Más de un siglo de industrialización y desarrollo económico basado en combustibles fósiles ha ido degradando progresivamente nuestro medio ambiente de muchas maneras, siendo una de ellas convertir en irrespirable el aire de las ciudades. Se trata de un grave problema de salud, reconocido por la OMS, que requiere soluciones políticas de forma inmediata. El 54% de la población mundial vive en ciudades. En Europa, la cifra aumenta al 75%, y en EEUU al 82%. Entre los múltiples problemas que estos niveles de aglomeración humana provocan, la movilidad es uno de los más importantes.
La necesidad de desplazarse de forma cómoda y rápida, unido al rápido desarrollo del capitalismo y el culto a la propiedad y los bienes materiales, tienen como consecuencia una cifra espectacular de vehículos privados, la mayoría de ellos con motores de combustión. Esto provoca uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad urbana: la contaminación atmosférica.
En efecto, la calidad del aire en las grandes ciudades es tan mala y el riesgo para la salud es tan elevado que la Comisión Europea, reconociendo los avances realizados por los ayuntamientos del cambio, ha dado ya un ultimátum a ciudades como Madrid y Barcelona bajo amenaza de sanción. Las cifras oficiales de muertes por enfermedades cardiovasculares o respiratorias empequeñecen a las de muertes por accidente de tráfico, pero por razones inexplicables no tienen un efecto directo sobre la mentalidad de la ciudadanía o las administraciones.
En España, las ciudades del cambio han iniciado políticas para avanzar en una movilidad sostenible. Por primera vez las dos mayores urbes del Estado han implantado medidas de restricción de tráfico, al modo en que lo hacen otras grandes ciudades europeas. Redoblan las apuestas para reducir el número total de coches, empezando por los de diesel, así como aumentar el uso del transporte público y eléctrico, de vehículos no contaminantes como la bicicleta o el uso compartido del coche (alimentado por fuentes renovables). La pacificación o directamente peatonalización de calles es otro mecanismo común.
El objetivo es claro, reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire. Y en las ciudades eso solo puede hacerse disminuyendo el número de vehículos en general y de combustión en particular. Retirar vehículos privados de las calles supone además tener la posibilidad de recuperar espacio público para uso y disfrute de la ciudadanía. Poder pasear en un ambiente agradable o que los niños tengan espacio para jugar debería ser una prioridad para cualquier ciudad moderna que aspire a altos estándares de calidad de vida.
Pero la capacidad de las ciudades para luchar contra la contaminación es limitada. En España por ejemplo, las competencias de transporte son estatales, y los puertos y aeropuertos son gestionados por consorcios donde los consistorios son sólo un actor más. En este contexto se hace indispensable que desde la UE se actúe de forma más contundente y coherente con la vista puesta en la salud y el bienestar de la ciudadanía, dejando en un segundo plano los criterios de crecimiento económico y los intereses de las grandes corporaciones automovilísticas y aeronáuticas. Primero, al igual que lo está haciendo la Comisión Europea al demandar varios países por incumplimiento de las normas, es necesario una aplicación estricta de la legislación existente sobre contaminación atmosférica.
Al mismo tiempo, esta acción enérgica no cuadra con las rebajas y regalos realizados a los lobbys automovilísticos y a sus Estados Miembros que los protegen (véase Alemania con Volkswagen) para que puedan seguir contaminando más. Aún más después del escándalo del Dieselgate, es urgente que la Comisión Europea termine con su doble discurso de cal y arena. Junto con el Parlamento Europeo y las ciudades del cambio, es hora de legislar a favor de la ciudadanía y no de los intereses corporativos y nacionales, y para ello es esencial mejorar las normas sobre emisiones de contaminantes (Directiva 2016/2284) y de vehículos (Euro 6).
Pero sobre todo, impulsemos un verdadero cambio social y económico donde quién contamina (y engaña) paga, quién es virtuoso gana; donde acompañamos con una transición justa a las personas trabajadoras de los sectores contaminantes como el sector automóvil hacia sectores verdes y donde nuestras ciudades apuestan por un urbanismo participativo y sostenible. Es decir, construyamos unas ciudades donde nuestros modos de vida, de producción y de consumo riman con salud y aire sano.