el apoyo de UPN, ha sido favorecer que más familias adquieran esos ingresos mínimos”.
Alli ha recordado, por ejemplo, que antes se podía acceder a esta renta durante 24 meses y, ahora, se llega a los 30; y que, mientras en comunidades como la CAV “es necesario estar 36 meses empadronado para tener derecho a esta prestación, en Navarra son 24”. Además, ha defendido que también se concede una flexibilidad de dos meses para que cualquier perceptor, “sea cual sea su origen”, pueda estar dos meses de forma justificada fuera de la Comunidad Foral, ya sea por razones laborales o personales.
55 familias excluidas tras las inspecciones
El consejero ha respondido de esta forma a preguntas de los medios de comunicación a las dudas mostradas por colectivos como la Red de Lucha contra la Pobreza, la asesoría jurídica Etorkin o la Plataforma de la Renta Básica, que precisamente ha denunciado los problemas que afrontan las familias que, pese a ser residentes en Navarra, acuden a su país de origen a visitar a sus parientes puedan perder el acceso a esa ayuda si se reinicia su tiempo de estancia en la Comunidad Foral.
Por último, la plataforma también cargó contra el sistema de control del fraude de estas ayudas (una labor de inspección del Gobierno en la que colaboran la Policía Foral y las instituciones locales), puesto que se trata de una cifra mínima y, por tanto, esa partida se podría destinar a otras ayudas. Hasta el momento, según datos facilitados por Alli, se han quedado sin esta ayuda 55 familias, ya sea por incumplimientos de los requisitos o por fraude de ley.