Asesinan a José Couso por enésima y última vez

Han vuelto a asesinar a José Couso, 21 años y 3 meses después de su muerte. No ha sido la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que rematan al reportero gallego de Telecinco, aunque esta sí ha sido la definitiva. Antes ya lo hicieron, con diferente grado de responsabilidad, ensañamiento y crueldad: Estados Unidos, el Gobierno de Aznar, la Fiscalía, los Ejecutivos de Zapatero y de Rajoy, el Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, el Tribunal Constitucional, el Reino Unido y el Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Esta vez, el ejecutor ha sido el llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La resolución dictada este jueves por esa corte supone, paradójicamente, un flagrante atropello de los derechos humanos, una oda a la impunidad y una muestra más del doble rasero que impera en las relaciones internacionales. Si no es de “los nuestros”: críticas, persecución judicial, sanciones y reivindicación de la “libertad”, la “justicia” y los “derechos humanos”. Si es aliado: carta blanca para matar y violar la legislación internacional.

La resolución del TEDH rechaza el recurso presentado por la familia de Couso y cierra definitivamente el caso con dos argumentos principales: el primero limita la posibilidad de perseguir judicialmente a genocidas y criminales de guerra; el segundo insulta a la víctima y a su familia falsificando la realidad. Para entender lo que ha hecho este tribunal debemos viajar a 2014. Ese año, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa con la investigación del caso. Ha recopilado multitud de pruebas, ha tomado declaración a varios testigos y ha viajado a Bagdad para confirmar in situ sus sospechas. Con todo ello sostiene que hay indicios más que suficientes de que la muerte de Couso fue un crimen de guerra, ha imputado a tres militares estadounidenses y mantiene activas órdenes de búsqueda y captura contra ellos.

En ese momento, harto de los problemas con Estados Unidos que le generaba este tema, Mariano Rajoy decidió cambiar la ley. Durante los 11 años anteriores, ni a él ni a la vicepresidenta de Zapatero, Mª Teresa Fernández de la Vega, ni a Aznar les había valido con utilizar a la Fiscalía para intentar abortar el proceso. Rajoy, con su mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, acabó de un plumazo con la llamada Justicia Universal. Ya que no había logrado doblegar al juez Pedraz con amenazas y presiones, le cambió la ley en la que se apoyaba para investigar el asesinato de Couso. El magistrado, aun así, se negó a cerrar el caso amparándose en que la legislación internacional prevalece sobre la nacional. Pocos meses después, el Tribunal Supremo le quitó la razón. 

Pedraz no tuvo otro remedio que archivar el caso, pero lo hizo dejando constancia de lo ocurrido. En el auto en el que formalizó esa decisión, insistió en que la muerte de Couso fue un crimen de guerra. Afirmó que el delito “quedará impune, aunque existan múltiples esfuerzos y recomendaciones para perseguirlo”. Advirtió, además, del marco de impunidad que se creaba con el cambio legal: “Ante crímenes contra periodistas, cooperantes o personas españolas consideradas como población civil, ni la Fiscalía ni los familiares de las víctimas podrán instar la apertura de diligencias en España para perseguir a los culpables”.

Una resolución al más puro estilo Peinado

De no ser por la extensión y la profusa argumentación jurídica, parecería que el Tribunal Europeo ha copiado el estilo de resolución inconsistente, arbitraria e incoherente del que, hoy por hoy, es el juez más famoso España. A pesar de que, como hemos visto, no hubo juicio contra los asesinos de Couso porque se cambió torticeramente la ley, el TEDH considera que no se ha vulnerado el derecho de la familia de la víctima a tener un juicio justo. La corte añade como argumento el hecho de que entre 2003 y 2015 se desplegaran “esfuerzos considerables” para determinar la responsabilidad de los autores de su muerte, obviando que al “esforzado” juez le acabaran cortando las alas y sus “considerables esfuerzos” no sirvieron para nada. El TEDH culmina esta parte de la resolución aduciendo que, en cualquier caso, no habría podido celebrarse un juicio porque Estados Unidos no habría entregado a los tres militares imputados. Entendemos, pues, que ese sólido argumento se utilizará, a partir de ahora, con los políticos, oficiales y soldados rusos acusados de crímenes de guerra. ¿Para qué perseguirles si Putin no los va a extraditar?

El otro alarde de coherencia en la resolución del TEDH es que legitima la reforma legal de Rajoy que impide a los tribunales españoles investigar crímenes de guerra como el de Couso y, al mismo tiempo, afirma que su fallo “no pone en duda el amplio consenso internacional” que “alienta” a los estados a dotar de competencias sus tribunales para amparar a las “victimas de crímenes internacionales”. La evidente contradicción la justifica afirmando que, pese a lo anterior, “no parece descabellado que un Estado que establece la jurisdicción universal condicione su ejercicio a distintos factores de conexión o vínculos jurisdiccionales con ese Estado”. Extravagante argumento, sobre todo si tenemos en cuenta que en la reforma legal de Rajoy no hay excepciones ni por “factores de conexión” ni por “vínculos”.  

Los hechos que no quieren que recordemos

El tiempo suele conducir al olvido y facilita la tergiversación de los hechos. En estos 21 años, la familia, amigos y compañeros de Couso han tenido que escuchar todo tipo de falacias con las que muchos políticos y demasiados periodistas han intentado blanquear lo ocurrido. Por ello, y no sé si por última vez, recuerdo punto por punto lo que sucedió aquel 8 de abril de 2003. Yo estaba allí. No fue un error, no ocurrió porque “la guerra es un lugar peligroso”. Fue un crimen de guerra premeditado en el que la víctima fue la verdad, la libertad de expresión y la prensa.

