“Con esta sentencia, el alto tribunal anula el último obstáculo del Gobierno de UPN para hacer efectiva la prestación en la red sanitaria pública del derecho de todas las mujeres navarras a la interrupción voluntaria del embarazo. UPN ya no tiene ninguna excusa y sólo le queda cumplir la ley sin más demora”, ha declarado María Chivite, senadora y exparlamentaria foral, que en 2010 defendió el proyecto de ley en su condición de portavoz socialista de Salud.
“La constitucionalidad de este registro es un paso más en el avance hacia el reconocimiento de este derecho legal de las mujeres, así como de su prestación gratuita dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, avance en la consolidación de derechos sociales al que se ha sumado la retirada reciente de la contrarreforma del aborto por parte del PP”, ha añadido en un comunicado.
Chivite ha recordado que el objetivo de este recurso “no es otro que garantizar a las mujeres navarras el acceso y la calidad asistencial en la prestación de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, así como también regular el derecho de los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia”.
Finalmente, ha explicado que el PSN impulsó esta ley porque “es necesario que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea conozca si sus profesionales son objetores, al objeto de poder facilitar la organización de los recursos de cara a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública”.