La modificación del Convenio Económico, con la que se aclararían las competencias tributarias de la Comunidad Foral y se dejarían atrás los litigios con el Gobierno central, estará lista “en otoño”. Esa es la previsión que maneja la presidenta de Navarra, la regionalista Yolanda Barcina, que se ha mostrado más convencida que su vicepresidenta, Lourdes Goicoechea, quien recientemente también deseó que estos cambios se tramiten cuanto antes aunque matizó que parecía difícil que se cerraran antes de final de año. Sin embargo, Barcina sí ha asegurado que espera dar ese paso antes de que llegue 2015 y que confía en la palabra dada por el ministro de Hacienda, el ‘popular’ Cristóbal Montoro.
Barcina ha comparecido en la comisión de Régimen Foral del Parlamento navarro precisamente para aclarar cómo se resolvió su reunión con Montoro del pasado 21 de julio, que se produjo después de conocerse que el Tribunal Constitucional había anulado la Ley Foral de Energía tras atender el recurso planteado por el Gobierno central. Ambas partes, sin embargo, se mostraron de acuerdo en renovar el Convenio para dejar clara, en principio, la singularidad de Navarra, algo que había sorprendido a los grupos de la oposición; también se pactó reducir los litigios entre ambas partes (doce en lo que va de legislatura de Rajoy, mientras que, por ejemplo, en los ocho años de gobierno de Aznar fueron cinco); y, por último, acordar el calendario para ajustar el Convenio, a través de unas reuniones que precisamente han arrancado este jueves entre los técnicos.
La presidenta se ha mostrado convencida de que en septiembre habrá novedades en estos casos del Convenio y ha reiterado tanto su discrepancia con la decisión del Constitucional como su defensa de la singularidad navarra, “que se basa en el Derecho y no es un privilegio”. No obstante, Barcina también ha evitado cualquier polémica con el PP a raíz de los recursos contra normas navarras y ha insistido en que hay que dar “credibilidad” a la palabra de Montoro, a pesar de reconocer que representantes del Ejecutivo Foral y el central se habían reunido en hasta 16 ocasiones (nueve presenciales y siete técnicas) antes de que se conociera la decisión del Constitucional. Es más, Barcina ha defendido al Gobierno central al detallar que precisamente esta resolución judicial “nos pilló de sorpresa a todos”: se ha tramitado en apenas ocho meses cuando, en casos similares anteriores, se tardaron once años.
Las críticas de la oposición
Estas explicaciones de la presidenta no han contentado a la oposición, a pesar de que todos se han mostrado de acuerdo en defender el autogobierno navarro. El debate, en principio sobre la Ley Foral de Energía y la capacidad tributaria navarra, de nuevo ha evolucionado hacia la cuestión soberanista. Y Patxi Zabaleta (Aralar-Nabai) o Koldo Amezketa (Bildu), por ejemplo, ha insistido en que UPN “ha dado alas” al afán centralista del PP.
Otros parlamentarios, como Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) y Juan José Lizarbe (PSN) han lamentado que esta situación también se debe al seguidismo de UPN con el PP. Y, por último, Manu Ayerdi (Geroa Bai) ha considerado que este tema es de tal relevancia que debería ser confirmado por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Desde el grupo ‘popular’, Enrique Martín de Marcos ha garantizado que, en lo que respecta a su partido, el autogobierno “está garantizado”. Ahora falta que los compromisos se pongan por escrito desde Madrid.