El fiscal del ‘caso Faisán’ cita a medio centenar de policías a declarar en la vista oral
El fiscal del ‘caso Faisán’ ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales la comparecencia de 130 testigos para que declaren en la vista oral. Medio centenar son policías entre los que figuran los miembros del equipo que investigó el ‘chivatazo’ a ETA, todos los agentes que intervinieron en la operación frustrada contra la red de extorsión de la banda y los mandos de los servicios de información de San Sebastián, entre otros. Llama la atención que entre los testigos propuestos no figure el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, superior jerárquico de los dos procesados, los comisarios Enrique Pamies y José María Ballesteros. García Hidalgo fue imputado en su día como presunto responsable político del chivatazo, aunque posteriormente fue exculpado.
Las conclusiones del fiscal proponen también como testigos a los titulares de 67 teléfonos móviles que el 4 de mayo de 2006 efectuaron llamadas en el tramo horario en que se produjo el chivatazo recogidas en el repetidor que da cobertura a la zona donde se encuentra el Bar Faisán. El equipo policial que llevó a cabo la investigación rastreó 1.962 llamadas que filtró hasta dejarlas en 68, e interrogó a todos sus titulares, descartando la relación de 67 de ellos con los hechos. La llamada restante la realizó el inspector José María Ballesteros desde su teléfono particular al del comisario Enrique Pamies, jefe superior de Policía en el País Vasco. Otros cuatro testigos son los integrantes de la red de extorsión que operaba a través del bar Faisán, entre ellos su propietario, Joseba Elosúa Urbieta, su mujer, Avelina Llanos, su hijo, Joseba Elosúa Llanos, y José Carmelo Luquin.
Carlos Bautista dice en su escrito que con la filtración se pretendía, fundamentalmente, evitar la detención de Gorka Aguirre, dirigente del PNV, que días antes había entregado a la red de extorsión que operaba a través del Bar Faisán el importe de la extorsión a un empresario del partido que había acudido a él pidiéndole ayuda. El día en que iba a llevar a cabo la operación José Luis Rodríguez Zapatero recibía en La Moncloa a Josu Jon Imaz, entonces presidente de los peneuvistas, para expresarle el apoyo de su partido al proceso de diálogo abierto con ETA.
Su relato de hechos coincide con el de los policías que investigaron la filtración y el del juez Pablo Ruz en su auto de procesamiento, con la única salvedad de que estima que los procesados incurrieron en un delito de revelación de secretos, por el que pide dos años de prisión para Pamies y uno para Ballesteros, y alternativamente cinco años de reclusión por un delito de colaboración con organización terrorista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional era contraria a acusar a los procesados de este delito y fue el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien impuso que dicha imputación figurara en las conclusiones. Su decisión ha colocado en una difícil situación a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, obligado a apoyar a los policías por el cargo que ostenta, pese a que su partido utilizó el caso cuando estaba en la oposición para acusar al Gobierno del PSOE de negociar con ETA y traicionar a las víctimas del terrorismo. Una campaña que lideró, curiosamente, el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Carlos Bautista relata que tras meses de escuchas, vigilancias y seguimientos, el 3 de mayo de 2006 tuvo lugar un encuentro entre Joseba Elosúa y Ramón Sagarzazu, por un lado, y Gorka Aguirre (ya fallecido) por otro, en la que éste iba a entregar nueve millones de pesetas de la extorsión a un empresario del PNV. Dicho dinero iba a ser recogido al día siguiente en el bar Faisán por Cau Aldanur, un ‘recaudador’ de ETA, que se desplazaría desde Francia. Ese era el momento elegido para practicar las detenciones y desmantelar la red, pero una llamada alertó a Elosúa de la operación, que resultó frustrada. El fiscal sostiene que la llamada la hizo el policía José María Ballesteros desde su teléfono al de Enrique Pamies y acto seguido se lo pasó al propietario de el Faisán, que fue advertido por el jefe superior de Policía del País Vasco del dispositivo montado en torno a su establecimiento. La operación contra la red se llevó finalmente a cabo el 22 de junio de 2006, siendo detenidos todos los integrantes de la red, pero no se encontró ninguna carta de extorsión ni los 9 millones de pesetas del pago antes citado.
Tras las conclusiones del fiscal, el resto de partes personadas presentarán las suyas y, acto seguido, se fijará una fecha para la vista oral.
