“El ahorro viene de la unificación de cocinas y del sistema de producción, no de la gestión externa”. Esta es la conclusión a la que llega la Cámara de Comptos al analizar en profundidad la gestión por parte de Mediterránea de Catering del servicio de comidas del Complejo Hospitalario de Navarra. En el informe se concluye que si el Servicio Navarro de Salud hubiera gestionado las comidas con las mejoras recomendadas puestas en marcha por la empresa privada, el ahorro habría sido de 667.640 euros respecto a lo que están pagando a MC.
Los grupos de la oposición consideran que este informe “ratifica” lo que ya habían denunciado: que el servicio privado no podía resultar más barato que la gestión directa. PSN, Bildu, Aralar, Izquierda–Ezkerra y Geroa Bai coinciden en señalar que es un “escándalo” haber privatizado el servicio para que resulte “más caro y de menor calidad” que cuando lo gestionaba el propio Servicio Navarro de Salud.
Todos los grupos de la oposición, excepto el PPN, han solicitado la comparecencia del Preseidente de la Cámara de Comptos en el Parlamento para explicar con detalle el informe. Además, algunos grupos han solicitado también la comparecencia de la Consejera Marta Vera. Geroa Bai e Izquierda Ezkerra han dado un paso más y han pedido de nuevo la dimisión de Vera, al considerar un “escándalo” los resultados de este informe, así como valorar que “sabía lo que iba a pasar e hizo caso omiso”. Estas comparecencias no tendrán lugar hasta septiembre debido al parón en la actividad parlamentaria durante el verano. Por otro lado, Izquierda–Ezkerra ha presentado una moción para que el Gobierno revierta la gestión de las comidas en el sistema público como se hacía hasta 2012, una demanda que también realiza Geroa Bai.
El PSN ha solicitado la comparecencia del Presidente de la Cámara de Comptos para que “explique al por menor los detalles del informe”, detalla Samuel Caro. “El proceso de externalización, lejos de tener saldo positivo, ha tenido saldo negativo”. El partido socialista considera que “incluso puede haber engaño” ya que los datos arrojados por este informe no coinciden con lo que el Gobierno de Navarra trasladó al Parlamento en otro informe que avalaba la privatización. Quieren esperar a la comparecencia del responsable de Comptos para que clarifique las circunstancias del documento y poder compararlas con el elaborado por el ejecutivo foral. “Si se confirma que ha habido engaño por parte del Gobierno de Navarra” se sumarán a la petición de dimisión de la Consejera de Salud, Marta Vera.
Bildu, Aralar -Nafarroa Bai-, fueron quienes solicitaron el informe. Desde estos grupos, Bakartxo Ruiz considera que se “confirma que la privatización del servicio no está justificada por el ahorro ya que demuestra que el ahorro se debe a la unificación de las cocinas, la producción en frío y al despido de personal, no a que lo gestione una empresa privada”. Además, critica la “falta de claridad que dificulta el control de la calidad del servicio así como la falta de control en la facturación”. Además asegura que van a “estar pendientes de la renovación del contrato para que, efectivamente, se estudie si merece la pena o si es mejor la gestión propia del servicio”, como ha recomendado la Cámara de Comptos.
“Demoledor”
Por parte de Izquierda–Ezkerra, Marisa de Simón cree que el informe es “demoledor” para el Gobierno de Navarra porque “pone en evidencia lo que ya habían previsto el resto de grupos: un servicio más caro y de menor calidad”. Además, afirma que “echa por tierra todas las ventajas que la consejera ponía encima de la mesa con la privatización”. Desde esta formación reiteran su descontento con la consejera Marta Vera. “Hemos pedido su dimisión una y otra vez, y la volvemos a pedir”. Afirman que la gestión externa del servicio de comidas, “no solo no ha supuesto un ahorro sino que ha dejado muchos damnificados por el camino”.
También desde Geroa Bai piden que la consejera cese en su cargo al considerar las conclusiones del informe “escandalosas” porque “tras los incumplimientos por parte de la empresa, los errores e incidencias en las dietas y las miles de quejas, hayan supuesto un coste adicional de 670.000 euros”. Además han destacado la “frivolidad de UPN al jugar con un tema tan importante como la comida de los enfermos”.
El Gobierno de Navarra ha señalado que “respeta” las conclusiones del informe, en declaraciones a Europa Press, pero considera que no está basado en las “circunstancias reales” en las que se tomó la decisión de poner en marcha la privatización. El principal argumento del Ejecutivo Foral es que en aquel momento el gobierno no contaba el dinero necesario para poner en marcha las obras necesarias para unificar las cocinas. Argumento también criticado desde la oposición, que considera que “se podían haber buscado alternativas”.