El Parlamento foral quiere que el Gobierno haga memoria. Y cuanto antes. La Mesa y la Junta de Portavoces han acordado este lunes pedir al Gobierno Foral que avance en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en general y, en concreto, en la supresión de los reconocimientos públicos otorgados a personas vinculadas al Franquismo. Navarra aún cuenta con más de una decena, incluido Francisco Franco. La forma de hacerlo es a través de una declaración institucional, propuesta por Izquierda-Ezkerra, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PPN, que se ha abstenido. Pero, más que este posicionamiento (los populares insisten en su argumento de no reabrir heridas), ha destacado el apoyo de UPN. Aunque su portavoz parlamentario, Carlos García Adanero, ha descartado que se trate de un tirón de orejas a su propio gabinete, al justificar que ha apoyado la medida porque pide que se cumpla una ley, algo que, en su opinión, “ya se está haciendo”.
Es más, el representante regionalista ha respondido, en declaraciones a eldiarionorte Navarra, que hasta el momento los grupos de la oposición han intentado pintar un escenario que no se corresponde con la realidad, que es que la ley se está incumpliendo. El Parlamento ya luce, por ejemplo, una placa en honor a los cargos electos asesinados en 1936, pero los grupos también han debatido sobre varios símbolos vinculados al Franquismo que perviven en la actualidad, como la reciente concesión de la Medalla de Oro a personas vinculadas en su día al Régimen como Félix Huarte y Miguel Javier Urmeneta, y que Franco siga ostentando esta misma medalla.
Preguntando por esta cuestión, García Adanero repite las declaraciones realizadas por el vicepresidente y consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien aseguró que el Gobierno “no regateará” con el cumplimiento de una ley, aprobada en 2013, que entre otras cuestiones contempla que se eliminen símbolos (como la mencionada medalla a Franco) o que el Gobierno Foral asuma la financiación de las investigaciones de fosas. Sobre el primero, García Adanero alega que revocar una distinción que en su día hizo la propia institución (un paso que ya se dio en el Ayuntamiento de Pamplona) no es tan sencillo y que se sigue buscando la mejor fórmula. Para responder a la segunda, un tema de actualidad después de que la asociación de familiares de fusilados affna36 denunciara que el Gobierno había “negado” la ayuda para el análisis de diez cuerpos hallados en la sima del Raso (Urbasa), el portavoz de UPN emplaza a la comparecencia que se ha tramitado junto a la declaración institucional, y que insta al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, a dar explicaciones sobre el cumplimiento de la ley de memoria.
La falta de avances en este tema es el que, precisamente, se denuncia a través de esa declaración institucional, que no obstante es lo suficientemente abierta (habla de cumplir la ley, respetando sus plazos y avanzando en sus propuestas, algo difícilmente discutible) como para haber ganado el apoyo del partido del gobierno. A este respecto, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha valorado el respaldo de todos los grupos salvo el PPN, pero ha insistido en que esta sintonía debería servir para que haya medidas que se corrijan “de forma inmediata”.
Un largo listado
Nuin ha recordado que la comunidad aún tiene una “galería de monstruos”, entre cargos militares, religiosos o simplemente afines al régimen, que recibieron algún tipo de reconocimiento entre 1936 y 1975, según ha reconocido de forma oficial el propio Gobierno. Como hijos predilectos, destacan los generales José Solchaga y José Iruretagoyena, así como Tomás Domínguez (conde de Rodezno), Manuel Arce o Luis Arellano. Entre los hijos adoptivos, por su parte, se encuentran los generales Francisco García, Rafael García y Ricardo Rada, el teniente general Luis Orgaz y Yoldi, así como Federico García o el obispo Marcelino Olaechea.
El nivel de distinciones es tal que, junto a la falta de financiación de las exhumaciones y otros retrasos, Nuin considera que, a diferencia de García Adanero, el Gobierno de Navarra no está precisamente siendo “diligente” a la hora de cumplir la ley. Este miércoles habrá una nueva oportunidad para conocer las posturas de cada grupo: la comisión de Presidencia tiene previsto debatir sobre si deben prohibirse las misas que, cada mes, se celebran en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona en honor al alzamiento de Mola.