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El sector oficial de Podemos acusa al crítico de pretender “un golpe de Estado”
Lejos de arreglarse, la división interna de Podemos Navarra va a peor. Los tres parlamentarios que se mantienen bajo la disciplina del partido -Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez- han acusado a los cuatro críticos -Laura Pérez, Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo- de dar un “golpe de Estado”, y han insistido en que son ellos los representantes “legítimos” de la formación morada, y no los “tránsfugas”. “Están interpretando el reglamento de la Cámara para llevar a cabo un fraude electoral y democrático”, ha asegurado Ainhoa Aznárez.
La también presidenta del Parlamento ha acusado a sus excompañeros de “hacer tambalear la presidencia (de la Cámara), y también el cambio, no solamente hoy sino en la próxima legislatura”. El parlamentario Mikel Buil ha recordado que llevan “mucho tiempo intentando solventar lo que parecían discrepancias organizativas, que no políticas”, y ha criticado que el partido tenga ahora “las cuentas bloqueadas” y “un intento de hurtar el nombre del grupo parlamentario a Podemos”. Ambos han llamado “tránsfugas” e “irresponsables” a los críticos.
“No estamos aquí para anunciar que vamos a romper el grupo parlamentario porque es una herramienta del cambio fundamental”, ha reconocido Buil, que considera un “fraude democrático” las pretensiones de sus rivales internos. “No queremos ser más la voz silenciada, queremos responsabilidades y entendemos comportamientos tránsfugas; los escaños son de Podemos”, ha remachado Tere Sáez.
“Fractura irremediable”
La respuesta de los críticos ha llegado poco después por boca de Carlos Couso, que ha anunciado que dan por “fracturado de manera irremediable” el grupo, al que prevén cambiarle el nombre porque “no hay una identificación con las direcciones del partido”.
Entrada ya la tarde, en un comunicado conjunto, los cuatro parlamentarios críticos (de los que Laura Pérez fue expulsada del partido y Rubén Velasco se ha dado de baja), han negado sentirse interpelados por las acusaciones de pretender un golpe de Estado, y han defendido “el proyecto de 2015, el acuerdo programático” y “resistir ante la deriva antidemocrática de la actual dirección navarra”, ya que responde a su “obligación de respetar el mandato popular que avalaron 46.000 votantes”.
“Tránsfuga es quien abandona sus principios y compromisos con la ciudadanía y los sustituye por su acomodamiento en el partido por intereses personales”, han añadido. Y han acusado también al sector oficial de “privar a la ciudadanía navarra de tomar sus propias decisiones” y de “eludir el debate de proyectos mediante la purga de la diferencia”.
Los críticos piden “retomar la senda del compromiso con el cambio”, ya que “frente a su institucionalización”, el compromiso debe ser con “la unidad del espacio político que ocupó Podemos y que la actual dirección ha fracturado”.