Lo de Alsasua no fue una trifulca (pelea) de bar

El escrito del fiscal de la Audiencia Nacional José Perals Calleja con la petición de penas muy abultadas para las ocho personas acusadas de la paliza a dos guardias civiles y sus novias el pasado 15 de octubre en Alsasua -por la que aún permanecen en prisión tres personas- ha desatado todo tipo de críticas, comentarios y 'tuits'.

Me he decidido a dar una opinión que pretende ser sosegada, ajena al tratamiento en caliente de este tipo de hechos, o a comentarios que habitualmente se deslizan por el camino del 'show mediático' y/o las comparaciones fantasiosas que no aguantan el algodón de la realidad o el trazo grueso que tan poco ayuda a contextualizar una paliza como la que sufrieron esa madrugada dos guardias civiles y sus novias (o acompañantes). Y ya entro en materia porque se trata de una paliza en toda regla -no voy a enumerar las lesiones, están recogida en los partes médicos- incluida la operación a la que se vio sometido uno de los guardias, el teniente, que tardó 92 días en curar sus heridas. El sargento tardó 53 días. Sus novias, Marijose y Pili, ambas 61 días. Los partes son datos objetivos, no una invención de determinada prensa siempre dispuesta a dar cobertura a cualquier operación mediática 'contra lo vasco'.

Desde que este caso saltó a los medios aquel fin de semana -pese a los vericuetos judiciales y de todo tipo que hemos conocido en estos meses- he mantenido siempre dos cosas: que lo de Alsasua no fue una trifulca de bar como esas que se producen todo los fines de semana en media Europa y que, además, albergaba serías dudas de que los hechos pudieran calificarse como un delito de terrorismo, aunque tienen un contexto político claro: la exigencia de que la Guardia Civil y la Policía Nacional abandonen el País Vasco y Navarra. Sigo pensando lo mismo.

Kontuz! Esa exigencia (el Alde Hemendik! o ¡Que se vayan!) no ha sido bandera exclusiva del movimiento político que nunca ha condenado el terrorismo de ETA. No me equivoco si afirmo que buena parte -la mayoría, me atrevería a sostener- del mundo electoral del PNV y de EA han gritado y cantado esa canción típica de las romerías de verano en Euskal Herria cuya letra dice eso de “que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan de una puta vez, que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan para no volver”. En alusión a los policías y los guardias civiles, claro.

La socialización del sufrimiento 

La sola visión de un tricornio durante muchos años -incluso en democracia- hacía palidecer a buena parte del mundo nacionalista, connivente o no con ETA. Pero con una diferencia diáfana entre ese mundo político y el de la izquierda abertzale que se ha negado historicamente a condenar el terrorismo de ETA (y lo sigue haciendo, escuchen a Arnaldo Otegi sus argumentos para no “bajarse los pantalones” a preguntas de Jordi Évole al poco de salir de la cárcel, cuando le muestra su negativa a condenar, hace justo ahora 20 años, el asesinato del edil popular en Ermua Miguel Ángel Blanco): la diferencia es que la gente de EA y del PNV nunca ha apoyado y menos aplaudido cuando los pistoleros etarras “ejecutaban” a los policías y guardias civiles a centenares durante muchos años en este país. Hasta que la socialización del sufrimiento -iniciada con un éxito inusitado con el asesinato, en enero de 1995, del dirigente del PP Gregorio Ordonéz, lo cambió todo en Euskadi (y sin duda, junto a otros muchos factores, aceleró el final del terror, sobre todo tras el asesinato del concejal de Ermua). Lo de gritar “ETA mátalos” en las calles de este país es patrimonio de unos y no de todos. Y la historia no os absolverá.

Al leer el escrito del fiscal me he detenido en algunas de las cosas que supuestamente gritaban los responsables de la paliza identificados y los que les acompañaban en el fragor de la desigual batalla. Sin duda desigual, independientemente de cuántas personas nutrieran aquella manada. Frases como estas: “cabrones, teníais que estar muertos. Dale más fuerte al puto perro guardia” o esta otra “al sargento torturador hay que detenerlo”, al tiempo que se propinaba una paliza que el fiscal describe con todo lujo de detalles, dan qué pensar. Hay más frases. No sé si realmente se pronunciaron. He llegado a leer 'tuits' en los que se apuntaba que difundir en nuestra información esa parte del escrito pretendía justificar las penas. ¡Qué barbaridad!

