En las elecciones generales del 23 de julio, la ciudadanía con su voto salvó la continuidad del Gobierno de progreso, pero no garantizó la gobernabilidad. Durante este año se ha hecho muy evidente. Ayer, especialmente, en un Pleno del Congreso en el que a los votos del PP y Vox se unieron los de Junts para bloquear la reforma de la ley de extranjería y al nuevo techo de gasto aprobado por el gobierno.
Hay quien imputa las dificultades al continuum de elecciones celebradas durante este año. Me temo que la cosa es un poco más profunda y complicada. El factor determinante es, una vez más, la enrevesada situación en Catalunya y su impacto en la política española.
No es nada nuevo, forma parte de nuestra historia democrática. El nacionalismo catalán y, aunque en menor medida, también el vasco han jugado en España el papel que en otros países han ejercido los partidos bisagra. Siempre que han podido han condicionado la gobernabilidad.
Pero el procés lo ha complicado todo. Una cosa era negociar con una CIU hegemónica en el mundo nacionalista y otra hacerlo con dos fuerzas, ERC y los neo convergentes, en una pugna insomne entre ellos. Esta situación complica brutalmente las cosas a sus interlocutores. Lo comprobamos con las negociaciones de la ley de amnistía y ahora con la investidura.
No me atrevo a vaticinar qué puede pasar en el futuro inmediato. No es nada fácil. Para intentar entender lo que sucede hay que usar técnicas casi detectivescas. Evitar las aparentes evidencias y hurgar en las zonas umbrías, donde suelen estar los datos determinantes. Para interpretar la actuación de los actores políticos resulta imprescindible descodificar los mensajes que lanzan para consumo mediático, y sortear las pistas falsas que van dejando en el camino.
Sobre todo, conviene huir de las interpretaciones facilonas, de esas que no aguantan un telediario. La necesidad de los medios de tener noticias a cada minuto, persiguiendo insaciablemente la audiencia, tampoco ayuda. Por eso se agradece la labor de los buenos profesionales de la comunicación hurgando en las zonas más oscuras, al tiempo que se protegen y nos defienden de los omniscientes tertulianos y opinadores que siempre saben lo que va a pasar y lo explican con vehemencia. Eso sí, luego se olvidan de evaluar a posteriori sus predicciones.
Creo –aunque nunca se sabe– que al final habrá investidura de Salvador Illa. Ofrecí mi análisis y argumentos el pasado 24 de junio. Las cosas parecen evolucionar en este sentido. El tono de las portavoces de ERC ha cambiado, los gestos favorables al acuerdo también. La sucesión de reuniones entre el Gobierno español y el catalán en funciones para desbloquear temas pendientes apunta de que hay agua en la piscina y permite ser optimistas.
La prueba definitiva de que las negociaciones de investidura van por buen camino la dio ayer Junts con su voto contrario a la reforma de la normativa de extranjería y al nuevo techo de gasto. Lo de menos era el contenido de las normas sometidas a votación, lo importante para Junts era marcar territorio ante el protagonismo de ERC y lanzar una advertencia y amenaza al Gobierno de coalición.
En relación con la investidura, váyanse preparando para un tobogán de noticias aparentemente contradictorias en los próximos días. La liturgia de este tipo de negociaciones anticipa que se van a producir momentos de pre-ruptura y, aunque Marta Rovira exija plazos imperativos, me temo que la cosa va a durar algo más. Entre otras cosas porque los negociadores, especialmente ERC, necesitan escenificar ante los suyos más dificultades de las que ya de por sí existen, que son muchas.
Además, la consulta a la militancia de ERC no permite estar seguros de nada. La situación interna de los republicanos es tan enrevesada –cada día con un escándalo nuevo– que puede pasar cualquier cosa. La presión por tierra, mar y aire que van a recibir las bases de ERC de la galaxia “Ítaca” va a ser brutal. Aunque creo que al final, en el voto de su militancia van a prevalecer dos factores emocionales, el instinto de supervivencia frente al abismo de nuevas elecciones y el sentimiento de rencor, cercano al odio, respecto a Junts.
Lo que van a hacer los neo convergentes si Illa es investido presidente de la Generalitat creo que nadie lo sabe. Es posible que a estas alturas ni ellos. En su interior hay diversas almas, entre otras razones por las diferentes situaciones personales de sus dirigentes. Los que, en este contexto, se pueden sentir amortizados por la historia igual tienen la tentación de destrozarlo todo. Los que creen que ha llegado la oportunidad de rehacer el proyecto convergente, no sin antes dejar maltrechos a ERC, no romperán todas las cartas y querrán seguir jugando.
