Ni amnistía fiscal, ni mirar a otro lado
Estos días hemos conocido la existencia de una serie de cuentas en Panamá con las que, personas que debían tributar en España, han ocultado en fondos opacos su dinero.
Hace unos años se publicó la llamada 'Lista Falciani' en la que se hicieron públicos datos de evasores fiscales. Hervé Falciani, informático de HSBC, dio a conocer la lista y en ella figuraban muchos defraudadores españoles. Las organizaciones tributarias de Estados Unidos, Francia o Reino Unido, aprovecharon las listas para iniciar procedimientos judiciales contra sus defraudadores.
En España, sin embargo, la Agencia Tributaria Española no comenzó a investigar sobre los supuestos defraudadores para exigirles su puesta al día y multas, como hubiera sido la actuación correcta prevista en el ordenamiento jurídico, sino que les dio un plazo para regularizar su situación.
Es decir, les avisó de que, quien quisiera, podría regularizar voluntariamente su situación, como si se tratase de discrepancias en una declaración. En lugar de abrir un expediente de investigación, sobre cada uno de los sujetos implicados, se les permitió que declarasen su ocultación, evitando las grandes multas y los delitos fiscales.
Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal, quiere reclamar responsabilidad al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas o, en su caso, al responsable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que se inicien inspecciones sobre cada una de las personas y entidades detectadas, y no se les dé un trato de favor, privilegiándoles sobre el resto de la población.
En la actualidad, son muy elevadas las diferencias de ingresos y gastos públicos para llegar a la suficiencia fiscal. A las cifras de recortes llevadas a cabo en los últimos y el notable incremento de los pagos de intereses de la deuda, ahora hay que añadir que el actual Gobierno no ha reducido lo suficiente el déficit y aumentado la reducción significativa del Fondo de la Seguridad Social, por lo que se vuelven a agravar las dificultades para mantener un estado de bienestar que garantice los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Ante el alto nivel de fraude fiscal y social, es imprescindible que el próximo gobierno elabore una Ley contra la Evasión y la Elusión Fiscal, y que la Hacienda pública investigue a todos los grandes defraudadores que, con su actuación, van en contra del bienestar de la población española, obligándonos a los contribuyentes a pagar más impuestos o recibir menos prestaciones públicas.
*La Plataforma por la justicia fiscal está integrada por Alianza Española contra la Pobreza, ATTAC España, CCOO, UGT, USO, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), EAPN España, Economistas sin Fronteras, Federación de ONGD de Comunidad de Madrid (FONGDCAM), GESTHA, InspirAction, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan y Salud por Derecho.
