La factura, con fecha del 12 de marzo de este año, tiene un membrete de la Unidad de Facturación del Complejo Hospitalario de Navarra. Su destinatario, un hijo de un inmigrante sin documentación que acudió al centro tras sufrir un ictus y, desgraciadamente, falleció. El concepto a cobrar, 10.264 euros por, según se lee en la carta enviada, los “procesos hospitalarios con ingreso en Medicina Intensiva A”. Este es uno de los documentos que esgrime Médicos del Mundo para denunciar que a los inmigrantes en situación irregular que acuden al Servicio Navarro de Salud les llegan facturas tras ser atendidos. La ONG pretende responder así a las palabras de la consejera navarra de Sanidad, Marta Vera, que este jueves aseguró en el Pleno que “es rotundamente falso que se estén emitiendo facturas” a inmigrantes irregulares.
En concreto, la representante del Ejecutivo aseguró que “lo que se hace cuando llega una persona a Urgencias es pedirles sus datos y su cobertura sanitaria, y si es un inmigrantes sin recursos y en situación irregular, la prefactura se rompe. No se emiten facturas”.
Esta situación choca con las alertas realizadas por diversos colectivos sociales, como Médicos del Mundo, que aseguran que en Navarra hay desatención a personas inmigrantes sin papeles, que se les enseñan los posibles costes de esta atención al acudir a los centros y que, en algunos casos que tienen registrados (porque temen que hayan sido más), les ha llegado esta factura. El caso mencionado, con fecha de marzo, resulta especialmente llamativo porque se trata, como ya explicó eldiarionorte Navarra, de una carta enviada a un hijo cuyo padre en situación administrativa irregular, tras sufrir un ictus y pasar varios días en Cuidados Intensivos, falleció.
La entidad insiste en que este es el último caso del que tiene constancia. El anterior se remonta a junio de 2013, cuando una persona sin los papeles en regla acudió a Urgencias del Hospital de Navarra; el 27 de enero de este año, le llegó una factura por 121 euros y el aviso de que, si no la abonaba, se le reclamaría vía apremio. En ambos casos, los afectados no pagaron por carecer de recursos, y acudieron a una entidad como Médicos del Mundo, que tras las pertinentes gestiones, en el trabajador o trabajadora social del hospital o del centro de salud, se consiguió anular la factura. En conjunto, Médicos del Mundo ha denunciado que este año ha registrado al menos nueve casos de inmigrantes con problemas al acudir al médico.
Sin embargo, desde la asociación temen que haya habido más ejemplos similares pero que los afectados no los hayan denunciado o no hayan buscado ayuda, con el consiguiente miedo a no ser atendidos si acuden a un centro sanitario. La presidenta de la entidad en Navarra, Yolanda Rodríguez, ya afirmó recientemente que se trata de una medida que se realice con intención de cobrarla, pero sí con un efecto disuasorio, para evitar que estos atendidos vuelvan al sistema. Y, sin embargo, tras las decisiones judiciales (una ley foral garantizó la asistencia sanitaria gratuita pública, el Gobierno central la recurrió y el Constitucional, finalmente, levantó parcialmente esa suspensión), en la actualidad en Navarra “cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, puede tener tarjeta sanitaria si tiene el padrón”.
De Urgencias a la trabajadora social
Según fuentes de la plantilla de Urgencias, el sistema habitual al actuar cuando una persona sin tarjeta acude al centro, independientemente de si es inmigrante o no, es que se le facilite una hoja en las que se le advierte que tiene diez días de plazo para acreditar si tiene un seguro público o privado y, tras ser atendidos, se les deriva al centro de salud para que hablen que el trabajador o trabajadora social. Vera también ha defendido que este es el sistema habitual, pero eso no explica por qué han acabado produciéndose facturas como la mostrada por Médicos del Mundo Navarra.
No es la primera vez, en cualquier caso, que la ONG y el Gobierno Foral tienen diferencias sobre este tema. Médicos del Mundo ya denunció ante el Parlamento foral en enero de este año (como se recoge en este artículo de Diario de Noticias), antes de la decisión del Constitucional, que había habido facturas a personas en situación administrativa irregular.
(Edición actualizada).