Las dos almas de la Guardia Civil

A lo largo de la historia del siglo XX y en el XXI hasta nuestros días, dentro de la Guardia Civil han convivido dos almas, en relación a su funcionamiento interno, su carácter de cuerpo militar o civil, la posibilidad o no de sindicar a sus miembros y el grado de independencia y lealtad respecto a los poderes del estado.

La Guardia Civil, al igual que el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no fue ajena al proceso constitucional, que pretendía liquidar los aparatos del estado franquista en un proceso de reforma, evitando cualquier intento de depuración interna de los miembros destacados de la represión sistemática para aniquilar cualquier vestigio de la legalidad republicana y a la resistencia a la dictadura.

En el proceso de reforma, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron evolucionando hacia modelos democráticos, en el marco de un modelo policial descentralizado pero con duplicidad de funciones. En ese proceso democratizador, fue determinante la presión de las personas de los distintos cuerpos para conseguir su derecho a la sindicación.

En el caso de la Guardia Civil, una de sus almas, la más partidaria de su carácter militar, se negaba a permitir ese derecho de sindicación. Es de dominio público que esa posición la mantenían fundamentalmente, con algunas excepciones, los altos mandos (Generales, Coroneles, Tenientes Coroneles y Comandantes) frente a algunos mandos intermedios, suboficiales, cabos y guardias que reclamaban la posibilidad de sindicación.

Uno de sus cabos, Manuel Rosa, reclamó desde 1986 la posibilidad de asociarse internamente, para defender sus derechos, lo que le valió más de 22 expedientes disciplinarios y la cárcel. Pero esa reclamación fue ganando fuerza entre los mandos intermedios y en 1994 se fundaba la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC).

La constitución de la Asociación contribuyó a desarrollar y ampliar el alma democrática de la Guardia Civil y sus más de 30.000 afiliados son una realidad presente en su Consejo Colegiado, regulador de los derechos y deberes de sus miembros.

Como tal Asociación, comparecieron en mayo de 1998 ante la subcomisión del Congreso de los Diputados, creada al efecto para debatir el modelo policial español, donde expusieron su visión para avanzar hacia un modelo desmilitarizado, federal y plenamente democrático en su funcionamiento interno.

En ese empeño, en 2014, tras conocerse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contraria a la prohibición absoluta de la existencia de sindicatos en el Ejército francés por ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Asociación solicitó al Ministerio de Trabajo su inscripción como sindicato de Guardias Civiles.

Esas dos almas llegaron a expresarse con total dramatismo en momentos históricos que convulsionaron la vida democrática de España. Los más sobresalientes, el golpe militar del 18 de julio contra el gobierno legítimo de la II República y el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

En ambos casos, las dos almas de la Guardia Civil tomaron posición. La democrática, en el caso del golpe del 18 de julio, contribuyó a impedir en Madrid, Barcelona o Valencia el triunfo de los golpistas y en otras zonas se sumó al golpe sedicioso. La lealtad para con el Gobierno de una buena parte de la Guardia Civil supuso en la mayoría de los casos la persecución, ejecución o depuración por parte de los facciosos una vez ganada la guerra civil. Uno de los ejemplos del martirio heroico de esa lealtad fue la del general Antonio Escobar Huerta, en 1936 coronel de la Guardia Civil al frente de su 19ª comandancia de Barcelona, fusilado en 1940 acusado por auxilio a la rebelión precisamente por haber impedido con su lealtad el triunfo de la rebelión fascista en Barcelona.

El intento de golpe del 23 de febrero expresaba con rotundidad hasta qué punto el alma no democrática de la Guardia Civil estaba dispuesta a contribuir, junto a los sectores más reaccionarios de la sociedad, a impedir el libre desarrollo de las libertades y de la democracia conseguida en 1977.

Esas experiencias dramáticas pusieron en evidencia hasta dónde pudieron llegar esas dos visiones de lo que debe ser y representar la Guardia Civil en cuanto a su funcionamiento interno y el grado de su independencia y lealtad para con el gobierno.

Afortunadamente, al día de hoy sería impensable que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, como las Fuerzas Armadas, pudieran adoptar actitudes de insubordinación frente al poder legalmente establecido. No obstante, sus miembros no son personas sin criterio y aisladas de la realidad social, y precisamente por ello, toda vez que en la sociedad, se ha consolidado una posición de ultraderecha con representación institucional favorable a una involución en los valores constitucionales de libertad, derechos y democracia social, esa posición ciertamente minoritaria, también se expresará en algunos miembros de las Fuerzas Armadas o entre las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del estado, incluida la Guardia Civil.

Sin lugar a dudas, en el affaire del coronel Diego Pérez de los Cobos, subyace el intento, por parte del alma no democrática de la Guardia Civil, de convertir el asunto administrativo en un pulso al gobierno legítimo y con él, contribuir junto a la derecha y ultraderecha a desestabilizar o dificultar el normal desarrollo de la acción del gobierno.

Afortunadamente, el impulso democrático de la Guardia Civil impuesto desde abajo por el movimiento asociativo es una garantía que ayuda a neutralizar los intentos de algunos mandos de utilizar al Cuerpo contra el gobierno.

Corresponderá al poder ejecutivo impedir que en el seno de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado pudieran cristalizar posiciones organizadas contrarias al mandato constitucional que se le otorga a esas fuerzas subordinadas al Gobierno.