He manifestado mi opinión de manera reiterada, tanto en elDiario.es como en Ara, acerca de la apuesta que hizo Carles Puigdemont en diciembre de 2017 de cruzar la frontera y establecer su residencia en Bélgica. En el momento en que cruzó la frontera no existía ni siquiera una denuncia contra él ante la justicia española. Puigdemont era un ciudadano español en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los que está el “de entrar y salir libremente de España” (art. 19 de la Constitución). Siendo España un Estado miembro de la Unión Europea, Puigdemont tenía y tiene derecho a fijar su residencia en cualquiera de los Estados miembros de la Unión, sin que el ejercicio de tal derecho pueda calificarse como un acto de “rebeldía” frente a cualquier órgano judicial español.
Cuando “salió libremente” de España, Puigdemont no se eximía de la obligación de ponerse a disposición del Tribunal Supremo, en el caso de que este órgano judicial estimara que debía ser procesado por determinados delitos. Simplemente mediante el ejercicio del derecho a la defensa obligaba al Tribunal Supremo a convencer al órgano judicial del país que tuviera que dar ejecución a la orden de detención y entrega dictada contra él, de que Carles Puigdemont debía ser extraditado a España para ser juzgado por los delitos de los que se le acusaba en la mencionada orden.
Carles Puigdemont lo recuerda en la carta que está en el origen de este artículo: “he estado en una cárcel alemana y en otra italiana; he sido arrestado en una comisaría belga y he sido convocado por la policía antiterrorista francesa”. Obviamente en ejecución de la orden de detención cursada contra él por el juez instructor Pablo Llarena. En los seis años largos que ha estado en el extranjero, Carles Puigdemont ha estado permanentemente a disposición de la justicia española. Ha sido la incapacidad del juez instructor español de convencer a algún órgano judicial europeo de que Carles Puigdemont debía ser extraditado a España para ser juzgado por los delitos incluidos en la orden de detención y entrega, la que ha impedido que el Tribunal Supremo haya podido juzgarlo.
Para decirlo todo, hay que recordar que el Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein sí acordó la extradición de Carles Puigdemont para ser juzgado en España por el delito de malversación, pero no por los de rebelión o sedición y que fue el Tribunal Supremo el que rechazó que se produjera la extradición en esos términos.
La declaración por parte del Tribunal Supremo de Carles Puigdemont como “rebelde” choca frontalmente con el artículo 24 de la Constitución que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva “sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Del ejercicio del derecho a la defensa en los términos previstos en la Constitución y en la regulación europea de la orden de detención y entrega no puede derivarse nunca una declaración de rebeldía.
Por esta razón es por la que considero que, tras la proclamación como candidato electo de Carles Puigdemont en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el único órgano judicial español que puede entender de su conducta.
Jurídicamente, Carles Puigdemont ha tenido una ejecutoria intachable desde que decidió “salir libremente” de España en diciembre de 2017.
Ahora bien, esa ejecutoria jurídicamente intachable ha tenido un coste muy alto para los que fueron consellers en el Govern que él presidía, para la presidenta y varios miembros de la Mesa del Parlament, para los presidentes de la ANC y Omnium Cultural y para centenares de funcionarios de diversas categorías como consecuencia del desarrollo del procés, que él dirigió.
Nunca podremos saber cómo habría actuado la justicia española si Carles Puigdemont hubiera permanecido en España y hubiera ejercido su derecho a la defensa desde aquí. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que su decisión no facilitó en lo más mínimo el ejercicio del derecho a la defensa de los demás.
Más todavía; Carles Puigdemont se ha beneficiado personalmente de que Oriol Junqueras haya estado en prisión. Carles Puigdemont ha sido miembro del Parlamento Europeo porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del acceso a la condición de diputado europeo de Oriol Junqueras. La Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo entendían que, al no haber jurado o prometido la Constitución tras haber sido proclamado candidato electo, Oriol Junqueras no podía obtener la condición de diputado europeo.
La cuestión prejudicial fue elevada fraudulentamente, ya que, en lugar de suspender el juicio y esperar la respuesta del TJUE, se puso fin al mismo con una sentencia que se dictó el mismo día que se celebró la vista ante el TJUE para debatir sobre la cuestión prejudicial.
Doy por supuesto que el lector sabe que el TJUE decidió que la condición de diputado se alcanza con la proclamación de candidato electo y que no puede impedirse el acceso mediante la exigencia de requisitos adicionales como la del juramento o promesa de la Constitución. Tal exigencia choca contra la esencia de la democracia como forma política.
Oriol Junqueras no pudo beneficiarse de la decisión del TJUE, ya que el Tribunal Supremo informó al TJUE que acataba su decisión y que la aplicaría en el futuro, pero que en este caso ya no era posible.
Pero Carles Puigdemont, además de Comín y Ponsatí, sí se beneficiaron de la decisión del TJUE y adquirieron la condición de diputados europeos con efectos retroactivos desde el día en que fueron proclamados candidatos electos. Fue la estancia en la cárcel de Oriol Junqueras la que posibilitó el acceso de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo.
De ahí que me haya parecido miserable, creo que es la palabra apropiada, que Carles Puigdemont haga responsable a ERC de que, con la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, convierta “en una posibilidad real de aquí a muy pocos días” su propia detención.
ERC ha pagado un precio altísimo por la decisión, jurídicamente intachable repito, de Carles Puigdemont de salir libremente de España. Y lo ha pagado sin reproche de ningún tipo respecto a su persona. Un mínimo de dignidad debería conducir a que Carles Puigdemont no dijera lo que, en ningún caso, tiene legitimidad para decir.