El Parlamento navarro ha conocido este lunes que la Unión Europea (UE) ha solicitado información sobre la actividad económica de Osasuna, la titularidad y gestión de El Sadar, los arreglos y propósito de la garantía estatal concedida en virtud de la Ley foral 1/2003, el impacto de la Ley foral aprobada el pasado mes de noviembre y el efecto en la competencia entre Estados miembros. Es decir, que Europa investigará a fondo si la ley que ha reesturado la deuda de Osasuna con las arcas públicas es legal o supone una ayuda de Estado encubierta que atenta directamente a la libre copetencia y la igualdad de oportunidades.
En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha señalado que “ya hubo portavoces aquí que pedían a gritos que Bruselas nos investigara y lo han conseguido”, aunque después de lanzar la excusa velada ha matizado que no quería decir que “la denuncia sea de quien lo anunció”. Además, el portavoz conservador ha defendido que la ley aprobada se “ajusta al ordenamiento jurídico” aunque en vez de mostrar confianza plena se ha quedado en desear que todo vaya bien declarando: “esperemos que lo de Bruselas no pase de pedir la información”.
El socialista Juan José Lizarbe ha explicado que, tras la petición de la UE, “el Parlamento tiene que remitir el contenido de la ley aprobada”. En este caso, sí se ha mostrado “convencido” de la “legalidad” de esta situación y ha valorado que “permite que Osasuna siga y establece la posibilidad de recuperar las cantidades adeudadas”. Desde Bildu, Bakartxo Ruiz ha indicado que esta petición de la UE es “una consecuencia directa de la irresponsabilidad y de la desidia que ha mostrado el Gobierno de Navarra en este asunto” y ha criticado que el Ejecutivo “se ha negado a emitir ningún tipo de informe jurídico”. Mientras que la parlamentaria de Aralar-NaBai Asun Fernández de Garaialde ha rechazado igualmente que “no hay ningún informe jurídico por parte del Gobierno”. Ha calificado de “irresponsable” al Ejecutivo, que “se ha negado a hacer una ley con garantías legales”.
Ana Beltrán, del Partido Popular, ha mostrado cautela al indicar que la UE “requiere al Parlamento que le envíe cierta información y primero hay que enviarla para que después se pronuncie”. “Valoraremos después de ver qué decide”, ha dicho. Por su parte, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha señalado que “es curioso que ahora el Parlamento de Navarra tiene que presentarse en este expediente y solos porque el Gobierno foral ni está ni va a estar”. Ha censurado también que la ley se aprobara sin informes del Ejecutivo. Y, por último, el parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi ha manifestado que van a ser “cautos” en este asunto. “Nosotros presentamos la otra proposición de ley distinta, que fue rechazada, y planteábamos un informe jurídico por parte del Gobierno porque teníamos dudas”, ha dicho.