El comité de empresa de Faurecia ha mostrado su rechazo al cierre de la planta de Burlada y ha pedido la “implicación” del Parlamento foral para mantener el empleo. Además, ha demandado a los grupos parlamentarios que “presionen” a la dirección para que Navarra “no pierda ese trabajo” y que acudan a las protestas que convoquen.
Así lo han puesto de manifiesto los representantes del comité de empresa en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, solicitada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E. Coincidiendo con la comparecencia, trabajadores se han concentrado ante la sede del Legislativo para rechazar el cierre.
En la sesión, el presidente del comité de empresa de la planta de Burlada, Alfredo Sanz, ha comentado que la compañía lleva cerca de 40 años funcionando “siempre con beneficios” y ha destacado que “no ha tenido conflictividad” hasta el año 2005, “cuando empezamos a tener algún problema”. “Hasta entonces no había ocurrido absolutamente nada”, ha asegurado.
Según ha detallado, en 2004 se cerró el ejercicio con unos beneficios “importantes” y en 2005 la multinacional planteó un plan de viabilidad ante el cual los trabajadores “no nos cerramos al diálogo”. “Nos congelamos los salarios y cambiamos nuestras condiciones por no crear conflicto”, ha afirmado.
De este modo, ha indicado, en 2005 la empresa volvió a tener beneficios, al igual que en 2006 y 2007, mientras que a finales de 2008, sobre el mes de octubre, “se nos plantea que la crisis nos puede empezar a impactar algo y ponemos nuestros días personales a disposición de la empresa para terminar el año”. “Se cierra el año con unas pérdidas mínimas (151.000 euros) porque otra vez hemos hecho un esfuerzo”, ha resaltado el presidente del comité.
En este sentido, ha relatado que en 2009 la dirección “nos planteó un primer ERE de 60 días, de los cuáles sólo utiliza 13 entre el mes de enero y febrero” y que “a partir de marzo levantó el ERE y contrató eventuales”. Ese año se cerró otra vez con unos beneficios de 1,7 millones de euros.
En 2010, ha agregado el presidente del comité de empresa, “los eventuales siguen y también los beneficios (2,8 millones)”, que continúan en 2011 (casi 3 millones) hasta el año 2012, que es en el que “por primera vez realmente vemos el impacto de la crisis en el sector de la automoción”. Las pérdidas fueron de 426.000 euros.
“La multinacional nos planteó un ERE, desde el primer día le dijimos que si hay que hacer un plan de viabilidad y renegociar las condiciones estábamos dispuestos. La multinacional nos dice que no, que es un problema coyuntural, y que con el ERE de 40 días salvábamos el año”, ha señalado, para precisar que “se utilizaron 39 días de los 40”.
Ya en 2013, ha continuado Alfredo Sanz, “nos plantean otro ERE, que se utilizó menos de la mitad, y nos dijeron que no nos preocupáramos, que era una situación coyuntural”. En 2014, el planteamiento “otra vez vuelve ser el mismo” un nuevo expediente de regulación temporal “más gravoso que en los años anteriores”.
“En ese momento sabemos que el ERE ya tiene otras consecuencias diferentes. De hecho, si al final cierra la empresa no hay ningún trabajador, quitando los mayores de 55 años, que tengamos los dos años de paro”, ha lamentado el presidente del comité.
Según ha expuesto, muchos trabajadores que “llevamos trabajando más de 20 años no vamos a tener ni siquiera dos años de paro”, porque han agotado los días con los ERE temporales. “En ningún momento nos pone un plan de viabilidad encima de la mesa. No nos han dejado la posibilidad de renegociar nuestras condiciones de trabajo”, ha censurado.
En este sentido, ha defendido que los trabajadores “siempre” han estado dispuestos a “hacer un esfuerzo, el problema es que no hemos tenido la oportunidad”. “Se han reído de nosotros, se han aprovechado de la sociedad navarra, aprovecharse de la bolsa común del paro y dejarnos ahora en la estacada”, ha declarado el presidente del comité.
Datos de producción
Por su parte, Íñigo San Miguel ha sido el encargado de detallar los datos de producción de la planta. Ha indicado que ésta alcanzó los 9 millones de unidades en 2006, se bajaron a unos 7,5 millones en 2009; cifra que fue de 6,7 millones en 2010 y de en torno a 8 millones de unidades en 2011. Sin embargo, en 2012 “se quitó dos millones y medio de producto para llevárselo a una planta en la República Checa” y también se ha llevado producto a otras plantas en los últimos años.
Sobre este último aspecto, Javier Fabo, también miembro del comité de empresa, ha criticado “los pasos de deslocalización que ha ido dando la multinacional” y ha defendido que “no es que aquí no tengamos futuro o producto, porque sí lo tenemos pero ha sido trasladado”.
También ha cuestionado que se les quiera recolocar en otras plantas de la multinacional en Navarra, una medida con la que “alguien va a salir perjudicado”. “Con esto entraríamos a empujar a otra gente, no se soluciona el problema porque van a ser otras las familias que vayan al paro”, ha sostenido.
Los partidos apoyan a los trabajadores
En el turno de los grupos parlamentarios, Samuel Caro, del PSN, ha mostrado el compromiso de su partido de “ser altavoces para hacer llegar los mensajes de los trabajadores tanto a la dirección como a las instituciones para buscar una salida”. “Tenemos que trabajar para convencer a la empresa de que la mejor decisión que puede tomar es quedarse en Burlada”, ha opinado.
En este mismo sentido, Bikendi Barea, de Bildu, ha expresado su solidaridad con “los 190 trabajadores y todas sus familias” ante “un caso muy grave y paradigmático de lo que es el comportamiento y la gestión de determinadas multinacionales que buscan el beneficio por encima de todo y de todos”.
En representación de Aralar-NaBai, Txentxo Jiménez ha exigido al Gobierno foral que “dé cuenta de qué esfuerzos y actuaciones está llevando a cabo para que ella, que sí es interlocutora, pueda impedir lo que pretenden hacer”. En su opinión, en este caso “ha influido la reforma laboral” y también “hay una mala práctica empresarial”.
Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha calificado el caso de Faurecia de “desolador y tremendo”, ya que “190 familias de una día para otro se encuentran con una decisión brutal y traumática de cierre”. Así ha mostrado su “apoyo y solidaridad” a los trabajadores y ha pedido al Gobierno que trabaje para evitar el cierre.
La parlamentaria de UPN Coro Gainza, por su parte, ha lamentado que “estamos ante un caso de auténtica deslocalización” y ha garantizado que la consejera Goicoechea pondrá “toda la carne el asador” para intentar evitar el cierre, si bien “otra cosa es lo que pueda conseguir”.
Desde el PPN, Eva Gorri ha lamentado el “trágico momento” que están atravesando los trabajadores, quienes, en su opinión, “han demostrado que han puesto todo de su parte y se han esforzado para que la empresa continúe con su actividad”. “Hay que conseguir que la empresa no se marche de Burlada”, ha expuesto.
Finalmente, Manu Ayerdi, de Geroa Bai, ha cuestionado que “tengamos un sistema que permite a los empresarios cerrar e irse con la producción” y ha lamentado que “desde el Parlamento poco se pueda hacer ante esto y que el Gobierno, desafortunadamente, también tenga pocas armas”.