Un presunto delito de apropiación indebida, societario y falsedad documental. Estas son las acusaciones que, de entrada, podrían afrontar los responsables del caso Osasuna si se confirman las sospechas que envuelven al club rojillo y que apuntan sobre todo a la anterior junta, presidida por Miguel Archanco. El actual presidente del club, Luis Sabalza, había presentado esta mañana una denuncia por la desaparición de dinero de las cuentas cuyo destino se desconoce, en principio 2,41 millones, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decidido ampliar esta investigación. En concreto, ha pedido a la Policía Judicial que averigüe a dónde fueron a parar 3,76 millones “extraídos” del club.
La investigación en torno a Osasuna, la posible compra de hasta cuatro partidos (destapada por el diario Marca) y el uso indebido de sus cuentas sigue ampliándose. La actual Junta Directiva ya había anunciado este jueves su decisión de denunciar este caso tras conocer una auditoría facilitada por la Liga de Fútbol Profesional. Hasta este momento, se hablaba de la desaparición, sin conocer su destino, de 2.416.611 euros de las cuentas del club. El caso se ha puesto en manos del juzgado de guardia, que ha pedido a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, correspondiente al Cuerpo Nacional de Policía, que se ponga en marcha “a la mayor brevedad” para esclarecer el destino de hasta 3.761.611 euros.
En el auto, según han apuntado fuentes judiciales, el juez da luz verde a la investigación al considerar que los hechos denunciados por el presidente del club (Sabalza siempre ha insistido en su colaboración en este caso, así como con la LFP) pueden ser constitutivos por los menos de unos presuntos delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental.
Estas sospechas en torno a la compra de partidos sigue ganando peso especialmente después de que el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, reconociera en una entrevista en la Cadena Ser que está colaborando con la LFP para esclarecer este caso. Ante la Liga, según informaciones de diversos medios, Vizcay habría admitido que se reunió presuntamente con dos jugadores del Betis (Jordi Figueras y Antonio Amaya, que ha negado haber participado en amaños de partidos) para ofrecerles primas por ganar al Valladolid y por, más adelante, dejarse ganar en El Sadar.
Agentes y servicios sin identificar
En cuanto a las cuentas de Osasuna, el juez ha centrado su mirada en varias operaciones. Primero, quiere aclarar la “finalidad real” de los pagos efectuados por valor de 900.000 euros, con fecha 1 de junio de 2013, a dos personas, que ya fueron identificadas por el diario AS como agentes inmobiliarios: Cristina Valencia y Alberto Nolla. Además, también quiere conocer la identidad del presunto “agente deportivo” que, en diciembre de 2011 (en esa fecha, el club estaba presidido todavía por Pachi Izco), percibió 76.611 euros. Hasta el momento, en diversos medios de comunicación se le ha identificado como López.
Otra operación mencionada por el juez en el auto es el contrato rubricado el 1 de julio de 2013 entre la firma portuguesa Flefield-Consultadora Economica e Investimentos Sociedade Unipessoal y Osasuna, por el que esta sociedad recibió en 2014 un total de 1.440.000 euros. El magistrado se pregunta qué servicios recibió a cambio el club.
Por último, el magistrado también pide a la Policía que aclaré qué personas extrajeron de las cuentas del club 1.345.000 euros en efectivo entre noviembre de 2013 y junio de 2014, así como cuál fue la finalidad de esas partidas.
El juez, además, espera que la LFP facilite al Juzgado las comunicaciones remitidas por el Consejo Superior de Deportes que se mencionan en la auditoría y que, a la postre, resultaron claves para encargar este informe. Los autores de esta auditoría tendrán que ratificarse en su contenido ante el juez en principio el próximo 2 de marzo a las 12:30 horas.