La vista oral servirá para separar el grano de la paja, la propaganda de la realidad. O debería servir para eso. Tal vez hubiera sido más adecuado jurídicamente haber tipificado como un delito de atentado contra la autoridad en concurso con otro de lesiones y amenazas. A buen seguro que la letrada Amaia Izko utilizará todas sus buenas artes -ya le ganó al Reino de España en el Tribunal de Estrasburgo en el caso de la Doctrina Parot- para contrarrestar la tesis de la Fiscalía y de la juez instructora, Carmen Lamela. El tiempo lo dirá. En todo caso, esos comportamientos (no terroristas) sí reflejan una cosa: el mantenimiento de una subcultura de la violencia que va a costar erradicar: en las calles o en las universidades, en los institutos o en cualquier otro lugar de Euskadi. Como dijo una vez acertadamente el director del Euskobarómetro, Paco Llera, “muerto el perro [ETA], no se ha acabado la rabia”. De ahí la importancia del relato (y bien lo sabe la izquierda abertzale que nunca ha condenado el terrorismo de ETA). 

Que conste, para que queda claro, que he combatido -incluso informativamente en mi trabajo, ahí esta la hemoroteca en el diario El País y ahora en este periódico- con firmeza democrática la tortura realizada por policías y guardias civiles en Euskadi. También en los años de plomo, con varios encontronazos con algún ministro del Interior de la época o gobernadores civiles. Mucho más si cabe la organización por parte del Estado de estructuras ilegales de 'guerra sucia' (aún me pregunto si hay alguna limpia) pagadas con dinero público como un atajo en la lucha antiterrorista, Una política inmoral que, ademas de crímenes horrendos (Lasa y Zabala y muchos más), solo ayudó a retrasar el final de ETA y debilitó y deslegitimó al Estado. Tampoco la historia absolverá ni al señor X, ni a las tramas de 'guerra sucia' que ya venían desde la etapa de la UCD y de Adolfo Suárez.

Aunque sí es cierto que la aplicación 'sui generis' de la legalidad con presos condenados por crímenes horribles de 'guerra sucia' (Enrique Rodríguez Galindo, entre otros) o directamente los indultos a torturadores. cocinados y aprobados en los Consejos de Ministros de Gobiernos del PSOE y del PP, han debilitado la percepción que muchos tienen de España como un Estado democrático y de derecho. Eso que el presidente del PNV Xabier Arzalluz decía al referirse a España como un país de “baja calidad democrática”.

Creo sinceramente que el Tribunal Supremo se equivocó -aunque lo hiciera por unanimidad- al señalar el caso de la brutal paliza de Alsasua como un delito de terrorismo que debía juzgarse en la Audiencia Nacional. Y también sostengo que las penas reflejadas en el escrito de acusación -en total, el fiscal solicita 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de la paliza y que les indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque- son desproporcionadas. ¿Por qué lo digo? Miren, ahora que la localidad guipuzcoana de Errenteria está de moda (lleva siendo noticia varios años en relación a las exitosas políticas de convivencia tras el final del terrorismo que allí está haciendo un alcalde de EH Bildu como Julen Mendoza) en la prensa vasca y la de más allá de Pancorbo, me ha venido a la cabeza Jon Ruiz Sagarna. Un ertzaina. Los viejos del lugar se acordarán.

Los mismos que querían echar a los 'txakurras' (perros) (o exterminarlos directamente), también se emplearon a fondo con los agentes de la Ertzaintza al grito de “Cipayo los días que te quedan son una cuenta atrás”, utilizando y modificando una palabra (txibato por cipayo, término despectivo con el que los radicales se referían a los ertzainas) de un verso de una famosísima canción de la época interpretada por el grupo navarro Kojon Prieto y lo Huajalotes. Primeros les señalaron, luego les hicieron pintadas, después les intentaron quemar vivos en sus furgonetas (como a Ruiz Sagarna y sus compañeros en su Errenteria) y finalmente también les asesinaron. Como a los policías, a los guardias, a los políticos, empresarios...

Jon Ruiz Sagarna, con quemaduras en el 55% de su cuerpo, está vivo para contarlo. Tuvo que someterse a innumerables operaciones tras el ataque con cócteles molotov llenos de ácido un 23 de marzo de 1995 en Errenteria. La voluntad de aquellos “chicos de la gasolina”, como imprudentemente les denominó en varias ocasiones Arzalluz a los alevines de terroristas, era matar. Los hechos no fueron juzgados en la Audiencia Nacional, sino en Euskadi. Los que lanzaron los 'pontxes' fueron condenados en primera instancia a seis años de cárcel cada uno: Unaí Erquis, de 24 años; Aitor García Sánchez y Jon González, ambos de 20. El fiscal pidió 335 años de prisión, y la acusación particular, 592 años.

Su esposa, Ana Arregi, dejó para la posteridad tras conocer la sentencia una reflexión que, 22 años después, aún sigue vigente: “Me gustaría que cualquiera de los tres, o de quienes aplauden estas burradas, reconociesen que lo que pasó está, simplemente mal. Que no merece la pena matar. Que no se puede domesticar a los demás con fuego. Que el odio no tiene sentido. Que hay que coger, a toda prisa, el primer tren que pase hacia la paz”. La sociedad vasca, mayoritariamente, hace tiempo que, no solo cogió ese tren, sino que lo conduce con mas éxito que su clase política. Y que el Gobierno de este país.