La fecha lo dice todo. La nueva Ordenanza de Movilidad se ha aprobado un 20 de agosto contra el criterio del conjunto de las organizaciones sociales, ecologistas y que luchan por una movilidad sostenible. También lo hace contra la oposición progresista e, incluso, contra los informes técnicos de la Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica, que ya dejaban bien claro que con esta estrategia no se cumplirá ni de lejos con los compromisos de Madrid en materia de reducción de la contaminación.
La política de movilidad de Almeida en el gobierno es la continuación de la que ejercía en la oposición por otros medios: propuestas de los años ochenta para los problemas del siglo XXI. Sigue siendo el mismo cochófilo que cuando ejercía de portavoz de Aguirre. Ahora desde la alcaldía se limita a hacer lo mínimo para intentar evitar sanciones e intentar cubrirlo con retórica y marketing (llegando al ridículo lamentable de aquel Madrid Green Capital) que permita diferenciarse del negacionismo duro de Vox y dar a lo que queda de Ciudadanos una cierta salida digna en esta materia.
Un negacionismo blando, que ya no niega directamente el calentamiento global, pero que no da ningún paso para combatirlo y que se permite retroceder en políticas que ya se quedaban cortas ante una emergencia climática mundial como la que vivimos.
Un breve resumen de la política de movilidad de Almeida tras dos años en el gobierno: ha revertido peatonalizaciones y carriles bici (Galileo y Gran Vía de Hortaleza, por ejemplo), ha puesto en marcha un enloquecido plan de macroaparcamientos (incluyendo uno en el Parque del Retiro) que ha tenido que frenar ante la oposición vecinal, y ha destinado la práctica totalidad de la nueva inversión en movilidad al gasto en infraestructuras para el coche. El servicio de BiciMAD está hundido, su municipalización y ampliación, bloqueada. Más allá de la propuesta de Más Madrid para desmontar el scalextric de Vallecas, no se le conoce a este alcalde ningún proyecto nuevo de mejora en movilidad ni en cuidado de la salud y el medio ambiente. La apuesta de Ayuso y Almeida por un nuevo boom urbanístico solo puede empeorar las cosas.
En políticas de movilidad, todo lo que no es un avance es un retroceso. Y esta ordenanza lo es. No amplía Madrid Central ni crea nuevas zonas de bajas emisiones digna de tal nombre en otros distritos: obligar a los coches a rodear la Plaza Elíptica para apartar el humo de la estación de medición de contaminación que se encuentra en su centro no lo es. Al contrario, va a permitir que entren más coches al centro (50.000 desplazamiento en coche más al día, un 40% más), prohíbe a las bicis aparcar en la acera y deja las restricciones a los vehículos más contaminantes para 2025. Nadie entendería que en 2021 se aprobara una ley más permisiva con el tabaco en espacios públicos o con el alcohol al volante que las que hay. Esto es lo que plantea Almeida, que ha aprobado una Ordenanza crucial en pleno mes de agosto, en plenas vacaciones, sumando así una chapuza más a su política estival, cuyas consecuencias para la salud y el medio ambiente pueden no tener vuelta atrás.
La de Almeida es una legislatura perdida en materia de movilidad, cuando la urgencia para combatir el cambio climático es mayor y cuando las principales capitales del mundo han aprovechado la pandemia para acelerar la transformación de su movilidad. En Europa nadie entiende lo que pasa en Madrid, como demuestra la caída de nada menos que ocho puestos, del 8 al 16, en el ranking de calidad de vida de las ciudades. Mucho menos cuando somos la ciudad que más muertes tiene cada año por la contaminación que producen los coches.
El Plan A de Calidad del Aire, Madrid Central y la Ordenanza de Movilidad, impulsadas por Inés Sabanés, fueron pasos valientes y muy importantes para iniciar un largo camino hacia una ciudad más verde y una movilidad más sostenible. Nunca fueron pensados como un punto de llegada. Ahora no tendríamos que estar hablando sobre si mantener o no Madrid Central, deberíamos estar debatiendo sobre cómo ampliarlo hasta los límites de la M-30 y cómo crear nuevas zonas de bajas emisiones en distritos exteriores a la M-30. Deberíamos estar viendo ya en funcionamiento los primeros tramos de la M-35 para autobuses de alta capacidad que dejamos licitados y deberíamos estar ejecutando una red ciclista segura de carriles bici que cubriera la ciudad.
Ahora que el consenso científico es total y que la gran mayoría de las capitales manejan una agenda de transformación común, Almeida y Ayuso pretenden volver a los 90: ampliación de Barajas, Juegos Olímpicos o vuelta al boom del ladrillo a través de una nueva Ley del Suelo y de la puesta en marcha de la Estrategia del Sureste, un área del tamaño de la ciudad de Barcelona que volverá a construirse de forma desordenada, con falta de equipamientos y con un diseño que va a generar una necesidad masiva de uso del coche.
Como es lógico, Más Madrid no va a avalar la política de movilidad más reaccionaria de Europa. Votaremos que no a la ordenanza, seguiremos desarrollando propuestas solventes de transformación en cada Pleno y construiremos, junto con lo más dinámico de nuestra sociedad civil, una gran propuesta de modernización de la ciudad. Almeida sacará adelante esta pésima ordenanza con lo peor de la vieja política: ha creado un Grupo Mixto ilegal a sabiendas, contra la Ley de Bases de Régimen Local, contra el Reglamento del Pleno, el Pacto Antitransfuguismo, y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a quien su gobierno pidió opinión y estableció tajantemente que no había lugar para dicho grupo mixto. Este grupo mixto ilegal se crea porque Almeida necesita cuatro votos para aprobar la ordenanza, ni más ni menos. Se ganará en los tribunales, sin duda. Pero el daño hecho a la salud de los vecinos de Madrid y a la modernización de la movilidad será irreparable.