P.J.S, joven agricultor de la comarca de Pamplona, detiene su tractor para poder atender el móvil. “¿La Guardia Civil?, ¿qué ocurre?”, pregunta alarmado a su interlocutora. La agente le invita amablemente a pasar por el puesto del Instituto Armado más cercano. “¿Pero yo qué he hecho? ¿Por qué tengo que ir?”, pregunta el agricultor mientras se baja de su máquina. O acude voluntariamente, o recibirá una citación judicial para hacerlo, le explica la agente. Así que el joven deja la faena y, sin cambiarse siquiera de ropa, acude al puesto. Allí le identifican con su DNI y le ponen frente a la pantalla de un ordenador. “¿Es esta su firma?”, inquiere el agente del puesto. “Sí”, responde el joven con extrañeza. “¿Reconoce de forma inconfundible su firma?”, insiste el agente. “Sí, es mi firma”, confirma el agricultor. El agente hace un click de ratón y vuelve de nuevo la pantalla hacia el joven. “¿Y esta otra?”. El agricultor observa con detenimiento el pantallazo de un garabato escaneado que le muestra el agente y mueve la cabeza: “No, ésa no es mi firma”. El agente le informa de que la diligencia ha concluido y le invita a marcharse. Aunque el joven pide explicaciones, no las obtendrá en el puesto de la Guardia Civil. Un par de semanas más tarde, encontrará las respuestas a sus dudas en los titulares de los periódicos: la UAGN, el sindicato agrario al que está afiliado, está siendo investigada por presunto fraude en cursos de formación para cobrar ayudas oficiales.
Esta escena, que ocurrió hace unas semanas, forma parte de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil desde hace más de un año. La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona abrió diligencias previas por este caso en 2014 y decidió interrogar, en calidad de investigados (antigua figura del imputado) a seis cargos directivos del sindicato agrario. Al parecer, la Guardia Civil habría revisado los cursos de formación impartidos por UAGN entre los años 2007 y 2015, incluidos en cinco grandes proyectos formativos enfocados a la búsqueda de empleo para las mujeres agricultoras. Tras revisar los expedientes, la Guardia Civil habría encontrado irregularidades en cerca de una veintena de acciones formativas por las que el sindicato habría cobrado ayudas públicas. La Guardia Civil entiende que algunos de estos cursos se llevaron a cabo sin el número mínimo de asistentes para cobrar la ayuda, por lo que se falsificaron firmas de participantes. En otros casos, los cursos ni siquiera se habrían impartido, aunque existen listas firmadas de asistentes.
¿Qué pinta Esparza en todo esto?
La Guardia Civil comenzó sus pesquisas tras recibir la denuncia de una extrabajadora de UAGN, quien puso en su conocimiento la existencia de “cursos mal hechos” y de “ayudas públicas mal recibidas”. Pero no era la primera vez que esta exempleada denunciaba irregularidades. Lo había hecho años antes ante el departamento de Desarrollo Rural, que en 2011 dirigía la regionalista Begoña Sanzberro (procedente del sindicato investigado), sin que su denuncia tuviera repercusión alguna. Posteriormente, cuando en 2012 el hoy líder de UPN Javier Esparza se convirtió en el titular de Agricultura, la extrabajadora volvió a la carga con su denuncia. El departamento sí investigó entonces y el servicio del que dependían los cursos supuestamente fraudulentos emitió un informe en el que se declaraba que los expedientes cumplían formalmente los requisitos establecidos, y que la documentación aportada para justificar el cobro de las ayudas públicas parecía correcta.
De manera que, cuando el servicio de Diversificación Rural elevó su informe al consejero Esparza, éste lo firmó dando su conformidad al resultado de la investigación interna. “Se ha verificado que la documentación y los controles previos al pago se ajustan a lo establecido”, reza el informe. “La comprobación documental efectuada no pone de manifiesto indicios de delito ni una incorrecta obtención, destino o justificación de las subvenciones percibidas”, que sumaban en torno a los 150.000 euros.
Esparza no se conformó con estampar su firma en el resultado de esta investigación interna. Además, y “a los efectos oportunos”, decidió remitir el informe a la dirección del sindicato agrario, incluyendo en él la identidad de las extrabajadoras denunciantes.
