¿Si estuviera en su mano salvar a Osasuna de su desaparición, lo haría? ¿Aunque las condiciones para reestructurar la deuda, de 53 millones, no fueran ventajosas para usted? Parece difícil separar las razones sentimentales de la ley que el Parlamento foral aprobó el pasado 27 de noviembre, con los votos a favor de UPN, PSN y PPN, y la oposición de Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda Ezkerra y Geroa Bai. Las formaciones contrarias a la ley la consideran una norma de trazo grueso, que no concreta medidas como las campañas publicitarias que realizará el Gobierno con el club para compensar parte de esta deuda, que plantea una dación en pago con unas instalaciones que, en principio, solo usará Osasuna, y que se ha hecho con una ley ad hoc, creada solo para el club de fútbol y que puede generar agravios comparativos con otras empresas en apuros. Incluso, quienes critican la ley ya auguran problemas con Europa, un temor acrecentado tras el anuncio por parte del Gobierno Foral, recogido por Diario de Navarra, de que la Comisión Europea ha pedido más información en torno a los planes sobre el club, aunque en este caso por la ley aprobada en 2003 que concedía un aval de 18 millones a Osasuna.
Preguntados por estas dudas, desde el Departamento foral de Hacienda responden que la norma, por el momento, no ha entrado en vigor al no haberse publicado en el Boletín Oficial de Navarra, pero que el Gobierno se limitará a aplicar la ley en los términos en que ha sido redactada. Lo que cabe preguntarse es si este es el sistema habitual, o si al final se ha aprobado una norma por el apremio de salvar a Osasuna de su desaparición y la posibilidad de un concurso de acreedores. Eso sí, la ley permite este tipo de rescates, y de hecho la norma aprobada pone en valor el “arraigo social” del club (fundado en 1920); otra cuestión es la letra pequeña, la concreción de estas medidas, y ahí es donde las críticas crecen.
Las condiciones básicas de la ley ya se conocen. La deuda se soluciona con una dación en pago mediante la que el Gobierno asume los bienes del club, como El Sadar y Tajonar, y le concede un aval de 4 millones en 15 años para, según recoge el Parlamento de Navarra, garantizar las operaciones de crédito o préstamo que precise a corto plazo para financiar su actividad. Todavía, no obstante, no hay acuerdo en la tasación de esos bienes inmuebles, por lo que queda pendiente resolver qué pasa con el resto de la deuda, que podrá abonarse con una moratoria de tres años sin intereses y un aplazamiento no superior a 30 años. Para ello se contemplan tres recursos: el cobro del 25% de los derechos audiovisuales, el 25% de los traspasos de los futbolistas y el 100% de las cantidades de patrocinio del Gobierno.
Para el parlamentario de Izquierda Ezkerra, Txema Mauleón, resulta “insólito” que estas condiciones hayan sido acordadas con la otra parte, la gestora del club rojillo, porque “en una dación en pago, si se valoran los bienes, eso no se hace con el perjudicado”. Por su parte, el representante de Geroa Bai Manu Ayerdi cuestiona que esta ley haya avanzado en el propio Parlamento, y no en el Gobierno Foral, y que se haya hecho prácticamente sin garantías, sin un informe jurídico que asegura la legalidad de la operación ni otro económico financiero.
Para el representante de Bildu Bikendi Barea, otra de las razones para la oposición al proyecto es su “oscurantismo”. Sus impulsores reconocen que faltan asuntos a los que dar forma. No se han concretado, por ejemplo, cómo serán esas campañas institucionales por las que el Gobierno no pagará nada, si se volverá a cambiar el nombre al estadio (ahora es el Sadar, antes fue Reyno de Navarra), si colocará su nombre en las camisetas o en cuánto se estima el valor de estas campañas. No obstante, incluso entre quienes se oponen a la ley este es un asunto menor, cuando instalaciones como El Sadar o Tajonar ya han pasado a ser de titularidad pública.
El uso de las instalaciones
¿Quiere eso decir que otros clubes deportivos podrían alquilar estos recintos? El consejero responsable del área de Deportes, Íñigo Alli, aclaró esta semana en Pleno que no, que la prioridad es de Osasuna, que por el alquiler de Tajonar abona 75.000 euros al año si está en Segunda y 150.000 si asciende a Primera; sobre el uso del Sadar, el club únicamente debe hacerse cargo de su mantenimiento. Por el momento, la Federación Navarra de Rugby ya se ha dirigido por carta a la presidenta, Yolanda Barcina, para solicitarle el alquiler de uno de los ocho campos de Tajonar. No ha habido respuesta. El presidente de la federación, Javier Lorente, que calcula que la federación se gasta unos 30.000 euros al año en el alquiler de un campo como el de Tajonar, habla directamente de un “agravio comparativo”.
Quienes han defendido esta norma han asegurado que era la mejor forma de que el Gobierno se asegurase ese cobro y permitiera la pervivencia del club. Quienes se oponen, aclaran que no están en contra de Osasuna, pero sí de la forma en que se ha realizado esta ley, y auguran que el tema dista mucho de estar cerrado. Hablan prácticamente de un cheque en blanco, se preguntan quiénes son los responsables de que un club acumule tal nivel de deduda y recuerdan que si la Comisión Europea, por ejemplo, ya investiga los beneficios que puede suponer para Osasuna haber recibido en 2003 un aval de 18 millones (una cuestión por la que ya se ha solicitado información al Gobierno de Navarra tras una denuncia anónima en Bruselas) o ser sociedad anónima (un caso que también afecta a Real Madrid, Barça o Athletic), esta norma supera con mucho a esos casos.