¿Puede cambiarse el uso de las Bardenas Reales, si este está acordado durante años? La clave, aseguran desde la Asamblea Antipolígono, está en que el Ministerio de Defensa elimine la declaración de interés preferente para la Defensa Nacional (ZIDN) de parte de este entorno, tramitación aprobada en el año 2000. En realidad, el terreno funciona como polígono de tiro desde 1951, gracias al acuerdo (el primero se produjo en periodo no democrático) entre los diversos gobiernos centrales y los pueblos e instituciones de la zona (los llamados entes congozantes) y la correspondiente compensación económica que reciben estas entidades locales, que ha permitido los continuos ejercicios del ejército en esta zona de unas 2.244 hectáreas (las Bardenas tienen una dimensión total de unas 41.800).
El último acuerdo entre ambas partes se firmó en 2008 y, en principio, se cerró hasta 2018, con una posibilidad de prórroga prácticamente automática hasta 2028, razón por la que diversas voces contrarias a estas operaciones militares se cayeron de la oposición al recinto. Esta oposición, por otro lado, también ha estado marcada por intereses políticos que han dividido las movilizaciones. Ahora, coincidiendo con las maniobras de la OTAN que se han desarrollado hasta este comienzo de noviembre, las Bardenas han vuelto a ser el blanco del debate.
Preguntados sobre su posición en torno al polígono y a las últimas movilizaciones, desde el Ministerio de Defensa defienden que la Defensa Nacional “es una competencia del Estado”, así como “los acuerdos en virtud de los cuales España es miembro de organizaciones internacionales”, como en este caso la OTAN, impulsora de las maniobras bautizadas como Trident Juncture. Ya en julio, el Ministerio de Defensa confirmó estos ambiciosos ejercicios militares, que incluyen a 30.000 militares de 30 países diferentes. Entre sus múltiples emplazamientos en España, Italia y Portugal, el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, figura el polígono de las Bardenas, al menos desde el 19 de octubre y hasta el 6 de noviembre. En este caso, según precisan desde el Ejército del Aire, se ha tratado de ejercicios de disparo aire-suelo y estos se programan según las necesidades de la instrucción: hay semanas sin disparos y otras en las que ocurren cada día. La clave en la que han insistido es en que se hacen sin cargas explosivas. Estas se reservan para un ejercicio al año: el bautizado como tormenta, que habitualmente tiene lugar en mayo o junio.
Desde organizaciones como la asamblea de antimilitaristas Bardenas Ya! también criticaron recientemente, antes de la celebración de una manifestación en Tudela contra el polígono de tiro, este tipo de ejercicios, porque el espacio es usado de forma asidua para el adiestramiento de pilotos del Ejército del Aire, de ahí que las críticas al polígono disten mucho de ser algo puntual.
Desde Ejea de Caballeros (Aragón) lo conocen bien, porque en sus terrenos se han producido algunos de los accidentes sufridos a raíz de estos ejercicios militares. El 13 de marzo de 2000, por ejemplo, dos F18 colisionaron y cayeron a unos dos kilómetros de Ejea de los Caballeros, según se recuerda en este artículo de El País. Un capitán falleció en el siniestro. El alcalde de la pedanía de Pinsoro, José Luis Ruiz Baines (IU), explica que su pueblo se encuentra a apenas siete kilómetros de la instalación militar y, dado que los vuelos parten de la base de Zaragoza, a menudo se escucha su paso. “Los militares, por ejemplo, dicen que no sobrevuelan núcleos urbanos, pero hay mucho oscurantismo”, sostiene.
Ruiz es, además, a título personal, integrante de la plataforma No a la Guerra, de Ejea y pueblos, que cada primero de junio participa en la marcha contra el polígono organizada (desde 1988) por la Asamblea Antipolígono. Se da la circunstancia de que, pese a la cercanía de esta localidad zaragozana a la zona, no es una de las 22 entidades que conforman la Junta de las Bardenas, las llamadas localidades congozantes, que son el ente tradicional que firma el acuerdo con el ministerio y el que recibe una compensación económica por ello. Entre ellas, se incluyen municipios del entorno, el valle del Roncal, el de Salazar y el monasterio de la Oliva. Según los cálculos que recordó la Asamblea Antipolígono recientemente ante el Parlamento de Navarra y que confirman fuentes de la Junta, tras la renovación del acuerdo de 2008, estas pasarán a cobrar 7 millones de euros al año (más IPC) durante los diez primeros años y 14 al año durante la década siguiente. Cabe recordar que solo el municipio de Peralta votó en contra dentro de la Junta. Y en el anterior acuerdo, en 2001, hubo 15 votos a favor, seis en contra y uno nulo.
“Estaría ahí de una u otra manera”
Alfonso Mateo es exalcalde (PSN) de Valtierra y actual miembro de la comisión permanente de Bardenas, dentro de la comunidad que se encarga de firmar esos acuerdos con el ministerio. Asegura que en la oposición al polígono ha habido “muchos bulos”, pero también matiza que “yo también soy antipolígono”. ¿Cómo se entiende, entonces, que la instalación se mantenga en activo? Mateo defiende que “yo no estoy a favor del polígono, pero tengo que actuar de la mejor manera posible, porque iban a estar aquí de una manera o de otra, así que lo que intentamos es que sea con el acuerdo más beneficioso posible”. De lo contrario, cree que el Gobierno optaría por la expropiación. Y, por ello, defiende que el único con capacidad para derogar ese contrato es el Estado, de ahí que 2018, el momento en que se duplica el pago del canon, se presente como una fecha clave, aunque quienes critican el recinto temen que se opte por una prórroga automática.
Las razones para oponerse al polígono son, según coinciden diversas fuentes críticas consultadas, el riesgo que suponen esos ejercicios, por la apuesta antimilitarista, por el impacto para la ciudadanía de la zona (insisten en la contaminación ambiental y acústica) y, también, por la contradicción que supone que esta instalación perviva al situarse junto a una zona desértica pero turística, a menudo conocida por ser escenario de rodajes y que, desde 1999, es parque natural y, desde 2000, Reserva Mundial de la Biosfera. Desde Defensa defienden que la existencia del polígono “ha favorecido la conservación” de este hábitat, mientras desde Ecologistas en Acción, integrantes de la Asamblea Antipolígono, se preguntan por qué “si hay una joya que preservar, se permite que sigan estas instalaciones (militares)”.
“Esta es una carrera de fondo”
Pese a estas razones, y pese a que muchas entidades coinciden en ellas, otra cuestión es que eso las reúna a todas en las movilizaciones. Bardenas Ya!, junto a diversas asociaciones y partidos como EH Bildu, Geroa Bai, Podemos o Equo, participaron el pasado día 25 en una manifestación en Tudela que, no obstante, no ha estado apoyada por ejemplo por la Asamblea Antipolígono, señal de que las (históricas) diferencias en la oposición al polígono todavía se mantienen.
La entidad está ahora integrada por Izquierda-Ezkerra, el Partido Carlista, Ecologistas en Acción y personas independientes, e insisten en que, más allá de estas diferencias y de intereses electorales, es clave que las instituciones se movilicen para desmantelar el polígono porque, recuerdan, esta es “una carrera de fondo”. Por los años que han pasado desde aquel 9 de junio de 1951, cuando la Junta de Bardenas y el Ministerio del Aire firmaron el primer contrato de alquiler por medio siglo (en dos periodos de 25 y 25 años) y alrededor de 20.000 pesetas más el IPC, hasta los que quedan por delante de funcionamiento, por el momento acordados hasta 2028 con un coste total de 210 millones de euros. Si el polígono sigue activo.