Colectivos que luchan contra la exclusión social insisten en su falta de recursos
“Te voy a contar un caso. Es el de una chica maltratada, con un marido magrebí, que la pegaba y la recluía en casa desde que llegó aquí. A veces comía, y otras no. La animé a denunciar y acudimos a la comisaría, y desde la Policía se portaron muy bien, la llevaron a una casa de acogida, que se supone que es secreta pero todo el mundo sabe dónde está, y se encontró con un servicio que la atendió pero estaba casi lleno. Tanto, que desde el personal se le animó a hacer las paces con su marido”. Quien habla es Rafa Paredes, responsable del servicio de asesoría jurídica Etorkin, y responde de esta manera cuando se le pregunta sobre si cree que se destinan pocos recursos a los servicios para personas en riesgo de exclusión social grave, como se recoge en una reciente investigación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en colaboración con la Birmingham City University del Reino Unido. Paredes reconoce que su opinión es especialmente crítica porque, ante casos tan graves, es difícil que se destinen recursos, “y ya si no tienen papeles ni te cuento”.
Seis expertos de la UPNA han realizado esta investigación sobre mujeres en exclusión social grave (madres, con adicción a sustancias, que pueden haber pasado por la cárcel y han carecido de un hogar, que en ocasiones han llegado a prostituirse y tienen problemas mentales) desde diciembre de 2012, y el pasado 6 de noviembre adelantaron sus primeras conclusiones, donde destaca el difícil encaje que tienen en el sistema los casos más complejos. En este estudio, se aconseja a la administración apostar por una atención menos estanca, más integral y mejor coordinada entre los diferentes servicios. Y se recoge esa denuncia de los colectivos involucrados de que faltan recursos precisamente en los servicios de las personas que tienen menos recursos.
¿Pero este es un problema de dotación económica o de gestión? Marisol de la Nava, de la Plataforma en Defensa de la Renta Básica, reconoce que todo influye, que la clave está en apostar por una atención más personalizada, pero el principal problema es cómo desde la administración se han recortado los programas de atención, como el de empleo social. Y, recalca, muchos servicios de las asociaciones (aunque no sea su caso) llegan de esas subvenciones. “La crisis llegó sin que los servicios sociales estuvieran preparados, eso está claro, pero ya ha pasado un tiempo y no se han planteado alternativas”, señala. Y destaca que, con la actual situación económica, hay nuevos atendidos por la renta básica que, en general, pueden acceder más fácilmente a un empleo y, por tanto, dejar atrás la precariedad económica, pero, ¿qué pasa con las personas que acumulan mucho tiempo dependiendo de los servicios sociales?
El informe de la UPNA precisamente se centra en casos de exclusión social grave, de aquellas mujeres a menudo vistas como problemáticas, que son atendidas, básicamente, en esos servicios en los que ‘caen’. De ahí la propuesta de los investigadores de una mejor coordinación. Paredes, de Etorkin, admite que es “un descreído” sobre posibles mejoras, aunque reconoce que, como se ha planteado desde la UPNA, sería un paso adelante por ejemplo contar con un servicio de ventanilla única para estos casos, así como una mejor formación de los profesionales sobre violencia de género. Pero, insiste, “esto deben solucionarlo los servicios sociales”. De lo contrario, se puede depender de entidades para las que la atención social no deja de ser un negocio.
Más casos de los imaginados
Entidades como Cruz Roja Navarra ya advirtieron recientemente de que, pese a esa afirmación repetitiva de que en la Comunidad Foral la situación económica y de servicios sociales es mejor que en otras comunidades, “aquí los pobres lo pasan peor”, como apuntó su presidente, Joaquín Mencos. La presidenta de Médicos del Mundo Navarra, Yolanda Rodríguez, recalca que estos atendidos y atendidas son “más de los que la ciudadanía se imagina”, puesto que “los colectivos nos encontramos con este tipo de casos a diario. Son una barbaridad que va creciendo”; porque solo con que un eslabón de la cadena se rompa, como el trabajo, se genera “un efecto dominó” para, por ejemplo, una mujer inmigrante en situación irregular y con una familia a su cargo.
Para esta portavoz, las consecuencias de los recortes en políticas sociales son palpables. De ahí que desde Médicos del Mundo Navarra, que integra la Red de Lucha contra la Pobreza, lamenten que, ante todo, “falta voluntad política”, un mayor conocimiento de la situación y una mejor gestión (más coordinación de recursos), de acuerdo a lo mencionado por la UPNA, pero también una mayor dotación presupuestaria. “Si no se invierte en estos servicios, y también en la formación de profesionales o en la disposición de protocolos, si en definitiva no hay presupuestos, no podemos plantearnos mejoras”, sentencia Rodríguez.