1.- El blindado estadounidense que disparó sobre el Hotel Palestina llevaba horas inmóvil, en un puente sobre el río Tigris. Centenares de periodistas le grabábamos, sin escondernos, a pecho descubierto, desde decenas de balcones del hotel. Horas en las que sus ocupantes nos estuvieron observando y pudieron confirmar que, tal y como sabían hasta en el último puesto de mando norteamericano, el Palestina era el centro de la prensa internacional. Desde ese hotel, cada hora, el Pentágono, la Casa Blanca y cualquier ciudadano veían a un ejército, sí, pero de corresponsales informando en directo.

2.- Ese ataque no fue el único que se perpetró esa mañana contra la prensa internacional. Los blindados estadounidenses ya habían disparado contra las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi TV, asesinando a un periodista e hiriendo a otros tres.

3.- Como buen mentiroso, el Ejército de Estados Unidos cambió de versión según se iban desmintiendo las anteriores. Empezó alegando que había recibido “fuego hostil” desde la base del hotel. Al haberse producido el impacto en la planta 15 del edificio, muy pronto tuvo que corregir el relato: quienes dispararon lo hicieron desde la azotea. 

Cuando los centenares de periodistas alojados en el Palestina desmentimos, unánimemente, esa versión, el ejército de EEUU se inventó su última tesis: la del “oteador”. En uno de los balcones, un combatiente iraquí con prismáticos estaba “delatando” la posición de sus tanques. Una teoría que rozaba el ridículo porque esos blindados eran visibles, a simple vista, desde varios kilómetros a la redonda.

Los otros “asesinatos” de José Couso

1.- Años 2003 y 2004, responsable: Gobierno de José María Aznar.

El Ejecutivo utilizó a la Fiscalía para intentar evitar que la investigación judicial arrancase. El fiscal ni siquiera estuvo presente en la declaración de los testigos directos del crimen. Aznar y su gobierno aceptaron las falsas y escuetas explicaciones de Estados Unidos, se pusieron del lado de los verdugos y despreciaron a la familia de la víctima.

2.- Años 2004-2011, responsable: Gobierno de Zapatero.

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y otros miembros del ejecutivo se comprometieron ante el embajador de EEUU a trabajar para que el procedimiento judicial naufragara. Tal y como se reveló gracias a las filtraciones de Wikileaks, de la Vega llegó a informar al diplomático norteamericano de alguno de los pasos que pensaba dar la fiscalía para oponerse a los autos del juez Pedraz.

3.- Años 2011-2014, responsable: Gobierno de Mariano Rajoy.

El regreso del Partido Popular a la Moncloa intensificó el trabajo de la Fiscalía para abortar la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional. Ante la falta de resultados, en 2014 Mariano Rajoy cambió la ley para forzar a Pedraz a cerrar el caso. El juez se negó, alegando que la legislación internacional prima sobre la nacional.

4.- Año 2015. Responsable: Tribunal Supremo.

El 22 de abril el Tribunal Supremo archivó definitivamente las dos causas abiertas contra dirigentes chinos por crímenes de lesa humanidad. Los magistrados dictaminaron que debía aplicarse la reforma legal de Rajoy, ignorando los recursos que apelaban a la prevalencia de las leyes internacionales. El auto sentó jurisprudencia, acabó definitivamente con la Justicia Universal y Pedraz tuvo que archivar el caso Couso.

5.- Años 2018-2019. Responsable: Gobierno de Pedro Sánchez.

El gobierno socialista surgido de la moción de censura a Mariano Rajoy incumplió su promesa de restaurar la Justicia Universal. Nada más llegar al poder, el ejecutivo de Pedro Sánchez encargó a una comisión de expertos un informe para corregir la reforma realizada por Mariano Rajoy. Los expertos presentaron sus propuestas y el gobierno las enterró en un cajón.

6.- Año 2019. Responsable: Tribunal Constitucional.

En el mes de junio, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por la familia de Couso. En su fallo, los magistrados afirmaban que la reforma legal de Rajoy no era lesiva para los derechos fundamentales de los recurrentes.

7.- Año 2020-2023. Responsable: Gobierno PSOE-Podemos.

En los más de tres años que permaneció en el poder, la coalición progresista no cumplió su promesa electoral de restaurar la Justicia Universal.

En marzo de 2020 el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia Nacional que, por dejación de funciones, condenaba al Estado a indemnizar a la viuda de Couso. El Supremo acabó rechazando el recurso.

8.- Años 2019-2024. Responsable: Reino Unido.

El Gobierno británico se personó como parte en el procedimiento abierto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según los abogados que defendían el recurso de la familia, las presiones de Londres sobre la corte han sido constantes e intensas.

9.- Años 2023-2024. Responsable: Gobierno PSOE-Sumar.

En este año de legislatura el gobierno de coalición sigue incumpliendo su promesa de recuperar la Justicia Universal. La única iniciativa en este sentido se ha concretado fuera del Consejo de Ministros y Ministras. Sumar presentó en el Congreso, el pasado mes de febrero, una proposición de ley para recuperar la Justicia Universal que fue aceptada a trámite. Aunque se encuentra en fase de tramitación, no parece haber mucho interés ni ninguna urgencia por avanzar hacia su aprobación definitiva.