Los estados europeos se comprometieron, en 2015, a dar una respuesta a la crisis que se estaba viviendo en Grecia, Italia y Hungría, donde decenas de miles de personas llegaban huyendo del horror de la guerra de Siria, de la grave situación que se vivía en Afganistán o de la falta de esperanza que había en muchos otros lugares del mundo. Hace cinco años, Europa se comprometía a acoger a 160.000 personas refugiadas y, a su vez, el Estado español aceptaba recibir a 17.300 de esta cuota europea de reubicación y reasentamiento.
La realidad nos ha situado muy lejos de esta cifra inicial, una cantidad que, recordémoslo, resolvía solo una parte muy pequeña del problema, dado que la cifra total de desplazados a causa de la guerra y la pobreza es mucho más elevada. En septiembre de 2017, una vez expirado el plazo que se dio a los estados, se habían acogido solo a 44.300 personas, el 27% del total que se había fijado la Comisión Europea. En el caso de España, el porcentaje se reducía al 11,4%. El compromiso con el refugio, pues, no se ha materializado ni en España ni en el conjunto de Europa. De hecho, para este 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez habla del reasentamiento de 1.200 personas procedentes de campos de refugiados, una cifra del todo insuficiente.
La credibilidad democrática del proyecto europeo y de los estados que la integran está muy ligada a las imágenes que seguimos viendo de los campos de refugiados, como el de Moria. El incendio que la semana pasada arrasó prácticamente todo el campo (un espacio preparado para 3.000 personas y que acogía a más de 13.000) ha situado de nuevo el foco en las condiciones inhumanas de este tipo de equipamientos. Se trata de campos donde falta la esperanza o la humanidad, diseñados con el único propósito de contener personas que buscan una vida mejor. Moria no puede ser el reflejo de una Europa que sigue sin reaccionar ante la crisis humanitaria que no se detiene.
Pero el caso de Moria también debe activar a Europa, porque refleja la vulnerabilidad dentro de la propia vulnerabilidad. Más de 400 menores sin padres necesitan refugio urgente y, en este sentido, algunos estados europeos han empezado a coordinarse para hacer frente a la respuesta. El Gobierno de Catalunya se ha ofrecido a acoger a un mínimo de 100 personas refugiadas y a 20 menores emigrados solos que se encuentran actualmente en la isla. Queremos ser parte activa de la respuesta, y no rehuir la responsabilidad que también tenemos en la cuestión. Moria nos implica a todos, y eludir responsabilidades no debería ser una opción.
Al mismo tiempo, como Gobierno, reclamamos al Ejecutivo español que se ofrezca a la Unión Europea y al Gobierno griego para participar en la reubicación de estas personas, y le volvemos a exigir que dé cumplimiento a las diferentes sentencias judiciales que determinan que las competencias de acogida de refugiados corresponden a la Generalitat. La política de asilo es definitoria en la democracia de un país, y debe entenderse como una forma de defender las libertades más allá de las propias fronteras. Cataluña ha protagonizado la manifestación más grande de Europa diciendo que “Queremos acoger”. Ahora necesitamos las herramientas y los recursos para hacerlo posible.
Pero a los argumentos fundamentales, los de carácter humanitario y democrático, debe añadirse uno de estratégico y de construcción europea. La participación del Estado español en una operación de acogida conjunta en las islas griegas debería impulsar, con hechos, mecanismos automáticos de acogida y responsabilidades compartidas entre los países de la Unión. ¿Existe otro país más interesado que el Estado español en establecer un precedente de este tipo? ¿No ayudaría a legitimar, ante los ojos de la ciudadanía, el proceso de construcción europea? Desde este punto de vista, la no colaboración de facto que, de momento, está llevando a cabo el Estado español nos parece de una miopía sorprendente.
La respuesta a la crisis de refugiados será un reflejo del cumplimiento o del incumplimiento de la idea de los padres fundadores de Europa, que entendían el proyecto comunitario como un espacio de defensa de las libertades y los derechos fundamentales. Catalunya está plenamente comprometida con la vida y la dignidad humana, y lo ha demostrado en los últimos años. Ahora es necesario que este compromiso sea extensivo también al resto de los países.