Desde que el pasado enero con el temporal Filomena la electricidad batiera récords históricos hemos sido testigos de continuas subidas de la factura, acentuándose especialmente durante las últimas semanas. La justificación recurrente es que nos encontramos ante una especie de “tormenta perfecta”: la acumulación de una serie de factores como la alta demanda, el precio de las emisiones de COâ‚‚ y el funcionamiento del mercado, entre otros, ha provocado esta espiral de subidas.
Sin embargo, esta “tormenta perfecta” en ningún momento debe servir para ocultar problemas de raíz del mercado eléctrico español. Un sistema donde tres grandes empresas multinacionales dominan la práctica totalidad del mercado, provocando un funcionamiento más propio del oligopolio que del libre mercado competitivo que quieren aparentar. Unas empresas que, pese a que la demanda de energía ha caído en el último año, han logrado mayores beneficios superando los 6.000 millones de euros. Si la energía fuera realmente considerada un bien básico de primera necesidad, y no un bien de mercado, este nivel de ganancias no tendría cabida. Un sector que además está repleto de puertas giratorias colocando a expresidentes y ministros como Aznar o Soria, que ha sido multado reiteradamente por manipular el precio de la luz o que está siendo objeto de especulación por parte de fondos radicados en paraísos fiscales.
Desde Unidas Podemos venimos insistiendo desde hace tiempo a los socios de gobierno en la necesidad de tomar medidas valientes que afronten la raíz del problema. Unas medidas que tengan como objetivo proteger a los consumidores y garantizar que la electricidad sea tratada como un bien básico de primera necesidad. En nuestra formación tenemos propuestas tanto a nivel estatal como autonómico, y las que son de nuestra competencia las ejecutamos tal como estamos haciendo desde el Govern de las Illes Balears donde llevamos la política energética del archipiélago.
Nada más comenzar la legislatura pusimos en marcha el Instituto Balear de la Energía (IBE), la empresa pública de energía prevista en nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El IBE es el brazo ejecutor del Govern para proyectos de energías renovables y se convertirá el año que viene en la primera comercializadora pública, a nivel autonómico, del Estado. Y antes de que acabe este año entrarán en funcionamiento los primeros proyectos de autoconsumos compartidos impulsados por el Govern que suministrarán energía a precio de coste, verde y de kilómetro cero a familias vulnerables y PYMEs. Con la llegada de los fondos europeos, para 2022 tenemos previsto pasar de 6 proyectos a 35, llegando así a cada vez más pueblos y barrios de las islas, permitiendo así abaratar la factura a los más vulnerables. Además, el IBE impulsa todos los proyectos en espacios urbanos sin la necesidad de consumir terreno rústico en un territorio finito y limitado como son nuestras islas.
Desde Balears avanzamos así hacia una descentralización de la generación de electricidad, porque precisamente la concentración en pocas manos es una de las raíces del problema. Impulsamos e incentivamos la entrada de nuevos productores de energía, democratizando así su generación y estableciendo unos requisitos a los proyectos para que cada vez más personas a modo particular y pequeños inversores locales formen parte de esta transición energética. Porque esta transición no puede dejarse en manos de las grandes empresas, sino que tiene que ser socialmente justa, inclusiva y participativa. Para garantizar que así sea es necesario una empresa pública de energía. A nivel autonómico ya la estamos poniendo en marcha y queremos que esta experiencia sirva de ejemplo para ser replicada en otros territorios y a nivel estatal.
En la próxima década el Estado recuperará una treintena de centrales hidroeléctricas cuya concesión finaliza a lo largo de estos años. Esta sería una gran oportunidad para que pasaran a ser gestionadas por una empresa pública estatal de energía, una tendencia además que está muy arraigada a lo largo de diferentes países como Francia, Suecia o incluso EE. UU. Una empresa, que junto a reformas sustanciales del mercado eléctrico, contribuyera a bajar el precio de la electricidad y luchara contra la pobreza energética de los colectivos más vulnerables.
En 2015 Rajoy impuso el impuesto al sol, dificultando el desarrollo de proyectos de renovables y del autoconsumo. Tan solo 6 años después, la transición energética es hoy uno de los pilares de la reconstrucción y la diversificación económica. La apuesta por las energías renovables es la mejor herramienta para bajar el precio de la electricidad, pero tenemos que ser vigilantes y garantizar que se haga de una manera justa, inclusiva y participativa, con el objetivo que esta vez sí la energía sea considerada un bien de primera necesidad. Por esta razón, es más necesaria que nunca una empresa pública estatal de energía, una herramienta que nos permitirá la participación del Estado en la producción de un bien básico como es la electricidad. Desde las Illes Balears tenemos un papel fundamental en este cambio, pero es necesario que vaya acompañado de medidas estatales para mejorar conjuntamente el bienestar de la ciudadanía y garantizar su acceso a una energía cada vez más verde a un precio asequible.