“Todos los gobiernos son de coalición, de todos los ministros contra el de Economía”. Estas fueron las palabras que el canciller Helmuth Kohl le dijo a su homónimo español, Felipe González, en una reunión en la que el político alemán le recomendaba apoyar siempre al responsable de esa cartera ministerial. El presidente Sánchez parece haber tomado buena nota de esa sugerencia si nos atenemos a los cambios de gobierno que llevó a cabo el pasado mes de julio cuando —en un probable aviso a navegantes— nombró a Nadia Calviño, a la par ministra de Economía, vicepresidenta primera del Gobierno. El presidente presentía —probablemente de manera acertada— que la economía iba a ser, como casi siempre, el asunto más importante de los próximos meses y sobre los que probablemente van a pivotar sus aspiraciones electorales.
Así, en el plano estrictamente nacional, los próximos meses van a venir marcados por las negociaciones para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado que el presidente del Gobierno se ha comprometido a realizar antes de que finalice el año. Esto implica tener que negociar con sus socios parlamentarios, empezando por el acuerdo entre los dos partidos en el Gobierno.
Unidas Podemos ya ha adelantado que pondrá encima de la mesa ciertas cuestiones que considera prioritarias como la reforma fiscal, la derogación de la reforma laboral del anterior Gobierno del PP, la subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación de una ley de la vivienda que regule el alquiler. Sin olvidar, claro está, la reforma del mercado eléctrico. Una serie de medidas con un impacto económico directo en el bolsillo de los españoles —las expectativas electorales del Gobierno pasan por la mejora económica que personalmente perciban los ciudadanos—, pero que pueden chocar con las pretensiones de algunos agentes sociales (patronal, empresas energéticas…); con las de la Comisión Europea (siempre atenta a cómo se gestionan los fondos y a qué se dedican); y con las de la propia ministra de Economía.
De momento, la negociación sobre el aumento del SMI parece haber caído del lado de Unidas Podemos: aunque faltan algunos flecos, el Gobierno ya ha propuesto subir este año el salario mínimo un máximo de 19 euros, hasta los 969 euros.
Las negociaciones con el resto de socios de investidura que probablemente van a gozar de mayor repercusión son las que impliquen a los partidos catalanes. La semana del 13 de septiembre está prevista la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern. Aunque el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dijo a comienzos del mes de julio que el voto de su partido a los PGE no iba a estar ligado a esta mesa de negociación —la economía será la gran protagonista— parece difícil que temas como el procés o un futuro referéndum sobre la independencia de Cataluña no formen parte del diálogo —aunque solo sea como medida de presión en las negociaciones—.
Una última clave para este otoño-invierno es la relacionada con la renovación de los órganos constitucionales: el Tribunal de Cuentas, las vacantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración RTVE y el Consejo General del Poder Judicial. La falta de confianza en el Ejecutivo de Sánchez es el motivo aludido por el PP para no llegar a acuerdos con el Gobierno. Pero lo cierto es que el PP parece sentirse cómodo en la confrontación permanente con el Gobierno, sobre todo ahora que la mayoría de encuestas le sitúan como primera fuerza política en el conjunto de España y con la posibilidad de sumar junto a las otras fuerzas políticas de la derecha más de los 175 escaños necesarios para alcanzar el Gobierno. Pero la película electoral aún no ha comenzado y en política confundir un fotograma con el final de la película puede ser un error fatal.
En el contexto internacional caben destacar dos acontecimientos que, sin duda, afectarán también a la política española: la crisis afgana y las elecciones federales alemanas del próximo 26 de septiembre.
La entrada de los talibanes en Kabul y su control del Gobierno afgano han provocado una inmediata petición masiva de asilo de ciudadanos afganos en territorio europeo, incluyendo a nuestro país. Una gestión que en el caso del Gobierno español ha sido bien evaluada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pero sobre la que todavía no hay datos de encuestas que permitan saber cómo la han valorado los españoles.
Este acontecimiento, sumado a la devolución a su país de más de 700 marroquíes (entre ellos, algunos menores) acordada por el Gobierno de España y el de Marruecos, han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión migratoria. Un debate que podría alargarse en los próximos meses si la situación política en Afganistán deriva en una crisis migratoria.
De ser así, es decir, si la migración se sitúa en el centro de la agenda política y mediática, habrá que prestar atención a dos cuestiones. Una, las posibles fricciones que la gestión de este tema pueda generar entre los dos socios de Gobierno. PSOE y Unidas Podemos han manifestado diferentes puntos de vista sobre cómo se ha resuelto la crisis de Ceuta y, en general, sobre la política de devolución de las personas que entran irregularmente en nuestro país.
Dos, el discurso que sobre la cuestión migratoria mantendrá el PP como principal partido de la oposición y cómo los populares resolverán su competición programática y electoral con Vox en este tema: ¿adoptarán los populares posturas más moderadas en línea con los partidos conservadores y liberales de la Unión Europea, o su competencia interbloque con Vox le llevará a posiciones más extremas y alineadas con las corrientes más ultras e iliberales de algunos países europeos?
Por otro lado, en las elecciones federales de finales de septiembre, Alemania —y por tanto Europa— afronta un cambio de liderazgo en un momento trascendental para la recuperación económica europea tras las secuelas de la pandemia de la COVID-19. Tras 16 años en el cargo, Angela Merkel ya no será la candidata de la CDU a la cancillería alemana. Su sustituto, Armin Laschet, no cuenta con el apoyo electoral de su predecesora, según la mayoría de encuestas publicadas en las últimas semanas. De hecho, los últimos datos apuntan al SPD, liderado por Olaf Scholz, como primera fuerza política. Hoy por hoy los sondeos estiman hasta cinco posibles coaliciones viables en las que los socialdemócratas podrían formar parte de cuatro de ellas. Un cambio de liderazgo en el corazón de Europa que, por afinidad política e ideológica, podría beneficiar al Gobierno de España.
En todo caso, la combinación de crisis migratoria y salida de la crisis económica —la prioridad para los ciudadanos de los países europeos parece ser la distribución de los recursos económicos del paquete económico de estímulo que suponen los fondos de la NextGenerationUE— conforman un clima propicio para que los partidos de la extrema derecha europeos lancen proclamas de tinte marcadamente nacionalista (el “nosotros primero”) como reclamo electoral. Atentos a las posibles consecuencias electorales —en Alemania y en el resto de Europa— de estos dos hechos.