Casi dos meses después de las elecciones forales, ha llegado el día. La candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, prevé convertirse este lunes en la nueva presidenta de Navarra, en sustitución de Yolanda Barcina (UPN). La posibilidad de evitar un nuevo ejecutivo regionalista y la (argumentada) necesidad de un cambio de políticas han motivado la unión de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y ha hecho valer el segundo puesto de la coalición nacionalista obtenido en los comicios forales. Esos nueve escaños y las intensas negociaciones mantenidas desde el 24M auparán a Barkos a la Presidencia, y de la forma que ella ha querido: con un gobierno en general de carácter más técnico, aunque si hay que destacar un peso político, ese sea el de Geroa Bai.
En el pleno de este lunes, los 26 votos de las cuatro fuerzas aseguran una mayoría absoluta. Y el proceso finalizará esta semana con la toma de posesión este día 22 en el atrio de la Cámara foral y, un día después, con el nombramiento oficial del nuevo gabinete. ¿Y cuáles se esperan que sean las primeras decisiones de ese gobierno? La hoja de ruta está marcada por el mencionado acuerdo programático, ya firmado. En él se incluyen 74 páginas y más de 600 medidas a llevar a cabo entre 2015 y 2019, pero algunas tienen un carácter más inmediato.
Por ejemplo, el futuro vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ya ha adelantado que espera que sus primeras decisiones sirvan para solventar la pobreza y exclusión severas, y que a corto plazo también se puede revisar la Renta de Inclusión Social, que se modificó al final de la legislatura y que ahora puede afrontar nuevos cambios para, entre otras cuestiones, evitar un límite en su concesión y para que únicamente se exija un año de residencia en Navarra para su solicitud. En el acuerdo programático se establece un plazo para ello: reformular la RIS durante los primeros seis meses de la legislatura.
Otras medidas sociales que disponen ya de un límite son la elaboración de un censo de viviendas vacías (la fecha tope es junio del próximo año) y luchar contra la pobreza energética garantizando el suministro a familias en riesgo de exclusión social (octubre de 2015).
Para llevar a cabo este tipo de medidas, y otras aún más ambiciosas (quienes defienden el programa y quienes lo critican han coincidido en eso, en que las metas se han puesto por arriba; está por ver si demasiado), será necesario conocer también el estado de las cuentas, negociar la aportación al Estado y, por otro lado, diseñar una nueva reforma fiscal. El objetivo es hacerla este año para que se ponga en marcha ya en 2016.
Pasos a corto plazo en Educación o Sanidad
Otro de los ámbitos en el que se han concretado muchos plazos es el educativo. Por ejemplo, se rechaza la ley educativa LOMCE y se apuesta por congelar al menos durante un año el Plan de Aprendizaje en Inglés. Además, las cuatro fuerzas que han apoyado el acuerdo programático pretenden impulsar ayudas de transporte y comedor para el alumnado en modelo D en las zonas mixta y no vascófona (en este caso, se pretende implantar en el curso 2015-2016) y promover una Oferta Pública de Empleo para centros educativos públicos de enseñanza no universitaria (el límite es junio de 2016).
En sanidad, también se ha prometido establecer las necesidades más inmediatas de personal del Servicio Navarro de Salud y facilitar la interrupción voluntaria del embarazo (empezando por el farmacológico, y luego ampliando los servicios) en el sistema público. Otras medidas planteadas a corto plazo, y en temas muy variados, son el impulso del plan estratégico contra la violencia contra las mujeres (al final de la pasada legislatura se dieron pasos en este sentido) o la realización de un estudio sobre la posibilidad de impulsar la banca pública en Navarra (durante el primer año de legislatura).
Otras promesas no concretan tanto los plazos, pero exigen actuaciones más o menos inmediatas, como dejar clara la oposición del nuevo ejecutivo al recrecimiento del pantano de Yesa, estudiar cómo dar salida al pabellón Reyno Arena o facilitar la investigación de fosas y exhumaciones de personas represaliadas por el franquismo.
La vigilancia de estas medidas es el cometido de la comisión de seguimiento, que en principio debe reunir a los cuatro grupos firmantes al menos una vez cada tres meses. Un análisis sobre lo comprometido en el papel que discurrirá en paralelo al control que, por otro lado, seguirá haciendo el Parlamento. La Presidencia de Barkos arranca ya con deberes.