Europa ha empezado a girar. Una vez demostrado que la austeridad por sí sola no ha sido capaz de resolver los problemas económicos, sino que al contrario ha provocado grandes injusticias y desigualdad, este gran trasatlántico ha emprendido un cambio rumbo.
Cambios que se empezaron a notar en el arranque de esta nueva legislatura, con un Parlamento Europeo más fuerte, capaz de imponer su mayoría a la Comisión Europea. El primer éxito se lo anotó la Eurocámara cuando conseguimos incluir nuestras condiciones en el Fondo Europeo de Inversiones estratégicas, conocido como Plan Juncker. Logramos un aumento del presupuesto, impedimos el recorte en programas destinados a investigación y desarrollo y reforzamos el sello de garantía juvenil. Es insuficiente, lo sabemos, por eso seguimos peleando para sacarle mayor rendimiento y para que se convierta en una auténtica herramienta para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la Unión Europea.
Y el signo más reciente de ese cambio lo tenemos en la Directiva integral contra la elusión fiscal que ha presentado recientemente el comisario socialista Pierre Moscovici, un paso muy importante en la larga marcha contra esta lacra y los paraísos fiscales en el mundo.
Ahora son más los socialdemócratas que se sientan en el Consejo europeo, y se nota. Suenan más alto las voces que reclaman el fin de la austeridad, un marco de salarios mínimos, una renta mínima europea que haga frente a los más de 120 millones de europeos que viven en riesgo de exclusión social o la flexibilización del cumplimiento del déficit y la deuda pública.
Propuestas prioritarias en la agenda de la socialdemocracia europea que también forman parte del Programa para un gobierno progresista y reformista con el que el Partido Socialista está tejiendo posibles alianzas para formar gobierno y devolver a nuestro país a la senda del crecimiento y la justicia social.
La necesidad de dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de los refugiados, impulsar una política común europea de asilo e inmigración o impulsar un plan renovado de derechos humanos son algunas de las medidas que nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, está proponiendo al resto de fuerzas políticas.
Estamos convencidos de que España debe involucrarse decididamente en la gobernanza mundial, dar lo mejor de sí misma en materia de cooperación y solidaridad para superar los desafíos que tenemos en el tablero internacional, no solo como país sino como Estado miembro de la Unión Europea. Por eso ofrecemos nuestro apoyo a los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria y a la coalición global contra el Daesh.
Aquellas propuestas que defendemos para España también las llevaremos al corazón de Europa, porque entendemos que lo que es bueno para nuestro país también lo es para el conjunto de la UE; me refiero, por ejemplo, a la democratización de las instituciones. Para ello proponemos medidas tan concretas como mejorar los controles a los responsables de la UE, que el presidente del BCE comparezca en el Parlamento Europeo en el momento de su elección y que los comisarios rindan cuenta en los parlamentos nacionales.
Son solo algunas de las medidas que recogemos en nuestro programa para ese gobierno progresista y reformista que queremos echar a andar. Un punto de partida en el que la UE no solo está presente sino que es parte esencial.
Como reza en el documento con el que estamos trabajando, nuestras medidas están encaminadas a construir una UE más democrática, comprometida con los derechos humanos, el crecimiento económico y la lucha contra las desigualdades.