El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado este martes en una comisión parlamentaria que su partido llevará ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de las obras del proyecto de desdoblamiento del túnel de Belate, que se realizan para aumentar la seguridad de la carretera N-121-A que une a la comunidad foral con Francia a través de Irún. El líder de los regionalistas ha criticado la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de las obras y ha llegado a insinuar que la presidenta María Chivite favoreció a unos empresarios con los que había tenido una comida. Chivite ha defendido que la adjudicación de estos trabajos ha sido “la más transparente” que ha realizado el Ejecutivo foral.
El Departamento de Cohesión territorial que dirige Óscar Chivite, familiar de la presidenta, sacó a licitación pública la adjudicación de las obras para adaptar este túnel a la normativa europea del año 2004 que obliga a todos los túneles de más de 500 metros a contar con un segundo tubo para reducir el riesgo de accidentes. El concurso, al que se presentaron siete empresas, lo ganó una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, a quien se adjudicó las obras por un importe cercano a los 63 millones de euros. Sin embargo, de los ocho vocales de la mesa de contratación, tres votaron en contra y aseguraron que el proceso estuvo “viciado” porque, según apuntaron en un informe, el presidente de la mesa conocía los puntos de sus compañeros antes de poner los suyos. “Cualquiera puede comprobar en el cuadro de votos que está adjunto al informe de intervención que las puntuaciones otorgadas por el presidente de la mesa son homogéneas en muchas ocasiones con las de sus compañeros; no existe disparidad en los votos”, ha asegurado María Chivite al respecto.
El líder de la oposición, el presidente de UPN, Javier Esparza, sin embargo, ha criticado al Ejecutivo de Chivite de falta de “transparencia”. “Nunca antes un funcionario público, un secretario de la mesa de contratación, había enviado una carta al Parlamento para aclarar la comparecencia de un consejero, diciendo que se nos mintió y que se nos ocultó información. Es gravísimo, y lo dice un funcionario público, no lo dice ningún partido político”, ha aseverado.
Esparza, que ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía Anticorrpución, ha insinuado que Chivite favoreció a los empresarios de la UTE adjudicataria de las obras, con los que en 2020 mantuvo una comida. “¿En aquella comida se habló o no de esta obra? ¿Ha tenido otras comidas con el señor Antxon Alonso? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Quién le invitó a reunirse con el señor Alonso y por qué? ¿No le habrá sugerido las reuniones con Acciona o con el señor Alonso el señor Cerdán?”, ha cuestionado el líder regionalista.
La presidenta Chivite ha afeado las insinuaciones de Esparza, a quién ha retado a que la lleve a los tribunales. “Si está insinuando que en aquella comida adjudiqué las obras de los túneles, si eso es lo que está usted insinuando, señor Esparza, aclárelo, y si tiene una acusación que hacer, vaya a los juzgados y acúseme”.
Chivite también ha reprochado a Esparza y a UPN que durante sus 11 años en el Gobierno “no movieran ni un dedo” en la ejecución de las obras de adaptación a la normativa europea, que fijó un plazo de 15 años para el desdoblamiento de los túneles. “Fue ignorado por los gobiernos de UPN que durante más de 11 años estuvieron al frente de esta comunidad”, ha aseverado.
“Cuando llegamos al Gobierno en agosto de 2020 nos dimos cuenta de que el periodo de adaptación había caducado y de que la Comisión Europea nos había abierto un procedimiento de sanción por incumplir una normativa que tenían que haber cumplido los Gobiernos de UPN”, ha añadido.
Según ha explicado, las obras se prolongarán durante los próximos siete años. “Ojalá no haya complicaciones porque los siguiente que va a hacer la Unión Europea es obligarnos a cerrar el tráfico por los actuales túneles y sancionarnos con una multa”, ha lamentado. También ha apostillado que a finales de abril el Gobierno navarro ha sido citado en Bruselas para explicar “cara a cara por qué se está incumpliendo la normativa”.
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