Las sanciones vinculadas a la Ley de Símbolos han dividido en dos al Parlamento de Navarra. Y eso a pesar de que ambas partes están de acuerdo en que la norma que permite congelar las ayudas a aquellos consistorios que incumplan la ley tiene que ser corregida. Pero esas dos partes no coinciden en hasta qué punto. Por un lado, UPN, PSN y PP reconocen que los cambios introducidos durante esta legislatura podía obligar a los ayuntamientos a, por ejemplo, lucir las banderas oficiales en todos los edificios municipales, por lo que estas infracciones deben concretarse más, pero manteniendo el espíritu original de la norma. Por otro, grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra o Geroa Bai insisten en que estos errores demuestran que la Ley de Símbolos nunca debió hacerse y, por ello, debe ser retirada. En su totalidad.
Ayer, estas diferencias volvieron a ponerse en evidencia en la Junta de Portavoces. Regionalistas, socialistas y ‘populares’ están de sintonía para modificar la norma que regula las compensaciones a los ayuntamientos por los sueldos de los cargos públicos, que es de donde, con la ley en la mano, se realizan las congelaciones (este año se han reservado en torno a 5,2 millones) por incumplimientos en la Ley de Símbolos o en la de Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, grupos como Bildu, Aralar o Izquierda-Ezkerra han denunciado con insistencia que estas sanciones generan situaciones absurdas, ya que pueden obligar a colocar las banderas oficiales (la europea, la española, la navarra y la de la localidad correspondiente) en todos los edificios municipales. Incluso en los cementerios. De ahí que muchos consistorios la hayan incumplido.
El consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, reconoció la semana pasada estos inconvenientes y, por ello, adelantó que desde el 1 de enero de 2015 se aplicaría otro sistema, que concretara más los incumplimientos: en concreto, solo se sancionaría a quien en la fachada del ayuntamiento no colocara las banderas oficiales o bien que usara otras no oficiales. No obstante, para que no siguieran aplicándose las sanciones hasta entonces, desde el Gobierno Foral se apostó por una solución de urgencia, una iniciativa que mejorara durante este ejercicio el cumplimiento de la norma. Pero, por un formalismo, esta modificación no pudo tramitarse en el pasado pleno.
Y, ahora, la situación vuelve a plantearse. Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai insisten en criticar la obsesión de la Ley de Símbolos contra la ikurriña, y cuestionan que UPN y PSN solo están preocupados porque hay consistorios gobernados por sus siglas que se ven afectados por la congelación. Además, dudan que el cambio se pueda tramitar como está planteado. “Es un chandrío”, “no nos vale un parche” o “nunca debería haberse realizado” son algunas de las valoraciones de estos grupos. Desde el PP, mientras, defienden que debe mantenerse una ley que, en definitiva, castiga los “continuos incumplimientos” de ciertos consistorios en materia de banderas. Esta postura, la de PP, PSN y UPN es la que parte con más visos de prosperar, aunque de aprobarse demostrará que, incluso en algunos temas en los que hay acuerdo, en realidad no lo hay.