Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha solicitado al Gobierno de Navarra todos los expedientes sancionadores, “de cualquier tipo y departamento”, enviados a la empresa Oleofat después de que este periódico publicase que el Departamento de Medio Ambiente haya propuesto multar con 30.000 euros a esta empresa dedicada a la valorización de residuos de aceites y grasas por una infracción “grave” desde el punto de vista de la normativa ambiental, al trasladar a la plata de Ecofert Sansoian situada en Artajona “grasas y aceites” como si fueran “lodos”, cuando esta planta no tiene licencia para recibir líquidos.
Ha sido el parlamentario Miguel Bujanda quien ha registrado en el Parlamento foral la solicitud de información. En ella, reclama que se le remitan todos los expedientes que el Ejecutivo foral haya enviado a la empresa Oleofat “en cualquiera de sus factorías en Tudela y Estracte Lur biodiesel Caparroso y Eco Generación Cabanillas”. UPN, partido que lidera la oposición al Gobierno de la socialista María Chivite, también ha solicitado la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, de Geroa Bai (coalición de PNV y Socialverdes) para que exponga la situación sobre el envío de residuos de esta empresa a Artajona, que se celebrará el próximo 28 de mayo. Según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es, se trata de casi 14.000 toneladas de residuos enviados entre los años 2022 y 2023.
En los informes elaborados por Medio Ambiente, el Gobierno de Navarra explica que Oleofat ha generado un residuo llamado “concentrado de evaporador”, técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190809 pero que fue enviado a Artajona en camiones cisterna con el código 190814, el equivalente de “lodos” de tratamientos de aguas residuales. Oleofat tiene autorización para generar tanto los unos como los otros, pero Ecofert Sansoain no la tiene para recibir líquidos.
A este mismo problema se enfrenta por la llegada de 5.500 toneladas de lixiviados desde la planta de Zubieta el consorcio gestionado por la Diputación de Gipuzkoa GHK. Sobre este caso hay abierta una investigación penal en la que está incluido el presidente de GSK, el diputado foral de Medio Ambiente José Ignacio Asensio, del PSE-EE, porque se estima que además del posible delito ambiental pudo haberse cometido otro de falsedad documental al alterar el código de los lixiviados. El Gobierno de Navarra ha solicitado el cierre cautela de la planta Ecofert Sansoain de Artajona por la comisión de estas presuntas irregularidades.
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