¿Se imagina que las instituciones privaticen el servicio de inspección de Hacienda? Algo similar es lo que denuncia el grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra en Navarra, pero en este caso con el control económico vinculado a la Ley de Dependencia. La formación critica que, desde 2010 a la actualidad, el Gobierno Foral ha otorgado estas tareas a empresas privadas (dos diferentes, aunque una de ellas ha obtenido el contrato en dos ocasiones) que se han ocupado cada año de valorar la capacidad económica de las personas que solicitaban prestaciones por dependencia. Dado que se trata de una información sensible y clave para acceder a estas ayudas, desde la coalición consideran imprescindible que sea ofrecida por personal propio de la Administración.
El caso se conoció después de que una afectada recibiera una petición de información relacionada con la Dependencia firmada por una empresa privada. Al tratarse de datos que consideraba confidenciales, puso el grito en el cielo. En función de estas valoraciones de la capacidad económica de las personas solicitantes, se ajusta la cuantía de las prestaciones, un paso por tanto clave y que, según denuncia Izquierda-Ezkerra, no puede ser subcontratado.
Porque, según los datos que maneja el Departamento foral de Políticas Sociales, estas labores las realiza en la actualidad la empresa MM Consulting Financiero porque esto permite agilizar los plazos de concesión de las prestaciones y porque no ha sido posible aumentar la plantilla de economistas (los encargados de realizar estas valoraciones) de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP). Entre 2010 y 2011, estas labores también las realizó la propia MM Consulting Financiero (el contrato ascendió entonces a 86.862 euros, IVA incluido), en 2012 la sustituyó la Fundación Koine-Aequalitas (141.872 euros) y, este año, el contrato ha vuelto a recaer en la primera. La adjudicación para este año, prevista en alrededor de 152.902 euros, finalmente se cerró en 69.057.
“No hay excusas”
Sin embargo, desde Izquierda-Ezkerra lamentan las explicaciones aportadas por el Gobierno Foral, puesto que, mientras para este servicio alegan que no han podido contratar economistas, “recientemente se ha convocado una Oferta Pública de Empleo precisamente con ese perfil para inspectores de Hacienda”, apunta el parlamentario Txema Mauelón. Para este representante de Izquierda-Ezkerra, esto demuestra que para esta subcontratación “no hay excusas”, salvo que se trata de “una marca de la casa de UPN: la de intentar adelgazar al máximo la plantilla de la administración pública”.
Por ello, el grupo ha registrado este miércoles una moción en el Parlamento foral en la que exige, según se lee en el texto, que se contrate “de forma inmediata” por parte de la ANAP a personal suficiente para realizar estas tareas y de forma pública.