El acoso al fiscal general del Estado

El artículo publicado por elDiario.es bajo el título 'El bulo de Miguel Ángel Rodríguez, la última bala contra el fiscal general' describe con precisión la campaña de desprestigio que la derecha política y sus seguidores en las Carreras Judicial y Fiscal, y en el CGPJ, llevan contra Álvaro García Ortiz y, por extensión, contra la institución de la Fiscalía General del Estado.

Lo que narra el citado artículo no es otra cosa que parte del ataque que la derecha política lleva contra el Gobierno de izquierdas desde que éste ganó la moción de censura y las siguientes investiduras tras los procesos electorales que se han sucedido. En definitiva, la no aceptación de sus derrotas parlamentarias y la no aceptación de la legalidad del Gobierno legítimamente constituido.

Solo es necesario observar el comportamiento que desde dentro y desde fuera del ámbito de la administración de justicia se ha tenido con los dos fiscales generales que ha designado el Gobierno progresista de coalición. Tanto Dolores Delgado como Álvaro García han sufrido un acoso desde el momento de su toma de posesión: se ha considerado ilegítima su designación y han sufrido toda clase de zancadillas en esa batalla jurídica y política, como acertadamente la califica el artículo citado, siempre con el objetivo de poner en jaque al Gobierno y evitar que el fiscal general lleve a cabo una interpretación de la actuación del Ministerio Fiscal en la defensa del interés público y la promoción del interés social. No es la interpretación que gusta a la derecha, porque altera el orden social y político que le interesa mantener desde los poderes del Estado.

Porque esta es la cuestión de fondo: la política de un Ministerio Fiscal comprometido con los derechos del ciudadano, de un modo que no gusta ni interesa a la derecha. Los cambios no son fáciles de hacer. Necesitan tiempo. Para impedirlos, se ponen toda clase de obstáculos orgánicos o procesales, llegando al extremo de presentar querellas y denuncias contra la actuación del fiscal general en el ámbito institucional e incluso personal y de dirigir a este zafios insultos como los que ha proferido un maleducado fiscal del Supremo muy conocido en la Carrera. En esa clave se entienden los sucesivos recursos contra los nombramientos de los fiscales que han de dirigir las áreas de actuación de la fiscalía y que han de componer la Junta de Fiscales de Sala, porque estos nombramientos pretenden marcar una actuación en defensa del interés público y del interés social que no comparten la oposición política o aquellos que, dentro de la fiscalía, participan de la misma oposición. Esto es así: quieren mandar los de siempre y como siempre.

Es muy difícil intentar cambiar las cosas, aunque se haga con prudencia, con sensatez y, sobre todo, con el amparo de la legitimidad que se deriva de su designación para gobernar una institución constitucional tan importante como es el Ministerio Fiscal. Y a la dificultad que esto supone, se une la oposición, que, utilizando todos los medios posibles en los propios espacios del ámbito institucional, y trasladando éstos a la prensa afín y a la propia administración de justicia, pretenden amedrentar y cercenar la legítima actuación de gobierno y de dirección del Ministerio Fiscal que corresponde al fiscal general; y, de paso, contribuir, en lo que se pueda, a la caída del Gobierno legítimo de la nación.

Pese a todo esto, a la dureza de los ataques y a las trabas que se pretenden poner, muchos confiamos en el fiscal general, en la fortaleza que le da su legitimidad y los valores que contiene su actuación. Y confiamos en la Justicia, que en sus más altas instancias deberá resolver algunas de estas cuestiones ante las que se encuentra en este momento el fiscal general del Estado.