El hecho de que en 2012 Esparza fuera conocedor de los hechos que ahora investiga la Guardia Civil y que, como máximo responsable de la investigación interna que llevó a cabo su departamento, no encontrase ningún indicio delictivo, es la constatación de que el hoy líder de UPN contribuyó a ocultar las supuestas irregularidades cometidas en el sindicato agrario para cobrar ayudas públicas. Así lo ve, al menos, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz: “Existe una responsabilidad en la gestión de UPN en el departamento de Desarrollo Rural y quien fue su titular”, señaló Araiz. “Si Esparza estuvo allí, investigó y no se enteró de nada, y luego resulta que han pasado cosas como la investigación, lo menos que podía hacer es dar una explicación pública clara”, exigió.
El resto de los portavoces políticos ha optado por la prudencia y por esperar a hacer valoraciones a que termine la investigación. Pero Bildu se ha lanzado de cabeza a las acusaciones contra el líder de UPN. “Esparza en estos momentos está deambulando en un tejado de cristal del que probablemente, algún día de estos, se caiga”. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, incorporaba a su elenco de acusaciones un nuevo asunto turbio que ocurrió bajo el mandato de Esparza: la ruinosa gestión de la planta de biogás de Ultzama que la Cámara de Comptos ha puesto en manos de la Fiscalía.
El consejero que defendía la planta de purines
El informe que Comptos ha remitido a los tribunales para que estos determinen si se cometió algún delito aprecia que la planta de biogás de Ultzama emitió una “doble facturación” por valor de 1,14 millones de euros para conseguir subvenciones públicas. Además, el órgano fiscalizador advierte sobre una “sobrefinanciación pública” del proyecto, ya que de los 4,56 millones que costó su construcción un total de 3,28 fueron desembolsados por las las arcas forales. También ha detectado Comptos el establecimiento de un “sistema de facturación cruzada” entre la adjudicataria de la planta, una segunda concesionaria y el Ayuntamiento de Ultzama, que solicitaba ayudas y justificaba pagos sin cargo a su presupuesto, pero “ingresando las cantidades” a la concesionaria. La planta estuvo en funcionamiento durante tres años y medio de forma autónoma, y un año más intervenida por el Ayuntamiento. El coste en dinero público puede rondar los 3,2 millones de euros.
Se da la circunstancia de que la alcaldía de Ultzama está actualmente en manos de Bildu, representada por Arantxa Martínez. Bildu ha sustituido en el cargo de primer edil de esta localidad a Patxi Pérez, alcalde por Agrupación Ultzama durante la construcción de la planta de biogás y actual concejal en el consistorio; y también director general de Administración Local bajo el mandato directo del entonces consejero y actual líder de UPN, Javier Esparza.
Cuando, en noviembre de 2014, los grupos de la oposición Bildu, Aralar e IU solicitaron la comparecencia urgente del consejero Esparza para que explicase la situación de la planta de biogás, sobre la que se auguraba un cierre inminente, el ahora líder de UPN hizo una cerrada defensa del proyecto: “Es bueno y da respuesta a una zona muy importante”, dijo en referencia a la solución que la planta de biogás suponía para la gestión de purines procedentes de 33 explotaciones agrarias. “Desconozco quién les ha comunicado este inminente cierre, porque yo creo que a día de hoy, de inminente nada, y de cierre tampoco”, repuso Esparza a las críticas de la oposición. 14 meses después, la planta cerraba.
Una comisión de investigación solicitada por Bildu examinará ahora “las responsabilidades políticas” de Esparza en este asunto. Adolfo Araiz ya adelantaba sus conclusiones: “Esparza tiene responsabilidad por dos hechos claros, primero por que avaló políticamente al ex alcalde de Ultzama cuando lo nombró director general de Administración Local y, en segundo lugar, por una comparecencia que realizó el 12 de noviembre de 2014 en la que fue capaz de llamarnos miserables a los parlamentarios por denunciar, pedir explicaciones y poner en cuestión esta planta”, ha denunciado.
En un repaso por el currículum de puestos de libre designación que ocupó el regionalista durante los diferentes gobiernos de UPN (al frente de la consejería de Desarrollo Rural, del Instituto Navarro del Deporte o del Servicio Navarro de Empleo), el portavoz de Bildu entiende que “a Esparza le persigue el Pabellón Arena, las sombras en UAGN, la planta de la Ultzama y los acuerdos entre UGT, CCOO y la CEN”. A falta de nuevos resultados en la comisión de investigación de Caja Navarra con los que acusar al “régimen”, el actual portavoz de EH Bildu se pertrecha de argumentos contra Esparza buceando en las más recientes investigaciones de supuestas irregularidades.