La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que se solidariza con los trabajadores y familias de la empresa Faurecia de Burlada, tras el anuncio de cese de actividad en la compañía. Además, la Cámara pide al Gobierno de Navarra que “se implique para conseguir el mantenimiento de la actividad”.
La declaración aprobada por unanimidad ha sido propuesta en dos textos, uno por los grupos Bildu y Aralar-NaBai, y otro por el Partido Socialista.
A través de la declaración, la Cámara considera “necesario” que el Ejecutivo foral “se implique real y absolutamente en la resolución del conflicto laboral, para conseguir el mantenimiento de la actividad de la compañía en Burlada y el mantenimiento de los puestos de trabajo, y, no tan solo, la solución de recolocación del 20% del total de la plantilla”.
Asimismo, el Legislativo apela a la “responsabilidad” de la empresa ICF para “el mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad de la empresa en Burlada”.
Además de la aprobación de esta declaración institucional, la Mesa y Junta han admitido a trámite la solicitud de Bildu, Aralar-NaBai e I-E para que representantes del comité de empresa de Faurecia informen en la Cámara sobre la situación laboral en la que se encuentra la plantilla y sobre posibles soluciones para mantener la actividad y el empleo.
Tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el socialista Santos Cerdán ha demandado al Ejecutivo foral que “haga todo el trabajo posible para mantener los puestos de trabajo”, al igual que Maiorga Ramírez, de Bildu, que también ha requerido al Gobierno una actuación “decidida” para “salvaguardar los empleos”.
Por su parte, Patxi Zabaleta, de Aralar-NaBai, ha defendido que el Parlamento “no puede quedarse sin tratar de hacer algo cuando suceden este tipo de cuestiones”, mientras que José Miguel Nuin, de I-E, ha considerado que este tipo de casos cuestiona “el discurso pomposo por parte de los responsables políticos sobre el crecimiento económico”.
Finalmente, Manu Ayerdi, de Geroa Bai, ha lamentado que “haya casi 200 familias navarras afectadas por una decisión tomada desde fuera” y ha mostrado su apoyo a los trabajadores.