Carlos Jiménez Villarejo, miembro del grupo impulsor de Podemos
Xavier Marín, miembro del Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya
Francisco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista de España
La crisis territorial que se vive en España afecta a Catalunya y amenaza con extenderse al conjunto del país así como a varios países europeos. Los principales impulsores de esta dinámica son los partidos nacionalistas conservadores que, aliados con sectores que se denominan progresistas procedentes de las clases medias nacionalistas, llevan preparando desde hace décadas un proceso de ruptura cultural y política con el resto de España. La corrupción generalizada de los gobiernos nacionalistas, unida al desclasamiento de una parte del pequeño empresariado catalán tras la crisis de 2008, explica la elección del año 2012 para poner en marcha dicho proceso de ruptura. Su objetivo es lograr unilateralmente la independencia aun contando solo con el apoyo de menos de la mitad de la población de Catalunya y gracias, en parte, al uso masivo de recursos del Gobierno autónomo en propaganda partidista.
Desde el comienzo de la transición democrática sectores importantes de las izquierdas españolas han mantenido una posición ambigua en el tema nacional, lo cual les ha llevado a adoptar una actitud seguidista a medida que el problema se ha ido agudizando y el neoliberalismo las ha ido colocando en una posición defensiva. La explicación es compleja pero en el núcleo está la convicción, que mantienen no pocos progresistas, de que la apuesta nacionalista va a favorecer una agenda progresista y democrática en España y, por extensión, también en Europa.
Sin embargo, una parte significativa de las izquierdas españolas, que va desde la socialdemocracia hasta sectores de inspiración anarquista pasando por personas de tradición comunista, republicana y socialista de izquierdas, pensamos que este planteamiento está radicalmente equivocado. La principal razón es que el llamado “problema nacional” no afecta a regiones pobres explotadas por la metrópoli o sin derechos políticos propios, sino a las regiones más ricas de España que gozan de un elevado grado de autogobierno y que quieren desentenderse de los territorios menos desarrollados del país de la misma forma que los países ricos de la Unión Europea están cancelando las políticas de solidaridad con los países del sur de Europa.
Las clases medias con elevado capital cultural son las que están en el núcleo del proyecto nacionalista, pero en ningún caso las clases más desfavorecidas residentes en Catalunya que se oponen radicalmente a él por razones políticas, económicas, culturales y familiares. Esto está llevando a una sustitución de la “cuestión social” por la “cuestión nacional” en la agenda política, a una erosión de los ideales de solidaridad con los sectores más desfavorecidos por los que siempre han luchado las izquierdas, al desarrollo de un pensamiento competitivo entre territorios y culturas, y a una dinámica de irracionalismo etnolingüístico similar a lo que está sucediendo en otros países de Europa. Pensamos que sería un grave error seguir banalizando la situación creada, pues puede debilitar a largo plazo los objetivos que han venido defendiendo las izquierdas y personas progresistas y humanistas en general desde la segunda mitad del siglo XIX: la agenda nacional no va favorecer a la agenda social y solidaria sino que la va a frenar o incluso bloquear.
La Generalitat, que cuenta con un presupuesto de 30.000 millones de euros, viene estando gobernada por partidos nacionalistas desde hace tres décadas gracias a un sistema electoral que favorece la sobrerrepresentación del voto rural-conservador. A través de los medios de comunicación públicos, ejerce un férreo control sobre la opinión pública catalana desarrollando un discurso victimista profundamente falso que ha conseguido calar en algunos sectores de las izquierdas españolas y europeas. Con el fin de contrarrestar esta especie de pensamiento único todos los progresistas españoles están llamados a establecer contacto directo con grupos políticos, medios de comunicación, sindicatos y organizaciones sociales españolas y europeas con el fin de transmitirles una información más completa y objetiva sobre lo que está pasando en Catalunya.