El porqué de la polémica sobre la valoración del euskera como mérito en Navarra
La Comunidad foral de Navarra se divide en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas co-oficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. Por otra parte, en la zona no vascófona “se reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskera a las Administraciones Públicas de Navarra”.
Teniendo en cuenta la VI Encuesta Sociolingüística, realizada en 2016 entre unas 2000 personas mayores de 16 años en Navarra, un 12,9% de la población navarra se considera vascoparlante. Sin embargo, tan solo un 6,6% utiliza el euskera igual o más que el castellano. Entre los datos más contundentes que arroja la encuesta, cabría subrayar que el número de navarros bilingües en castellano y en euskera ha aumentado un 3,4% desde la primera encuesta (1991). En números redondos, puede decirse que en 1991 había unas 40.000 personas vascoparlantes en Navarra y que en 2016 había 69.000 (el 12,9% de la población). A estas cifras habría que sumar el colectivo denominado como “vascohablante pasivo”. Es decir, castellanoparlantes con nociones de euskera. Este grupo supone, según la encuesta, un 10,3% de la población; esto es, alrededor de 55.000 personas. Claro está que la realidad sociolingüística varía en función de las zonas. En la zona vascófona, más del 61% de la población emplea el euskera de forma intensiva; en la zona mixta, los vascohablantes suponen el 11,3%; y en la zona no vascófona, apenas suponen el 2,7%.
El euskera, anulado como mérito en las oposiciones
Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictaminado en tres sentencias (tras las consiguientes denuncias de Afapna, Satse y el Sindicato Médico de Navarra) la anulación de varios artículos del decreto foral del euskera relativos a la valoración de esta lengua como mérito en los puestos de trabajo sin perfil obligatorio de las zonas mixtas y no vascófonas, además de los puestos de los servicios centrales de la Administración a los que se acceda por concurso oposición. En total, ha anulado tres artículos completos y otros dos de manera parcial, y ha desestimado la petición de dichos sindicatos de anular completamente el decreto foral del euskera.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra entiende que los porcentajes de valoración de méritos que marcaba el decreto en estas zonas –de hasta el 7% en comparación con el resto de méritos y de hasta el 6% en la provisión de puestos por concurso de mérito– no valoraban de manera “individualizada, racional, proporcionada y adecuada” las necesidades del puesto y la realidad sociolingüística que debe atender cada trabajador. Asimismo, los magistrados consideran que no existe un informe que valore en su conjunto la realidad sociolingüística de Navarra y que justifique los porcentajes de valoración establecidos por este decreto.
Estas sentencias –contra las que cabe recurso de casación– no dictaminan que se prohíba valorar el euskera como mérito en las oposiciones, sino que considera ilegal que sea obligatorio considerarlo un mérito. Es decir, si la Administración justifica la necesidad del euskera en una plaza, en función de la zona lingüística y de las tareas a realizar, sí se podría considerar como mérito.
Sin embargo, esta decisión ha creado una paradoja, y es que, mientras que la Administración deberá justificar si el euskera es necesario o no para una plaza, otras lenguas extranjeras como el inglés, el francés o el alemán seguirán valorándose como méritos. Una circunstancia que, tal y como han denunciado algunos partidos políticos y colectivos, discrimina al euskera en favor de lenguas extranjeras. De hecho, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha presentado ante la Comisión Europea el contenido de esta sentencia para que la institución “dictamine si primar en las oposiciones en Navarra las lenguas extranjeras por encima del euskera es compatible con el respeto a la diversidad lingüística y cultural que consagra la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. En otras palabras, es posible que Bruselas se pronuncie sobre si esta resolución discrimina al euskera como lengua minoritaria de Navarra.
En otro orden de cosas, esta resolución también genera una gran inseguridad jurídica para el Gobierno de Navarra, porque aquellas personas que participaron en las oposiciones realizadas desde la aprobación de este decreto (2017) hasta ahora, podrían exigir que se revisasen las bases de esos procedimientos. A este respecto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya ha anunciado que aquellas personas que obtuvieron su plaza en procedimientos ya firmes y finalizados durante el periodo en el que ha estado en vigor esta normativa, tienen su puesto asegurado.
Ante la resolución del Tribunal Superior cabe recurso de casación, pero el Gobierno de Navarra no ha tomado una decisión al respecto. Por una parte, el PSN ya ha manifestado su voluntad de no recurrir la sentencia, no así Geroa Bai, para quien existen motivos de sobra para hacerlo. La tercera pata del Gobierno, Podemos-Ahal Dugu, es partidario de debatir si recurrir o no. Entre el resto de partidos políticos, las opiniones están divididas. EH Bildu e I-E consideran que hay que recurrirla, mientras que Navarra Suma está a favor de la resolución del Tribunal Superior.
En cualquier caso, el plazo para recurrir la sentencia termina el 12 de noviembre, dos días después de las próximas elecciones generales. Si el Gobierno no recurre, la sentencia devendrá firme. Si el Ejecutivo foral decide recurrir, dos de los sindicatos que iniciaron el trámite judicial –UGT y SPA– solicitarán que se ejecute el fallo de manera provisional. Así, los artículos en cuestión continuarán anulados hasta la resolución del recurso.
Comunicaciones de la Administración central
Por otra parte, estas resoluciones del Tribunal Superior también anulan la obligatoriedad de rotular en bilingüe todas las comunicaciones de la Administración central, tales como señales de la red viaria o folletos; así como los edificios o uniformes. Esto no quiere decir que en las zonas mixtas o no vascófonas se prohíba la doble rotulación, sino que ha dejado de ser obligatorio que se haga así y la decisión queda en manos de la institución que regule dicho término.
