La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra) puede ser constitutiva de un delito de terrorismo. Así se lo ha trasladado a la jueza Carmen Lamela en un escrito en el que señala que este órgano debe ser el competente en la investigación.
“Se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública”, señala el informe, que considera terrorismo lo ocurrido según la nueva redacción del Código Penal en 2015.
Además de las actuaciones al Juzgado de Pamplona, la Fiscalía ha solicitado a la Guardia Civil que emita un informe “sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua”.
Para el Ministerio Público, hay “indicios que permiten apreciar la existencia de un posible delito de terrorismo” del artículo 573 del Código Penal, que castiga determinadas actuaciones que tienen como fin generar una grave alteración para la paz pública.
Campaña de hostigamiento desde Kas
Según la Fiscalía, la agresión se enmarca “dentro de la campaña de hostigamietno que sufren los agentes de la Guardia Civil en determinadas localidades del País Vasco y Navarra y, concretamente, en el presente caso, en la localidad de Alsasua”.
En su escrito, de tres páginas, el fiscal José Perals alude a la Alternativa KAS (programa político diseñado por la Koordinadora Abertzale Sozialista en los años 80) y a una de sus imposiciones: “la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil” .
También alude el fiscal Perals a la sentencia de 1997 que condenó a la Mesa Nacional de HB y que incluía entre los hechos probados que una de las condiciones de ETA para abandonar las armas era “la amnistía general e incondicional” y “la segunda condición es la salida de las Fuerzas Armadas españolas”.