En todo caso, aunque Junts se mantenga en el terreno de la política y no caiga en los cantos de sirena que le están lanzando desde la Brunete mediática para que apoye una moción de censura del Partido Popular contra Pedro Sánchez, todo apunta que esta legislatura va a continuar siendo muy compleja e inestable.
Aunque tampoco daría nada por seguro. Ni tan siquiera que el voto en contra del nuevo techo de gasto presuponga un bloqueo a los presupuestos del 2025. Cabe la posibilidad de que Junts, después de la investidura de Illa, opte por hacerse sentir y quiera recuperar protagonismo en la elaboración de los PGE, exigiendo concesiones con las que alimentar su imaginario de una fuerza que solo responde a los intereses de Catalunya -lo que ellos entienden por eso, claro.
Lo que sí parece seguro es que los siete votos de Junts condicionan mucho la actividad legislativa. De entrada, arrastra hacia posiciones más derechistas las políticas públicas. Aunque durante el procés se creó el espejismo de que Junts era una fuerza progresista, la realidad apunta a todo lo contrario. Quedan muy lejos las veleidades socialcristianas de algunos sectores de Unió y las poses de socialdemócrata nórdico que nos vendía el primer Jordi Pujol.
Junts está mucho más a la derecha que CIU y en algunos aspectos su ideario es muy reaccionario. Por ejemplo, en materia de inmigración. El clima general del país y de Europa y la aparición de Alianza catalana constituyen un incentivo para que afloren las actitudes xenófobas que siempre han existido en CIU, pero que convivían con otras claramente progresistas.
El programa del Gobierno de coalición está muy condicionado en su vertiente legislativa por la aritmética parlamentaria. Aprobar la reforma laboral no fue fácil, pero ahora en cualquier norma de calado, las posiciones conservadoras de Junts pueden jugar al bloqueo. Con el PNV en una discreta, pero siempre activa, posición para ver qué saca de lo “suyo”. Se está haciendo muy evidente con la reducción de la jornada máxima legal. La CEOE negocia con esta carta en su mano.
Quizás por eso el sindicalismo confederal ha anunciado que no va a dejarlo todo en manos de la lógica parlamentaria. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para septiembre, al tiempo que han hecho una clara apuesta por la concertación social. A sabiendas de que este puede ser el camino más lento, incluso insatisfactorio, pero el más seguro y el único que puede facilitar la aprobación de la reducción de la jornada máxima legal
Estos días proliferan llamamientos de buena fe, cargados de voluntarismo, exigiendo al gobierno que avance en el cumplimiento del programa de coalición, como si la actual correlación de fuerzas parlamentarias no existiera.
Ante ello, me atrevo a plantear –con la tranquilidad de no ser quien lo tiene que hacer viable– algunas sugerencias para que esta no sea una legislatura perdida en términos de políticas sociales. De entrada, conviene insistir en normas de gran impacto social para las personas, como la anunciada nueva regulación del despido en casos de personas en situación de incapacidad permanente total, acabando con la automaticidad del despido en estos casos, lo que provoca grandes injusticias.
El Gobierno deberá también exprimir al máximo la potencialidad de normas que solo requieran la aprobación del Ejecutivo. Hay más margen del que parece y los acuerdos de los últimos consejos de ministros lo confirman. Algunos con medidas de gran trascendencia, como la oferta de empleo público, aunque el ruido impida atender su impacto.
Junts y el PNV no pueden ser la coartada para devaluar los compromisos asumidos en el programa de gobierno. En la actual correlación de fuerzas parlamentarias, hay políticas, como las referidas al derecho a la vivienda, que solo saldrán adelante si van acompañadas de procesos de movilización social. Como siempre, por cierto.
Mi percepción es que esta legislatura continuará siendo muy difícil en términos de producción legislativa, pero ni de lejos está acabada o perdida. Esta es la imagen que quieren fijar las derechas políticas y mediáticas, con la inestimable ayuda de algunos jueces y magistrados que han decidido utilizar sin límites ni controles el poder que han recibido de la ciudadanía. En estos tiempos tan gaseosos, casi nada dura mucho. Igual, antes de que se publique este artículo, la vida ya lo ha desmentido. Si es así, les prometo dejar constancia de ello y de mi error en el análisis.