El Gobierno regula los seguros obligatorios de responsabilidad civil para la organización de espectáculos
El Gobierno de Cantabria aprobó a mediados de la legislatura pasada una nueva Ley de Espectáculos que cubría un vacío legal que se había prolongado durante más de dos décadas, con una legislación “anacrónica y obsoleta”, según denunciaban desde el sector cultural, que ponía trabas y dificultaba la celebración de conciertos y actividades recreativas en locales de ocio. La nueva norma, sin embargo, no consiguió ningún apoyo por parte de la oposición en su tramitación parlamentaria y fue criticada por algunos promotores culturales y ayuntamientos por su poca concreción.
Pasados más de dos años desde su aprobación, y tras incorporar las sugerencias y consideraciones de la Federación de Municipios de Cantabria y del Consejo de Estado, el Gobierno de Cantabria ha aprobado este miércoles un nuevo decreto que regula, entre otras cosas, los seguros obligatorios de responsabilidad civil para la organización de espectáculos, establece las condiciones mínimas y puntualiza algunos aspectos que no quedaron recogidos explícitamente en la ley.
“Es una norma demandada por el sector y considerada como prioritaria por el Gobierno autonómico para dar seguridad y tranquilidad a organizadores y participantes en las actividades de ocio y recreativas que se organicen en Cantabria”, han asegurado desde la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior tras la celebración del Consejo de Gobierno semanal en el que se ha dado el visto bueno a este decreto.
Según precisan desde el departamento que dirige Paula Fernández (PRC), el decreto regula los requisitos del seguro obligatorio de responsabilidad civil que tienen que suscribir las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas, atendiendo al aforo del establecimiento donde se celebren, incluso en aquellos que se celebren en espacios abiertos cuyo aforo es indeterminado, fijando en este caso una cuantía mínima.
Del mismo modo, este desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria posibilita a partir de ahora la contratación de las pólizas de los seguros con franquicia, con el fin de abaratar su precio y facilitar la organización de los eventos, uno de los impedimentos con los que se habían encontrado algunas comisiones de fiestas y pequeños promotores para salvar los escollos económicos que ponía la nueva normativa.
Por otro lado, según confirman desde el Gobierno, “el decreto regula y clarifica el proceso de acreditación del cumplimiento de las cuestiones técnicas que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, evitar molestias al público asistente y a terceras personas, tanto en los establecimientos públicos e instalaciones portátiles, como en las actividades recreativas”.
Traslado a los municipios
A partir de ahora, en el caso de que un ayuntamiento no cuente con normas municipales propias en esta materia, se aplicará este decreto de forma supletoria. Durante semanas, la Consejería de Presidencia, como responsable de esta normativa, mantuvo encuentros de forma periódica con la totalidad de los municipios para “intercambiar experiencias” y “aclarar aspectos técnicos muy concretos” referidos a la contratación del seguro, al uso de pirotecnia, la identificación de organizadores y la documentación requerida para determinadas instalaciones portátiles y pruebas deportivas, entre otras cosas.
En este periodo, asociaciones de vecinos, organizaciones culturales, colectivos sociales y pequeños promotores habían denunciado cómo algunos de los aspectos más restrictivos de la ley alargaban los plazos, dificultaban la puesta en marcha de eventos en las calles y exigían unas condiciones económicas muy por encima de sus posibilidades, poniendo en peligro la continuidad de estos actos tradicionales que no cuentan con una estructura empresarial detrás para hacer frente a los gastos.
También en este tiempo se ha producido la situación más complicada, por su efecto mediático y por sus implicaciones económicas, como fue la cancelación del concierto del DJ David Guetta durante las fiestas de la Semana Grande de Santander en 2018. La falta de un seguro de cancelación por parte de los promotores del evento, la UTE formada por Delfuego Booking y Heart of Gold, provocó la quiebra de ambos, el impago a muchos de sus proveedores y la no devolución del precio de las entradas a los miles de asistentes que habían acudido esa noche a la campa de La Magdalena.
